Denuncian uso de motos de agua y helicópteros en las cercanías de los glaciares de la Laguna San Rafael
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Una nueva denuncia por presuntas actividades turísticas irregulares en zonas protegidas de la Región de Aysén puso en alerta a las autoridades. Esta vez, los registros muestran motos de agua en las cercanías de los glaciares de la Laguna San Rafael, además de sobrevuelos de helicópteros para acercarse a estos sectores.
El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, explicó que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó una denuncia ante la PDI, la Gobernación Marítima de Aysén y Sernatur, entre otras instituciones, con el objetivo de identificar a los responsables de estas operaciones.
De acuerdo con la autoridad, la denuncia apunta a la utilización de tres medios de transporte: un yate, helicópteros y motos acuáticas tipo jetski. Sobre estas últimas, advirtió que producen una mayor alteración en el entorno, considerando la fragilidad ambiental del ecosistema y la presencia de fauna marina.
Ir a la siguiente notaSantana precisó que "se permite que tour operadores, principalmente, puedan llevar turistas a esas zonas, pero con un control, con una identificación, con también registros previos", explicó.
Sin embargo, el gobernador fue enfático respecto del uso de motos dentro del parque nacional. "Lo de las motos de agua, evidentemente, por la naturaleza de este tipo de vehículo, no corresponde hacerlo dentro de un parque nacional, definitivamente", sostuvo.
La situación recuerda un episodio ocurrido en enero de 2026, cuando turistas rusos fueron denunciados por utilizar motos acuáticas en el río Futaleufú. En esa oportunidad, se informó sobre un procedimiento que terminó con la expulsión de los visitantes de Chile y se dio a conocer la oferta de recorridos en motos de agua en distintos sectores de la Región de Aysén.
Consultado sobre si se trata de la misma empresa, Marcelo Santana señaló que "hoy día no me atrevería a decir si es la misma u otra", indicó. Por ahora, las instituciones involucradas deberán determinar quiénes están detrás de las operaciones denunciadas y establecer las eventuales responsabilidades.
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