Caso Luminarias: CDE se querella y pide levantamiento patrimonial y financiero de Daniel Jadue
- Por Mario Rosende | Mega Investiga
¿Qué pasó?
Una nueva arista se abrió en el denominado caso Itelecom. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por eventual soborno en la licitación de recambio de luminarias de la Municipalidad de Recoleta y solicitó una extensa batería de diligencias destinadas a esclarecer la relación entre el exalcalde Daniel Jadue, su entonces abogado Ramón Sepúlveda y la empresa que terminó adjudicándose un contrato superior a los $10 mil millones.
La acción judicial, a la que accedió Mega Investiga, pone el foco en una serie de transferencias realizadas por el principal socio de Itelecom, Marcelo Lefort (quien falleció durante el proceso judicial) a Ramón Sepúlveda y a su socio Rodrigo Garay, mientras se desarrollaba el proceso licitatorio y posteriormente durante la ejecución del contrato.
El CDE sostiene que existen antecedentes que justifican investigar un eventual delito de soborno, especialmente considerando que la empresa Itelecom ya aparece vinculada en otras comunas del país a pagos ilegales para obtener adjudicaciones de contratos públicos.
Ir a la siguiente notaSi bien la querella es contra quienes resulten responsables, en una de las diligencias pide directamente realizar un análisis patrimonial de los dineros del exedil.
“Se oficie a la unidad especializada que corresponda, a fin de que efectúe un levantamiento patrimonial, financiero y societario respecto de Óscar Daniel Jadue Jadue (...) inversiones, productos financieros, cuentas bancarias, vehículos, fuentes de ingresos, deudas y demás activos registrados a su nombre, así como la determinación de eventuales incrementos patrimoniales injustificados”, se lee en el líbelo al que accedió Mega Investiga.
La querella del CDE llega en momentos especialmente complejos para Jadue. Este jueves, el Tercer Juzgado de Garantía rechazó la petición de sobreseimiento definitivo que presentó su defensa en el caso luminarias, al estimar que todavía existen diligencias y antecedentes pendientes de evaluación.
La resolución mantiene abierta una investigación que ya supera los cinco años y respecto de la cual el fiscal Sergio Pérez Noa afirmó que existen elementos que eventualmente vincularían al exalcalde con la licitación cuestionada, agregando que una decisión sobre una eventual formalización debería adoptarse en las próximas semanas.
El vínculo entre Jadue y el abogado de Itelecom
Uno de los antecedentes destacados por el organismo es que entre 2016 y 2018 Ramón Sepúlveda fue abogado defensor de Daniel Jadue en una causa penal. Paralelamente, entre 2017 y 2020, Sepúlveda y su socio Rodrigo Garay prestaban servicios profesionales a Marcelo Lefort y a empresas del holding Itelecom.
Según la querella, el 27 de febrero de 2018, apenas un día después de que Itelecom formulara observaciones para flexibilizar las bases de la licitación de Recoleta, Lefort envió un correo electrónico a Sepúlveda con el asunto “Comentarios Recoleta” y el mensaje: “algunos comentarios para tu reunión con Jadue”.
Adjunto al correo iba un documento con propuestas específicas para modificar las bases de licitación. Entre ellas, eliminar ciertas exigencias técnicas, aceptar certificaciones internacionales y rebajar requisitos de experiencia y capacidad económica para los oferentes.
El texto señalaba expresamente: "Se solicita vidrio templado favoreciendo a un fabricante, se debe cambiar para que puedan participar todas las tecnologías", además de plantear que debían modificarse los criterios de experiencia porque favorecían a "los grandes conglomerados como ENEL".
Para el CDE, resulta relevante que posteriormente varias de esas observaciones terminaran siendo acogidas por el municipio que en ese entonces dirigía Daniel Jadue Jadue.
Los cambios que siguieron a las observaciones
La querella detalla que el 13 de marzo de 2018 se publicaron respuestas favorables a las solicitudes formuladas por Itelecom y que tres días después la Municipalidad de Recoleta modificó las bases.
Entre los cambios más relevantes, el máximo puntaje por experiencia dejó de exigirse para empresas con más de 85 mil luminarias instaladas y pasó a otorgarse desde las 20 mil. Asimismo, la capacidad económica requerida para obtener el puntaje máximo se redujo desde más de $60 mil millones a más de $6 mil millones.
También se aceptaron luminarias de policarbonato y certificaciones internacionales, exactamente algunos de los puntos planteados por Itelecom en sus consultas.
