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Mujer condenada por asesinar a su marido recibirá pensión de viudez: Le adeudan cerca de $150 millones

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó restituir la pensión de montepío a una mujer que fue condenada a 20 años de cárcel por parricidio, en un fallo que obliga al Estado a pagar una deuda cercana a los $150 millones acumulada desde 2017.

Según lo informado por LUN, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) deberá pagar a Irma Ovalle Oyarzún el monto correspondiente a la pensión heredada de su marido, un exsuboficial mayor del Ejército.

Contrató un sicario para matar a su esposo

El fallo establece que los pagos se devengan desde el 27 de julio de 2017, cuando la mujer solicitó por primera vez el beneficio.

El caso se remonta a 2013, cuando Ovalle fue condenada por contratar a un sicario para asesinar a su esposo. A raíz de esto, se invocó la causal de “indignidad” para impedir que accediera al montepío. Sin embargo, según explicó su defensa, esta condición no opera automáticamente tras una condena penal.

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“El problema era que esta causal de indignidad no opera simplemente por haber dictado una sentencia penal, sino que debe llevarse la causa a un tribunal civil para que declare la indignidad”, se detalla en el caso consignado por LUN.

En esa línea, la Corte de Apelaciones determinó que no existía una declaración judicial de indignidad que impidiera a la mujer recibir la pensión, por lo que ordenó revertir la negativa anterior y restituir el beneficio, además del pago de lo adeudado.

El tribunal también ratificó el derecho de Irma Ovalle a recibir esta pensión de manera mensual y vitalicia, pese a que actualmente cumple condena. Según el fallo, le restan cerca de cinco años para salir de prisión.

Habría sido presunta víctima de violencia intrafamiliar

El abogado defensor argumentó además que durante años la mujer fue víctima de violencia intrafamiliar, señalando que “por años sufrió maltratos y golpizas de su cónyuge”, lo que fue considerado en el análisis del caso.

Especialistas explicaron al citado medio que la indignidad para heredar debe ser declarada judicialmente y responde a principios éticos, como en casos de delitos graves contra el causante. Sin esa resolución específica, el derecho a la herencia —y en este caso a la pensión— se mantiene vigente.

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