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Nano Calderón bajo la lupa de las autoridades judiciales: Investigan actividades de su plataforma de apuestas

¿Qué pasó?

Hernán “Nano” Calderón, hijo de Raquel Argandoña, se encuentra bajo la lupa de las autoridades judiciales y tributarias debido a las actividades vinculadas a su plataforma de apuestas denominada Casino.Nano.

Recientemente, se confirmó que el Ministerio Público ha recibido denuncias formales por parte de la Superintendencia de Casinos, organismo que califica este tipo de operaciones como una explotación ilegal de juegos de azar en el país.

La plataforma en cuestión ha mantenido su funcionamiento desde finales del año 2019, utilizando las redes sociales como principal canal de difusión. 

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A través de estas herramientas, Calderón realiza transmisiones en vivo de los sorteos y promociona la entrega de premios de alto valor económico para atraer a nuevos usuarios, operando de manera independiente a los marcos legales establecidos para el sector en Chile.

Irregularidades en pagos y fiscalización tributaria 

Uno de los puntos críticos que motivó la indagatoria son las constantes quejas de los usuarios sobre el funcionamiento del sitio. Diversas personas han reportado dificultades para concretar el retiro de sus ganancias, asegurando que no han recibido pagos millonarios tras participar en los juegos.

Asimismo, se han registrado denuncias sobre recargas de dinero que no aparecen reflejadas en las cuentas de los jugadores.

Paralelamente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) mantiene un seguimiento cercano sobre Calderón y otros influencers que participan en este mercado.

La principal preocupación de la entidad radica en la falta de documentación que respalde el pago de tributos por las rentas generadas, lo que sitúa a la plataforma en una posición de irregularidad fiscal frente a la normativa vigente.

Nexos internacionales 

La investigación en curso reveló que la empresa detrás de la plataforma está en proceso de obtener una autorización en Curazao.

Esta jurisdicción es reconocida internacionalmente por sus leyes de secreto bancario y su estatus de paraíso fiscal, lo que dificulta a los organismos chilenos conocer con exactitud el origen y el monto de los ingresos percibidos por los operadores sin una declaración voluntaria de su parte.

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