Contraloría detecta que más de 6 mil funcionarios públicos con licencia médica trabajaron en empresas privadas
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La Contraloría General de la República reveló un nuevo informe que evidencia irregularidades en el uso de licencias médicas dentro del sector público. La información fue entregada durante la cuenta pública de la institución, encabezada por Dorothy Pérez.
Según los antecedentes, más de 6 mil funcionarios públicos utilizaron licencias médicas para ausentarse de sus trabajos en el Estado, mientras realizaban labores en empresas privadas. Este hallazgo se suma a una serie de investigaciones que han detectado un uso indebido de estos permisos.
Investigan a más de 6 mil funcionarios públicos
Se identificaron casos en que personas justificaron su ausencia laboral en el sector público, pero igualmente trabajaron en el ámbito privado durante el mismo periodo.
Ir a la siguiente nota"Detectamos 6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado", informó.
También, se comprobó la obtención de ingresos simultáneos: "Estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. A los privados podían ir, ahí no presentaron licencia, y a los públicos sí podían aceptarse", cuestionó.
Se han instruido sumarios
El informe forma parte de un problema mayor, ya que se han detectado más de 55 mil casos de mal uso de licencias médicas. Estas irregularidades incluyen actividades incompatibles con el reposo, como viajes o trabajos paralelos.
A raíz de estas situaciones, se han instruido más de 13 mil sumarios administrativos, junto con la destitución de funcionarios y la renuncia de más de mil personas involucradas. Asimismo, se ordenó el reintegro de millonarios recursos al Estado por subsidios mal utilizados.
Finalmente, desde la Contraloría se planteó la necesidad de fortalecer las herramientas legales para sancionar estas conductas. El objetivo es evitar que funcionarios evadan responsabilidades y reforzar la fiscalización del uso de recursos públicos en Chile.
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