Tribunal Ambiental anula permiso de proyecto de Collahuasi por US$ 3.200 millones
¿Qué pasó?
El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, una de las iniciativas mineras en construcción más grandes del país, avaluada en unos $3.200 millones de dólares.
La decisión se conoció justo cuando en el Congreso se discute la ley miscelánea que busca establecer mecanismos de restitución de gastos cuando un permiso ambiental es anulado posteriormente por decisión judicial.
El proyecto había sido aprobado ambientalmente en diciembre de 2021 y anteriormente el Comité de Ministros había rechazado los recursos de reclamación presentados en su contra, lo que llevó a distintas organizaciones y comunidades a acudir al Segundo Tribunal Ambiental.
Ir a la siguiente notaReclamos por evaluación ambiental
Según informó el Diario Financiero, entre los reclamantes estuvieron la Asociación Indígena Wilaimasie de Pescadores Mamq'uta y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, además de la Familia Barreda Paniagua y seis asociaciones indígenas aymaras.
En el fallo, el tribunal concluyó que los reclamos de las asociaciones de Caleta Chanavaya no fueron debidamente caracterizados durante la evaluación ambiental. Según la sentencia, los antecedentes disponibles eran insuficientes para descartar una “susceptibilidad de afectación directa”, además de no haberse realizado las reuniones previas contempladas en el artículo 86 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La resolución también cuestionó que observaciones formuladas por Conadi respecto a impactos en el medio marino no fueran consideradas por el Comité de Ministros. A raíz de ello, el tribunal resolvió dejar sin efecto tanto la resolución impugnada como la RCA del proyecto.
En el fallo se estableció además que la resolución reclamada “carece de una debida fundamentación”, debido a que las observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana fueron abordadas “de manera incompleta y sin una adecuada ponderación técnica y jurídica”.
Agregó que esas deficiencias derivaron en “ilegalidades de la evaluación asociadas al componente humano” y también en “ilegalidades relacionadas con la evaluación ambiental del medio marino”.
Qué pasará con el proyecto de Collahuasi
El tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s), junto al ministro Cristián López Montecinos y el exministro Cristián Delpiano Lira, quien redactó la sentencia.
Además, Delpiano estuvo por acoger una reclamación vinculada a la omisión del grupo humano perteneciente a pueblos indígenas Familia Barreda Paniagua en la línea de base del medio humano del proyecto.
Con esta resolución, la evaluación ambiental deberá retrotraerse hasta antes del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), con el objetivo de elaborar un nuevo informe.
Ese nuevo proceso deberá abordar la línea de base del medio humano indígena relacionada con el uso del territorio en Punta Patache y Sector Puerto Collahuasi, además de las reuniones estipuladas en el artículo 86 del SEIA y una eventual consulta indígena.
También deberán reevaluarse aspectos vinculados al medio marino, entre ellos la velocidad de succión, la sedimentación de salmuera y la implementación de un plan de vigilancia más allá de los primeros cinco años.
El fallo igualmente precisó que la justicia ambiental no acogió las reclamaciones presentadas por las seis asociaciones aymaras y además determinó que la Asociación Indígena del Valle de Quisma carece de legitimación activa.
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