Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cumple cuatro años: Poder Judicial ordenó el pago de $3,8 billones
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
A cuatro años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el Poder Judicial entregó un balance sobre los resultados de esta herramienta, destacando que se han ordenado pagos por más de $3,8 billones a representantes legales de niños, niñas y adolescentes.
La cifra fue informada el miércoles 18 de noviembre por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien detalló que entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026 se han ordenado pagos por un total de $3.885.443.300.562.
Según explicó la autoridad, este monto equivale al 1,98% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.
Ir a la siguiente notaEl Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos fue creado mediante la Ley N° 21.389 y comenzó a funcionar el 18 de noviembre de 2022, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de pago de pensiones alimenticias.
¿Cómo se han recuperado los más de $3,8 billones en pensiones de alimentos?
De acuerdo con el balance del Poder Judicial, los pagos ordenados se han concretado mediante dos mecanismos establecidos en la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.
El primero corresponde al procedimiento especial, que permite retener recursos disponibles en cuentas bancarias o instrumentos financieros de las personas que mantienen deudas por pensiones alimenticias.
A través de esta modalidad se han ordenado pagos por $822.205.170.505, beneficiando a un total de 404.400 representantes legales.
El segundo mecanismo es el procedimiento extraordinario, que permite realizar el pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias que las personas mantienen en sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Mediante esta alternativa se han decretado órdenes de pago por $3.063.238.130.057, alcanzando a 307.734 representantes legales.
¿Cuántas personas están inscritas en el Registro Nacional de Deudores?
Otro de los datos entregados por el Poder Judicial corresponde a la cantidad de inscripciones que se han realizado desde la puesta en marcha de esta herramienta.
Entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los 141 tribunales con competencia en materia de Familia del país han ordenado un total de 728.700 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
De ese total:
- 376.644 inscripciones se encuentran vigentes.
- 352.056 inscripciones ya fueron canceladas.
Además, las estadísticas consolidadas indican que las causas que permanecen vigentes en el sistema administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación registran un monto total adeudado de $54.833.093.126 en pensiones de alimentos.
Presidenta de la Corte Suprema destacó la importancia del pago de pensiones alimenticias
En el marco del cuarto aniversario del registro, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó la importancia de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimenticias.
"El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia, pues así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas", sostuvo.
La autoridad también señaló que, si bien la legislación representa un avance, todavía es necesario adoptar nuevas medidas para garantizar los derechos fundamentales, especialmente los de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, Chevesich reconoció el trabajo realizado por los funcionarios de los tribunales de Familia y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes han debido asumir nuevas exigencias sin contar, según indicó, con todos los recursos necesarios para enfrentar esta labor.
Finalmente, destacó que los resultados obtenidos durante estos cuatro años responden al esfuerzo de quienes trabajan en el sistema judicial y que su labor tiene un impacto directo en la protección de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.
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