Fiscal cierra el cerco al PDG: pide a la PDI acelerar "urgente" diligencias por lavado de activos y cita a notario

Han pasado casi mil días desde que un grupo de exmilitantes del Partido de la Gente (PDG) se querelló contra el entonces presidente de la colectividad, Luis Moreno, y contra quienes resulten responsables por el delito de falsificación de instrumento privado.

Desde entonces, el partido liderado por Franco Parisi acumula al menos tres investigaciones que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte. La más reciente se abrió a partir de una denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel).

Aunque los querellantes han cuestionado la lentitud de las indagatorias —hasta ahora no existen personas formalizadas—, durante las últimas semanas la fiscal Patricia Cerda decidió imprimir mayor velocidad a las pesquisas.

La persecutora no solo unificó las causas, sino que además instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) acelerar una serie de diligencias que permanecían pendientes. Una de las principales apunta a la arista por presunto lavado de activos y fraude de subvenciones.

La orden de "cuenta urgente" a la PDI

Tal como reveló Mega Investiga, el 8 de septiembre de 2025 la Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI indagar el patrimonio y otros antecedentes de 11 militantes y exmilitantes del PDG.

El origen de esa orden de investigar estaría en declaraciones que apuntaban a una supuesta quema de cartolas bancarias por parte de la exdirigencia de la colectividad.

Sin embargo, casi un año después, esa diligencia aún no arrojaría resultados. Por ello, el pasado 5 de agosto la fiscal Patricia Cerda instruyó a la PDI rendir “cuenta urgente” sobre las diligencias requeridas en la orden de investigar correspondiente a la arista por lavado de activos.

No es la primera vez que la persecutora exige avances en este punto. En diciembre del año pasado ya había solicitado a la policía informar los resultados del levantamiento patrimonial realizado respecto del mencionado grupo de militantes y exmilitantes.

La fiscal también ha requerido celeridad en el análisis de las cuentas bancarias del PDG y de su expresidente, Luis Moreno.

Hace un mes, Cerda solicitó a la PDI informar sobre las pericias efectuadas a esas cuentas. El objetivo es determinar, entre otros aspectos, “cuáles son los principales ingresos de dichas cuentas a fin de establecer si existen desvíos de fondos a miembros de la directiva del partido, candidatos, miembros del partido en general o terceros”.

Las firmas cuestionadas y la declaración del notario Saiz

Otro de los focos de la investigación apunta a eventuales falsificaciones de firmas contenidas en documentos oficiales del Partido de la Gente.

Hasta ahora, los peritajes caligráficos han establecido la falsificación de la firma de Marjorie Catalán, exintegrante del Tribunal Supremo de la colectividad, en el acta de proclamación del partido de 2021.

Pero no es el único antecedente bajo investigación.

Otros dos exmilitantes del PDG también denunciaron la supuesta falsificación de sus firmas electrónicas. Se trata de la exdiputada Yovana Ahumada y de Jorge Passadore, exvicepresidente del partido.

Ambos sostuvieron que sus firmas aparecen en el acta de una sesión del directorio central del PDG que supuestamente se realizó el 27 de agosto de 2021 en Coronel, Región del Biobío, pese a que aseguran que nunca asistieron a dicha reunión.

Passadore declaró que “no firmé mediante la modalidad de firma electrónica avanzada en mencionado instrumento”, mientras que Ahumada aseguró que no tenía “firma electrónica, ni actualmente, ni en ese periodo”.

El documento es considerado relevante para la investigación debido a las facultades que se habrían otorgado durante aquella sesión.

En esa acta se acordó entregar un poder amplio a Luis Moreno —quien figura como imputado en la causa— y a otras tres personas para actuar en representación del Partido de la Gente. Entre las atribuciones concedidas se encontraba la posibilidad de abrir y operar las cuentas bancarias de la colectividad.

A partir de las declaraciones de Ahumada y Passadore, la fiscal Cerda ordenó una nueva diligencia: citar a declarar, en calidad de testigo, al notario Juan Luis Saiz Del Campo, debido a que el acta cuestionada habría sido legalizada en su notaría.

La Fiscalía busca establecer, entre otros aspectos, de qué manera se certificaron las firmas electrónicas que permitieron autorizar la reducción a escritura pública del acta y qué libro de actas tuvo a la vista el notario al momento de realizar el trámite.

Se trata de diligencias que buscan despejar uno de los puntos centrales de una investigación que, tras casi mil días sin formalizaciones, ahora comienza a registrar nuevos movimientos.

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