Contraloría destapa falla en Aduanas: 25 contenedores sin revisión y 28 operaciones con riesgo de tráfico ilícito sin control
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
Veinticinco contenedores que habían sido seleccionados para una revisión física salieron de las zonas primarias del país sin que el Servicio Nacional de Aduanas practicara el aforo de las mercancías que transportaban.
Ese es uno de los principales y más graves hallazgos de una auditoría realizada por la Contraloría a los sistemas tecnológicos que utiliza Aduanas para seleccionar, inspeccionar y fiscalizar los productos que ingresan al territorio nacional.
El Informe Final N° 599, al que accedió Mega Investiga, examinó el funcionamiento de los sistemas de Declaración de Ingreso, Selectividad y Denuncias, Cargos y Reclamos, además de los equipos escáner utilizados para controlar las importaciones y las condiciones de ciberseguridad de la institución.
Ir a la siguiente notaEl análisis abarcó principalmente las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque en algunos hallazgos también se revisaron antecedentes correspondientes a 2025.
La auditoría expuso deficiencias que podrían comprometer el control de mercancías vinculadas con contrabando, armas, municiones, drogas, evasión aduanera y vulneraciones a la propiedad intelectual.
Entre otras situaciones, Contraloría detectó declaraciones de importación que no fueron seleccionadas para revisión pese a cumplir criterios de riesgo; fotografías de escáneres compartidas por WhatsApp desde teléfonos personales; denuncias por hallazgos de armas y municiones sin respaldo de su cadena de custodia; servidores obsoletos, y vulnerabilidades informáticas en sistemas esenciales para el control fronterizo.
Debido a la gravedad de los hechos, el organismo fiscalizador ordenó a Aduanas iniciar sumarios para establecer eventuales responsabilidades administrativas.
Los 25 contenedores que salieron sin aforo
El hallazgo central aparece consignado en el punto 4.1 del informe, titulado “Contenedores respecto de los cuales no se practicó el aforo, a pesar de haber sido previamente seleccionados por el sistema de selectividad o por revisión manual”.
El sistema de Selectividad es la plataforma que permite escoger automática o manualmente una operación aduanera para someterla a revisión documental, escáner o aforo físico, dependiendo de los riesgos detectados.
Para establecer qué ocurrió con las cargas que no fueron presentadas a revisión, Contraloría solicitó los expedientes disciplinarios tramitados durante 2024 y 2025 a raíz de incumplimientos cometidos por los almacenistas.
“Se verificó que, en 25 casos, se impuso la aplicación de multas cuyo motivo fundante fue la no presentación a aforo de contenedores que debieron haber sido examinados bajo dicho proceso”, señala el documento.
La revisión permitió confirmar que los cargamentos abandonaron los recintos aduaneros sin ser inspeccionados:
“Se determinó que 25 contenedores salieron de las zonas primarias sin que se practicara aforo de las mercancías incluidas en ellos, según fue determinado por el propio SNA, conforme a la operación del sistema de SELECTIVIDAD o tras revisión manual por el fiscalizador”, se lee en el documento.
Contraloría sostuvo que esta situación no se ajusta a la función legal de Aduanas de “vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República” y de intervenir en el tráfico internacional.
También advirtió un incumplimiento de las obligaciones de los almacenistas, quienes tienen prohibido entregar mercancías mientras no se hayan cumplido las normas e instrucciones impartidas por Aduanas.
Avisos mediante correos electrónicos
El informe vinculó la salida de estos contenedores con las debilidades del mecanismo utilizado para informar a los almacenistas que una determinada carga debía ser sometida a aforo.
La auditoría constató que las comunicaciones se realizaban mediante correos electrónicos, sin un mecanismo tecnológico integrado que bloqueara la salida del contenedor seleccionado.
Según explicó Contraloría, el riesgo de este sistema es que se produzcan descoordinaciones entre Aduanas y el almacenista al momento de agendar los aforos, lo que puede provocar “la ausencia de fiscalizaciones y, por ende, la liberación del contenedor desde la zona primaria del servicio hacia el cliente final”.
