Pareja de diputado republicano obtuvo subsidio DS19: Serviu acusa omisión de información
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
En Punta Arenas, el Ministerio Público abrió una investigación por la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a la pareja del diputado del Partido Republicano (REP) Alejandro Riquelme Ducci.
La indagatoria busca esclarecer posibles irregularidades en la entrega del beneficio DS19, destinado a familias dentro de los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares.
Según Radio Bío Bío, la causa se originó tras una denuncia presentada por el director subrogante del Serviu de la región de Magallanes, Omar González Asenjo, quien advirtió presuntas inconsistencias en la postulación de Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del parlamentario y madre de sus tres hijos.
Ir a la siguiente notaAntecedentes del hecho
Según el oficio enviado a la Fiscalía, la beneficiaria habría omitido antecedentes personales y socioeconómicos durante el proceso de evaluación.
De acuerdo con los antecedentes, el subsidio correspondía a un proyecto DS19 del Programa de Integración Social y Territorial, el que exigía que la mayoría de los beneficiarios perteneciera al 40% más vulnerable del país.
El documento sostiene que, al no incluir a su pareja dentro del núcleo familiar informado, la postulante quedó en una condición de "déficit habitacional alto" y "hacinamiento", factores que incidieron en la obtención del beneficio.
El oficio también señala que, de haberse declarado la información de manera completa, la beneficiaria no habría cumplido con los requisitos de vulnerabilidad exigidos para acceder al subsidio, considerando además el patrimonio declarado por el actual diputado.
Cómo se habría realizado la incorporación al proyecto
Según la denuncia, Susan Liliana Chicuy Godoy ingresó al proyecto habitacional Estepa Austral I propuesta como reemplazo de otro beneficiario, a quien se le habría quitado el subsidio tras detectarse un posible incumplimiento en la etapa final del proceso.
Sin embargo, el Serviu sostiene que el procedimiento no habría seguido el mecanismo habitual.
El documento indica que la entonces jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe, habría entregado directamente el nombre de la reemplazante a la entidad patrocinante del proyecto para formalizar su incorporación.
Consultada por el caso, la exfuncionaria rechazó haber actuado de manera irregular y afirmó que durante ese periodo el servicio revisó miles de postulaciones y reemplazos: “Nos regíamos por el Registro Social de Hogares”, sostuvo, agregando que desconocía el vínculo de la beneficiaria con el hoy diputado.
Al respecto agregó que él "era una persona ahí", dando a entender que el parlamentario entonces no era una figura conocida.
Entre los antecedentes incorporados a la denuncia también se menciona que Riquelme y su pareja mantienen participación conjunta en al menos cuatro sociedades.
Según el oficio, una de ellas registra contratos y convenios con organismos públicos por más de $1.096 millones entre 2007 y 2025.
La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó que la investigación quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra: “Es una investigación abierta y nos encontramos realizando diligencias a fin de establecer o descartar la veracidad de los hechos denunciados”, señaló la persecutora.
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