Escándalo en Salud: detectan inoculaciones a fallecidos y pérdidas por $3.640 millones en dosis de vacunas de influenza en 2024
- Por Leslie Ayala | David Aguayo | Mega Investiga
Más de 760 mil vacunas contra la influenza, adquiridas para la campaña de inoculación de 2024, vencieron sin siquiera ser distribuidas a los centros de salud y permanecieron almacenadas en dependencias del operador logístico del Ministerio de Salud.
Así lo establece una investigación especial de la Contraloría General de la República, a la que tuvo acceso exclusivo Mega Investiga, y que cifra en $3.640.544.800 el costo fiscal asociado a las dosis que finalmente no fueron utilizadas.
Pero ese no es el único hallazgo. La fiscalización también detectó graves problemas en la trazabilidad de las vacunas, registros de inoculaciones asociados a personas fallecidas, dosis que aparecen administradas después de su vencimiento y brechas entre las vacunas compradas, distribuidas y finalmente registradas en los sistemas del Ministerio de Salud.
Ir a la siguiente notaEsta noche vea en Meganoticias Prime todos los detalles de este lapidario informe que pone en entredicho a la cartera de Salud dirigida en esa época por la ministra Ximena Aguilera y el foco de atención, en particular en la gestión de la exsubecretaria de Salud Andrea Albagli.
Uno de los antecedentes que más llamó la atención del organismo fiscalizador corresponde a 2.906.653 vacunas cuyo destino no pudo ser determinado a partir de los registros examinados: no aparecen registradas como inoculadas ni tampoco como vencidas en el Sistema de Control de Inventario (SCI).
Vacunas vencidas
La investigación se concentró en la campaña contra la influenza de 2024 y buscó establecer cómo funcionaron los mecanismos de compra, distribución, registro, pérdida por vencimiento y eliminación de las vacunas.
El hallazgo de mayor impacto económico apunta directamente a 762.326 dosis adquiridas a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur, que tuvieron un costo total de $3.640.544.800.
Según estableció la fiscalización, esas vacunas vencieron en dependencias del operador logístico sin haber sido distribuidas a los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas, desde donde debían ser enviadas a los centros asistenciales para su inoculación.
Contraloría concluyó, además, que la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado todas las alternativas disponibles para gestionar o redistribuir oportunamente esas vacunas y permitir que fueran utilizadas por la población.
El organismo decidió adoptar una de las medidas más relevantes contenidas en el documento: formular un reparo por los $3.640 millones, mecanismo mediante el cual Contraloría persigue responsabilidades por perjuicios ocasionados al patrimonio público.
La conclusión resulta particularmente relevante porque el Ministerio de Salud había explicado públicamente en mayo de 2025 que la compra adicional se produjo en medio de un escenario epidemiológico extraordinario y ante un rápido aumento de la demanda. La cartera sostuvo entonces que posteriormente exploró donar las vacunas remanentes a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero que ningún país pudo recibirlas.
La Contraloría, sin embargo, mantuvo sus cuestionamientos. De acuerdo con la investigación, las explicaciones entregadas por la autoridad no permitieron establecer cómo se determinó la población que se esperaba beneficiar con las nuevas adquisiciones, considerando que la cantidad de vacunas pasó de 7.700.000 dosis a 9.603.962 finalmente compradas.
Tampoco se acreditó que se hubieran agotado todos los mecanismos de gestión, redistribución o ajustes operativos para utilizar las vacunas antes de su vencimiento.
Casi tres millones de vacunas sin destino claro
Otro de los principales hallazgos apunta a la trazabilidad.
La investigación detectó 2.906.653 vacunas adquiridas para la campaña de 2024 respecto de las cuales no existe certeza sobre su destino, debido a que no figuran como inoculadas ni tampoco como vencidas en el SCI.
El Ministerio de Salud explicó durante la fiscalización que existen diferencias entre los dos principales sistemas utilizados para controlar las vacunas.
Mientras el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) registra nominalmente las dosis efectivamente administradas a las personas, el SCI tiene una finalidad logística y durante el período examinado todavía estaba en proceso de implementación.
