Arrau pide cambiar leyes migratorias tras operativos policiales en Tarapacá
- Por Francisca Mieres | Aton
¿Qué pasó?
Un amplio despliegue policial en Iquique, Alto Hospicio y Huara, en la Región de Tarapacá, dejó un balance de 26 detenidos, 34 denuncias por ingreso irregular al país y 397 personas fiscalizadas. Los procedimientos también permitieron incautar especies vinculadas al contrabando y las drogas.
Las intervenciones fueron realizadas por la PDI, Carabineros y otros organismos públicos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se trasladó hasta la región para supervisar el trabajo policial y conocer los resultados.
Uno de los operativos se desarrolló en la Plaza Arturo Prat de Iquique, donde la PDI controló a 146 personas, 120 de ellas extranjeras. El procedimiento terminó con 14 detenidos, siete notificaciones de expulsión y 29 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados.
Ir a la siguiente notaEn Alto Hospicio se realizaron 139 controles de identidad y 232 fiscalizaciones vehiculares, que permitieron detener a cinco personas por distintos delitos e infracciones. En Huara, en tanto, se controló a 112 personas y se denunciaron cinco ingresos irregulares.
Además, el balance de la Subcomisaría de Huara entre el 28 y el 31 de octubre registró siete detenidos y la incautación de 550 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando y 16 ovoides con 185 gramos de ketamina.
Arrau pide modificar la legislación migratoria
Tras supervisar los procedimientos, el ministro planteó que el despliegue policial y los recursos destinados a la zona fronteriza deben complementarse con cambios legales. “Para esto no solamente basta la voluntad de los funcionarios policiales y de diferentes instituciones, no solamente más recursos, que es lo que estamos haciendo, el despliegue en la zona fronteriza, sino que tenemos que cambiar nuestras leyes”, afirmó.
Arrau cuestionó que el ingreso irregular al país sea considerado una falta y no un delito, lo que, a su juicio, dificulta la labor policial frente a quienes ingresan reiteradamente por pasos no habilitados. “Es una falta, no es un delito y es muy cuesta arriba para los funcionarios. Se enrola, se vuelve a denunciar, la persona sigue, queda en libertad citada o denunciada. Ese es el sistema que tenemos que empezar a cambiar”, concluyó.
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