Contraloría detecta cinco plantas de aguas servidas municipales sin autorización y con irregularidades en la RM
¿Qué pasó?
La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en plantas de tratamiento de aguas servidas administradas por las municipalidades de María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con una auditoría publicada este viernes, cinco plantas operaban sin las autorizaciones exigidas, mientras que también se identificaron deficiencias en sus sistemas de control, monitoreo y funcionamiento.
Tres plantas de María Pinto operaban sin autorización
Los principales hallazgos se registraron en María Pinto, donde las plantas La Colonia, San Enrique y Chorombo Bajo funcionaban sin autorización de la Seremi de Salud Metropolitana.
Ir a la siguiente notaSegún la Contraloría, el municipio tampoco había regularizado su situación de acuerdo con la Ley N° 20.998. Además, las descargas de estas instalaciones presentaron, en distintas oportunidades, incumplimientos de la normativa ambiental.
Entre las irregularidades detectadas se encontraron niveles de demanda biológica de oxígeno (DBO5) y coliformes fecales por sobre los límites permitidos, además de excedencias en sólidos suspendidos totales y pentaclorofenol.
La Contraloría también señaló que un informe ambiental municipal de 2024 ya había advertido sobre la presencia de microorganismos patógenos que podrían afectar un curso de agua utilizado aguas abajo para el riego de productos agrícolas destinados al consumo humano y animal.
Falencias en monitoreo y mantención
La auditoría estableció que la Municipalidad de María Pinto no contaba con un programa de monitoreo periódico para controlar la calidad de las aguas descargadas al Estero Puangue.
También se detectaron deficiencias en la operación y mantención de las instalaciones, infraestructura deteriorada, equipamiento fuera de servicio y ausencia de planes de manejo de lodos y de contingencia.
Además, la Contraloría constató falencias en la fiscalización y coordinación entre organismos públicos. Entre ellas, señaló que la Seremi de Salud Metropolitana no derivó oportunamente antecedentes sobre posibles episodios de contaminación ambiental a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), mientras que esta última presentó demoras en la tramitación de denuncias y evaluación de antecedentes.
Planta Gacitúa de Isla de Maipo
En Isla de Maipo, la Contraloría estableció que la Planta Gacitúa también operaba sin autorización sanitaria y que su administración no había sido regularizada conforme a la Ley N° 20.998.
Durante una inspección realizada junto a funcionarios de la Seremi de Salud, se detectó la incorporación de agua al sistema de tratamiento. Según el organismo fiscalizador, esta práctica permite diluir las aguas servidas y alterar los resultados de las mediciones exigidas por la normativa.
Asimismo, se identificaron conexiones que posibilitaban descargas directas de aguas servidas sin tratamiento al Estero Gatica.
La auditoría también observó acumulación de lodos, modificaciones al sistema originalmente aprobado, deterioro de infraestructura crítica y ausencia de registros técnicos para verificar el adecuado funcionamiento de la planta.
Frente a estos antecedentes, la municipalidad informó la instrucción de un procedimiento disciplinario.
Planta de Bollenar en Melipilla
En Melipilla, la Contraloría comprobó que la planta de tratamiento de Bollenar funcionaba sin la autorización exigida por la autoridad sanitaria.
Además, estableció que el municipio mantenía la operación de la instalación sin estar inscrito en el Registro de Operadores establecido en la Ley N° 20.998, requisito necesario para administrar este tipo de servicios sanitarios rurales.
Contraloría iniciará procedimiento disciplinario
A raíz de los hallazgos, la Contraloría anunció el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de la Municipalidad de María Pinto, la Seremi de Salud Metropolitana, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la Superintendencia del Medio Ambiente.
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