Aduanas informó que se encuentra desarrollando la segunda fase del proyecto Hermes, destinada a seleccionar contenedores y conocimientos de embarque según sus niveles de riesgo, bloquear las cargas y notificar automáticamente a los almacenistas.
Sin embargo, a noviembre de 2025 el proyecto registraba apenas un 11% de avance y su término estaba previsto para octubre de 2026.
“Dado que las acciones indicadas por el servicio no se han concretado, se mantiene lo objetado”, resolvió Contraloría.
Aduanas deberá entregar en 60 días hábiles un plan de acción con las actividades, plazos y documentos de respaldo para ejecutar la segunda etapa del proyecto.
Pero el organismo fiscalizador fue más allá y, “considerando la magnitud de los hechos detectados y la ausencia de medidas correctivas suficientes”, ordenó incorporar la salida de los 25 contenedores al procedimiento sumarial exigido en el informe.
Fotos de escáneres enviadas por WhatsApp
La fiscalización incluyó una visita realizada el 9 de julio de 2025 a la zona primaria de la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio.
En el lugar, Contraloría detectó que los dos camiones escáner disponibles no se utilizaban simultáneamente. Una unidad operaba durante el turno de la mañana y la otra en la jornada de la tarde, reduciendo el alcance potencial de las inspecciones.
También comprobó que las estaciones de trabajo instaladas en los camiones no estaban conectadas a los sistemas institucionales de Aduanas. No tenían acceso a la red interna, VPN, carpetas compartidas ni correo electrónico institucional.
Debido a esa falta de integración, los funcionarios fotografiaban con sus teléfonos personales las imágenes proyectadas en las pantallas de los escáneres y después las compartían con otros operadores.
“Los operadores toman fotografías a la pantalla del escáner como evidencia de la fiscalización de los contenedores con sus teléfonos celulares personales y desde estos dispositivos son enviadas vía aplicación de mensajería de WhatsApp a sus colegas para una evaluación grupal”, consigna el informe.
Contraloría consideró que esta práctica expone información institucional y demuestra que los equipos adquiridos para la fiscalización no están integrados con las plataformas de Aduanas.
Estas deficiencias también deberán ser investigadas mediante un procedimiento sumarial.
Mercancías de riesgo que tampoco fueron seleccionadas
La auditoría también reveló fallas en los filtros destinados a decidir qué importaciones deben ser revisadas.
Contraloría reprocesó 5.575.186 declaraciones de ingreso —conocidas como DIN— que durante 2024 no habían sido seleccionadas para ningún tipo de fiscalización.
El análisis identificó 76 declaraciones que, conforme a los criterios definidos por Aduanas, debieron ser sometidas a revisión física, documental o mediante escáner, pero no fueron marcadas por el sistema.
Entre ellas aparecen:
- 28 declaraciones asociadas al filtro de tráfico ilícito y riesgo penal.
- 25 correspondientes a importaciones de riesgo procedentes de países considerados oferentes de drogas.
- 19 vinculadas con mercancías provenientes de China y eventuales infracciones a la propiedad intelectual.
- Dos relacionadas con fuegos artificiales, armas y municiones.
- Dos pertenecientes a contribuyentes que registraban entre un 40% y un 66% de efectividad por contrabando en sus operaciones.
- Dos vinculadas con posibles mercancías no declaradas o diferentes de las declaradas inicialmente.
Contraloría explicó que 69 de las 76 declaraciones contenían inicialmente datos que no activaban los filtros de riesgo. Posteriormente fueron corregidas, pero el sistema no volvió a someterlas al proceso de Selectividad.
“Luego de la modificación de una DIN, esta no ingresa nuevamente al proceso de SELECTIVIDAD que evalúa si corresponde marcarla para revisión”, indica el documento.
Las declaraciones fueron ingresadas por despachadores dependientes de agentes de Aduanas. Cuatro agentes concentraron el 64% de los ajustes detectados en estos casos.
Aduanas sostuvo que los agentes desconocen los criterios utilizados por los filtros, por lo que las modificaciones no deben interpretarse como intentos de eludir los controles. Contraloría no atribuyó intencionalidad, pero mantuvo el reparo debido a que la plataforma permite que las declaraciones modificadas no sean nuevamente analizadas.
