Contraloría instruye a ministros de Kast: test de drogas obligatorio, declaración de patrimonio y prescindencia política
¿Qué pasó?
La Contraloría General de la República emitió el pasado 27 de marzo un nuevo instructivo dirigido a todas las ministras y ministros de Estado del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
A través del documento IN14/2026, el organismo encabezado por Dorothy Pérez recordó que las autoridades deben actuar con apego a la legalidad, privilegiar el interés público por sobre el particular y mantener una conducta intachable en el ejercicio del cargo.
Conflictos de interés y deber de abstención
Uno de los puntos centrales del instructivo es el deber de abstención: los ministros no deben intervenir en decisiones cuando existan conflictos de interés, incluso si estos son solo potenciales.
Ir a la siguiente notaEl documento advierte además que la reiteración de estas situaciones podría afectar el correcto ejercicio del cargo e incluso generar observaciones al acto de designación de la autoridad involucrada.
Declaración de intereses y patrimonio
El documento también fija obligaciones respecto a la Declaración de Intereses y Patrimonio. En ese punto, se establece que esta debe presentarse dentro de los 30 días desde la asunción y actualizarse anualmente durante marzo.
Desde el organismo se recalca que se fiscalizará “la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones”, advirtiendo que el incumplimiento puede derivar en multas e incluso en la destitución del cargo en casos graves o reiterados.
Administración de bienes
En materia patrimonial, se instruye que las autoridades deberán delegar la administración de sus inversiones o enajenar bienes cuando exista riesgo de conflicto de interés.
Esto incluye la obligación de traspasar la gestión de activos financieros a terceros o vender participaciones en empresas vinculadas al Estado, como proveedoras, concesionarias o sujetas a regulación del respectivo ministerio.
Lobby, agenda pública y prescindencia política
Otro de los puntos abordados es el cumplimiento de la Ley de Lobby. Se establece la obligación de mantener actualizados los registros de agenda pública, incluyendo reuniones, audiencias, viajes oficiales y donativos, los que deberán publicarse mensualmente.
En paralelo, se refuerza la prescindencia política, prohibiendo la realización de actividades contingentes dentro de dependencias públicas o utilizando recursos del Estado.
Test de drogas y fiscalización
En la parte final del instructivo, resalta nuevas exigencias vigentes, como la obligación de someterse periódicamente a exámenes de detección de consumo de drogas, cuyos resultados deberán ser públicos.
El organismo cerró el documento señalando que todas estas disposiciones deberán ser cumplidas estrictamente, advirtiendo que su aplicación será fiscalizada conforme a sus atribuciones legales.
Leer más de
Notas relacionadas
- Contraloría detecta que más de 6 mil funcionarios públicos con licencia médica trabajaron en empresas privadas
- Funcionario municipal recibió sueldo mientras estaba en prisión: Contraloría ordenó devolver el dinero
- "Hay que preguntarles a las personas que lo publicaron": Ministro Quiroz por posteo de Estado "en quiebra"
