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Capitán del Ejército queda con arresto domiciliario: Es acusado almacenar más de mil archivos de abuso sexual infantil

¿Qué pasó?

Un capitán del Ejército quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal, luego de ser formalizado por el delito de almacenamiento de material de abuso sexual infantil en la comuna de Puerto Aysén, en la región de Aysén.

El imputado, identificado por el tribunal con las iniciales C.L.C.L., fue detenido el martes al interior del Regimiento N.º 8 Chiloé, luego de que funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) encontraran más de mil archivos de imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil en distintos soportes informáticos.

¿Cómo se descubrieron los archivos?

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la investigación comenzó en junio pasado, cuando personal especializado de la PDI detectó descargas de este tipo de material desde una dirección IP ubicada en dependencias del Regimiento N.º 8 Chiloé.

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A partir de esas diligencias, los investigadores lograron identificar el dispositivo desde el cual se realizaban las descargas, el que correspondía al utilizado por el capitán del Ejército.

Con esos antecedentes, detectives concurrieron al domicilio del imputado, ubicado al interior del recinto militar. En el lugar incautaron más de mil archivos de imágenes y videos almacenados en distintos soportes informáticos, lo que derivó en su detención.

Tribunal rechazó la prisión preventiva

Durante la audiencia de formalización realizada este miércoles, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, el magistrado Rodrigo Grez, del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, rechazó esa petición y decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal.

Según explicó el juez, las medidas cautelares establecidas resultan suficientes para garantizar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad, considerando la pena asignada al delito y la irreprochable conducta anterior del imputado. Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

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