Ofensiva contra el "autofraude": BancoEstado y Fiscalía se unen para perseguir penalmente a estafadores
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Los fraudes electrónicos son cada vez más masivos en Chile; es por ello que diferentes entidades han desplegado esfuerzos para combatirlos e informar a las personas para que no caigan en estas dinámicas.
Sin embargo, en el último tiempo, uno de los que más se ha repetido, según comentan desde la banca, son los “autofraudes”. El método antes mencionado consiste en que las personas realizan compras, transferencias o giros en sus tarjetas que luego desconocen para que los distintos bancos tengan que restituir los montos gastados.
En esa línea, se vivió un giro estratégico para frenar el millonario impacto de esta mala práctica: el presidente de BancoEstado, Mario Farren, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sellaron la creación de una mesa intersectorial contra el fraude transaccional. Esta instancia conjunta entre la institución bancaria y el Ministerio Público tendrá como foco perseguir penalmente a quienes simulen ser víctimas para obtener devoluciones de dinero de forma fraudulenta, abusando así de las garantías que otorga la Ley N° 20.009 (Ley de Fraudes).
Ir a la siguiente notaEn la cita, BancoEstado puso sobre la mesa el seguimiento a la querella masiva que presentó en 2024, la cual agrupa a más de 7.000 casos que repiten un mismo patrón delictivo.
El vacío legal que disparó los engaños
La preocupación de la banca apunta directamente a las modificaciones que sufrió la normativa en 2020. Actualmente, la ley obliga a las instituciones financieras a restituir los fondos desconocidos por el usuario, sin mayores trámites, hasta un límite de UF 35 en un plazo de 10 a 15 días.
Según datos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), este diseño provocó que la tasa de fraudes en Chile sea hoy tres veces mayor que antes de la reforma, y 6,5 veces superior a la registrada en la Unión Europea.
Frente a este escenario, el gremio bancario ha emplazado al mundo político a realizar cambios urgentes a la ley. Entre sus propuestas destaca la rebaja del tope de devolución automática de 35 UF a 15 UF para desincentivar el mal uso de la norma, exigir un estándar probatorio de culpa grave o dolo, y crear una instancia alternativa que evite sobrecargar a los Juzgados de Policía Local.
Tras la ruta del dinero y el crimen organizado
El objetivo de esta inédita coordinación con la Fiscalía es agilizar las investigaciones para identificar las redes detrás de estos patrones masivos, configurar delitos de asociación ilícita o lavado de activos, y reconstruir los flujos financieros. “Es nuestra responsabilidad tomar todas las acciones que estén a nuestro alcance para contribuir a la persecución de estos delitos que dañan la confianza pública”, argumentó Mario Farren.
Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, respaldó la ofensiva señalando que la alianza permitirá seguir de forma más rápida la ruta del dinero. “El intercambio de información y la colaboración técnica son herramientas fundamentales para llevar ante la justicia a quienes buscan afectar la fe pública y el patrimonio de las personas”, concluyó el jefe del Ministerio Público.
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