En los siete casos restantes, las mercancías debieron ser marcadas directamente por el sistema. Dos de ellas no fueron seleccionadas debido a errores de conexión detectados por la propia plataforma y nunca fueron reprocesadas.
Entre estas declaraciones había dos que debían ser fiscalizadas por el filtro de “fuegos artificiales, armas y municiones”.
Contraloría advirtió expresamente la gravedad de esta falencia:
“Es posible eludir la aplicación de filtros si se ingresa la información de manera inconsistente, e incluso, se advierte que el sistema comete errores en la aplicación de los filtros, que aunque son advertidos por el mismo, no son reprocesados”, sostiene la auditoría.
La situación, agregó el informe, genera “la posibilidad de que se produzca contrabando de especies, armas u otros elementos que los filtros están diseñados para detectar”.
Armas y municiones sin respaldo de cadena de custodia
Otra de las situaciones observadas afecta la trazabilidad de armas, municiones y componentes encontrados por Aduanas y posteriormente entregados a Carabineros, la PDI o la Armada.
Contraloría detectó que numerosas denuncias no tenían adjunto en el sistema DECARE el “Rótulo y Formulario Único de Cadena de Custodia”, documento que contiene el Número Único de Evidencia y permite identificar a los funcionarios que entregan y reciben las especies.
Durante 2024 se revisaron 134 denuncias, de las cuales 58 no tenían respaldo de la cadena de custodia. En 2025, de un total de 70 denuncias examinadas, 39 carecían del formulario.
En total, se trata de 97 denuncias sin el documento incorporado en el sistema.
La auditoría advirtió que esta carencia impide asegurar adecuadamente la trazabilidad documental de armas, municiones y componentes eventualmente vinculados con investigaciones penales.
Aduanas deberá formalizar un procedimiento que obligue a los fiscalizadores a ingresar los formularios con los respectivos números únicos de evidencia.
Sistemas sin trazabilidad y servidores vulnerables
El informe estableció, además, que las bases de datos de SICOMEXIN, DECARE y SELECTIVIDAD no contaban con registros suficientes para rastrear los accesos, intentos fallidos de ingreso, eliminación o modificación de información.
La ausencia de estos registros impide determinar quién realizó una determinada acción, desde qué dirección IP y en qué fecha.
Según Contraloría, esto no permite “identificar y atribuir responsabilidad funcionaria frente a eventuales problemas en la integridad de la información registrada en sus bases de datos”.
La auditoría también detectó sistemas operativos obsoletos y versiones de motores de bases de datos que habían quedado sin soporte del fabricante, lo que podría facilitar ataques informáticos o fallas en las plataformas tecnológicas.
El 10 de septiembre de 2025, Contraloría efectuó un sondeo de los distintos segmentos de la red de Aduanas y encontró vulnerabilidades en servidores web, bases de datos y sistemas de almacenamiento de archivos.
Los equipos afectados, recalcó el organismo, soportan servicios esenciales para el registro y la fiscalización de los productos que entran y salen del país.
Contraloría exige sumarios
A partir de los resultados de la auditoría, Contraloría ordenó a Aduanas instruir procedimientos sumariales por las deficiencias en la notificación de contenedores seleccionados para aforo, la inactividad de filtros de riesgo, las mercancías que salieron sin revisión, las declaraciones que no fueron marcadas y el uso deficiente de los camiones escáner.
El servicio deberá remitir, dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe, una copia del acto administrativo que instruya la investigación y designe al fiscal encargado.
Asimismo, cuando se constate una infracción dentro de sus competencias, Aduanas tendrá que iniciar los respectivos procedimientos sancionatorios.
Además de establecer eventuales responsabilidades, Contraloría exigió cambios tecnológicos y administrativos destinados a impedir que un contenedor seleccionado para revisión pueda ser liberado sin aforo, que las declaraciones modificadas eludan los filtros de riesgo y que las fallas detectadas por el propio sistema queden sin ser reprocesadas.
La auditoría concluye así que las deficiencias no se limitaban a episodios aislados: alcanzaban los mecanismos empleados para seleccionar las cargas, ejecutar los controles, custodiar evidencia relacionada con armas y proteger los sistemas informáticos que sostienen la fiscalización de las importaciones.
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