Revisión de mochilas, aumento de penas y fin a la gratuidad: Gobierno ingresa proyectos para enfrentar violencia escolar
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El Gobierno ingresó al Congreso dos proyectos de ley con discusión inmediata que buscan enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales, en medio de una creciente preocupación por hechos graves ocurridos en distintas zonas del país.
Las iniciativas fueron presentadas por el Presidente José Antonio Kast, quien aseguró que se trata de medidas urgentes para recuperar la seguridad en las comunidades educativas, tras episodios como el ataque ocurrido en Calama, donde una inspectora fue asesinada por un alumno.
"Tenemos que actuar, no solamente hablar, sino que esto se tiene que concretar en medidas muy precisas", afirmó el Mandatario, haciendo un llamado a que exista apoyo transversal en el Congreso.
Ir a la siguiente notaEscuelas protegidas: más atribuciones y control interno
Uno de los proyectos apunta a fortalecer la autoridad de los establecimientos educacionales, bajo el concepto de "escuelas protegidas". La iniciativa contempla que los colegios puedan incorporar en sus reglamentos internos una serie de medidas preventivas para evitar hechos de violencia, entre ellas:
- Revisión de mochilas
- Uso de detectores de metales
- Restricciones al uso de capuchas o elementos que cubran el rostro (salvo excepciones justificadas)
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo es "disuadir la interrupción de clases con hechos de violencia" y entregar herramientas concretas a las comunidades educativas.
Aumento de penas y nuevo agravante penal
El segundo proyecto modifica el Código Penal para endurecer las sanciones en delitos cometidos dentro o en las inmediaciones de establecimientos educacionales.
En concreto, se incorporará un agravante de responsabilidad penal, lo que permitirá aumentar las penas en caso de que los delitos ocurran en este contexto.
"Cometer un delito al interior de un establecimiento educacional no puede seguir siendo sancionado con la misma ley que hoy día conocemos", sostuvo Kast.
Fin a beneficios: impacto en la gratuidad
Uno de los puntos que ha generado mayor debate en las nuevas propuestas de ley es la posibilidad de negar beneficios estatales a quienes participen en hechos de violencia.
Según lo planteado por el Ejecutivo, las personas que dañen establecimientos educacionales podrían perder el acceso a la gratuidad en la educación superior.
Discusión inmediata en el Congreso
Las iniciativas surgen en medio de una seguidilla de hechos violentos en colegios, que han encendido las alertas a nivel nacional. Uno de los casos más impactantes fue el ocurrido en Calama, donde un estudiante atacó a funcionarios de un establecimiento, dejando una inspectora fallecida y varios heridos.
Ambos proyectos fueron ingresados con discusión inmediata, lo que implica un plazo acotado para su tramitación: 15 días en cada cámara.
Desde el Ejecutivo señalaron que existe disposición a ajustar los tiempos si es necesario, pero recalcaron la urgencia de avanzar rápidamente. "Lo que buscamos es recuperar las condiciones de seguridad en los colegios y dar tranquilidad a las comunidades educativas", señalaron desde el Gobierno.
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