Según la Subsecretaría de Salud Pública, los registros procesados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud indican que durante la campaña se administraron 8.331.823 dosis. La autoridad sostuvo que las diferencias entre ambos sistemas no permiten concluir automáticamente que las vacunas hayan sido perdidas o destinadas irregularmente.
Contraloría acogió parcialmente esa explicación y precisó que el análisis, por sí solo, no permite establecer un daño al patrimonio público, razón por la cual no formulará reparo respecto de esos casi tres millones de dosis.
Sin embargo, mantuvo la observación debido a que el Minsal no entregó antecedentes suficientes que otorgaran certeza respecto del control y trazabilidad de las vacunas.
La Subsecretaría deberá ahora entregar registros actualizados de las dosis recibidas, administradas, mermadas y sometidas a distribución inversa, además de implementar mecanismos que permitan que el RNI y el SCI funcionen de manera coordinada.
Vacunados después de muertos
Entre las inconsistencias detectadas aparece otro antecedente particularmente llamativo. Contraloría encontró 208 registros de inoculaciones a nivel nacional cuya fecha de vacunación es posterior a la de fallecimiento de la persona cuyo RUN aparece asociado, con diferencias que llegan, en algunos casos, hasta los 61 años entre ambas fechas.
De ese total, en 58 casos tanto el nombre como el RUN registrados coinciden exactamente con los datos del certificado de defunción, mientras que en los 150 restantes solo coincide el número de RUN, lo que podría corresponder a errores de digitación.
El hallazgo no implica necesariamente que se haya vacunado a una persona fallecida: parte de los casos corresponden a errores que deben ser regularizados, pero Contraloría exigió a la Subsecretaría acreditar documentalmente las fechas de fallecimiento en los 58 casos más comprometedores y corregir en el Registro Nacional de Inmunizaciones al menos 114 de los 150 casos restantes, cuya identidad aún no ha sido confirmada.
Dosis vencidas y problemas en los registros
La revisión también detectó registros de vacunas administradas después de su fecha de vencimiento, además de inconsistencias en las cantidades de dosis inoculadas y deficiencias en el control de las vacunas por lote.
Parte de estas situaciones fue aclarada durante el proceso de fiscalización. Por ejemplo, Contraloría levantó la observación respecto de 35 casos que correspondían a dosis provenientes de lotes privados.
Sin embargo, el organismo mantuvo otros cuestionamientos y ordenó distintas medidas para corregir diferencias entre los registros físicos y digitales.
Entre ellas, exigió conciliaciones entre el stock físico y aquel registrado en los sistemas, además de respaldos que permitan reconstruir los movimientos de las vacunas y evitar nuevas inconsistencias.
La meta que tampoco se cumplió
La investigación también puso bajo la lupa los resultados sanitarios de la campaña.
La meta oficial establecida por el propio Ministerio de Salud para 2024 era alcanzar una cobertura de 85% de la población objetivo, tanto a nivel nacional como en cada uno de los grupos prioritarios.
Sin embargo, Contraloría estableció que varios de ellos quedaron considerablemente por debajo.
Las personas de 60 años y más alcanzaron un 66%; las gestantes, un 72%; y la denominada “estrategia capullo”, destinada a familiares de lactantes prematuros e inmunosuprimidos menores de seis meses, llegó apenas al 64%.
También hubo regiones que no alcanzaron el objetivo: Arica y Parinacota llegó a 79%, mientras Coquimbo y Magallanes registraron 83%.
La situación configura una de las principales contradicciones que deja la investigación: mientras determinados grupos prioritarios no alcanzaron las metas fijadas por la autoridad sanitaria, cientos de miles de vacunas terminaron venciendo antes de ser distribuidas.
El Ministerio de Salud ha defendido que la campaña de 2024 permitió administrar más de 8,3 millones de dosis y que la adquisición adicional buscó garantizar vacunas suficientes ante un escenario epidemiológico excepcional.
La investigación de Contraloría, no obstante, concluye que persistieron deficiencias relevantes en la planificación, distribución, registro y trazabilidad de las dosis, y que en el caso de las 762.326 vacunas vencidas sin distribución, los antecedentes aportados por la autoridad no fueron suficientes para desvirtuar el perjuicio económico detectado.
Por esos $3.640.544.800, Contraloría anunció que formulará el correspondiente reparo.
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