La querella afirma que los documentos enviados por Lefort a Sepúlveda contenían observaciones coincidentes tanto con las preguntas formuladas por la empresa en Mercado Público como con las modificaciones que posteriormente adoptó el municipio.
Los pagos bajo la lupa
Uno de los elementos centrales de la presentación del CDE corresponde a las transferencias efectuadas por Itelecom a Ramón Sepúlveda.
Según la querella, el 28 de marzo de 2018 la empresa transfirió $5 millones al abogado, sin que existiera respaldo documental de dicho pago.
Posteriormente, el 13 de julio de 2018, Sepúlveda recibió otras dos transferencias de $5 millones cada una desde Itelecom, sumando $10 millones adicionales.
En paralelo, Rodrigo Garay recibió otros $10 millones durante julio de ese mismo año.
La acción judicial incorpora antecedentes de un informe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI que reconstruyó parte del recorrido de esos fondos.
De acuerdo con dicho análisis, tras recibir los $10 millones desde Itelecom, Ramón Sepúlveda realizó 12 transferencias por un total de $9,72 millones en apenas cinco días.
Al menos cuatro de esas operaciones fueron dirigidas a su pareja, Carla Ipinza, por un total de $7,35 millones.
Respecto de otros $2,37 millones, la policía indicó que no fue posible identificar a los destinatarios debido a que la entidad bancaria no proporcionó esa información.
En el caso de Rodrigo Garay, la PDI estableció que parte importante de los recursos terminó en cuentas de su pareja, Javiera San Martín, además de otras transferencias efectuadas a terceros.
Lo que busca esclarecer el CDE
La ofensiva judicial del Consejo de Defensa del Estado no se limita a la querella. El organismo solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias especialmente dirigidas a reconstruir los flujos financieros vinculados a Ramón Sepúlveda y determinar si existe alguna relación entre esos pagos y las decisiones adoptadas durante el proceso licitatorio.
En primer lugar, pidió rastrear el destino final de los dineros transferidos por Sepúlveda y Garay a sus respectivas parejas, incluyendo montos, fechas y respaldos de cada operación.
También solicitó establecer la relación temporal entre esos pagos y los principales hitos del proceso, entre ellos la modificación de las bases de licitación, la adjudicación del contrato, la ejecución de las obras y los desembolsos asociados al proyecto.
Asimismo, requirió que Carla Ipinza y Javiera San Martín sean citadas a declarar como receptoras de parte de esos recursos.
Jadue bajo revisión patrimonial y financiera
Uno de los capítulos más sensibles de la querella apunta directamente a Daniel Jadue. El CDE solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) informar si existen reportes de operaciones sospechosas, informes de inteligencia financiera u otros antecedentes vinculados al exalcalde de Recoleta, a Ramón Sepúlveda, Rodrigo Garay y los principales ejecutivos de Itelecom.
También pidió a la Contraloría General de la República remitir todos los decretos y resoluciones relacionados con la designación y permanencia de Jadue como alcalde, además de la totalidad de sus declaraciones de patrimonio e intereses durante el ejercicio del cargo.
A ello se suma una solicitud al Servicio de Impuestos Internos para obtener antecedentes tributarios, boletas de honorarios, información societaria y registros económicos tanto de Jadue como de Sepúlveda y los demás involucrados entre 2017 y 2019.
Levantamiento patrimonial completo
La diligencia más amplia requerida por el CDE apunta a que la Unidad de Análisis Patrimonial y Financiero del Ministerio Público realice un levantamiento patrimonial completo de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, Rodrigo Garay y otras personas vinculadas a la investigación.
La petición incluye identificar bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, vehículos, participaciones societarias, fuentes de ingresos, deudas y eventuales incrementos patrimoniales injustificados.
Además, se busca determinar si existen vínculos patrimoniales entre los investigados que permitan explicar el flujo de recursos detectado por la investigación.
En su presentación, el CDE sostiene que “los antecedentes reunidos hacen necesario esclarecer si las modificaciones introducidas a las bases de licitación y la posterior adjudicación del contrato guardan relación con pagos efectuados por el principal socio de Itelecom al abogado que simultáneamente representaba a la empresa y al entonces alcalde de Recoleta”.
La investigación busca ahora despejar si esas transferencias correspondieron exclusivamente a servicios profesionales o si formaron parte de una estructura destinada a obtener un trato privilegiado para la empresa en una de las licitaciones más cuantiosas desarrolladas durante la administración de Daniel Jadue.
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