Con énfasis en acoso digital: Gobierno ingresa proyecto que busca endurecer medidas cautelares contra agresores de mujeres

¿Qué pasó?

El Gobierno concretó el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley "Cautelares Reforzadas", una iniciativa orientada a fortalecer la protección judicial de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sancionar con mayor severidad a quienes incumplan las medidas de resguardo dictadas por los tribunales.

Presentaron el proyecto la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, la subsecretaria de la cartera, Marcia Raphael, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Según explicaron las autoridades, la normativa modifica diversos estatutos legales y el Código Procesal Penal con el objetivo de cerrar brechas de vulnerabilidad en la fiscalización de las resoluciones judiciales.

Los 5 ejes principales del proyecto

Según lo informado por La Tercera, la propuesta legislativa contempla cinco pilares fundamentales para elevar los estándares de protección y seguimiento:

• Protección continua entre tribunales: Establece reglas claras y un protocolo de coordinación cuando una causa pase de un tribunal de familia a un juzgado de garantía por existir antecedentes constitutivos de delito, evitando periodos de desprotección para la víctima durante los conflictos de competencia.
• Prohibición del hostigamiento digital: Crea una nueva medida cautelar que prohíbe expresamente el acoso, amenazas o contacto hacia la víctima o sus hijos a través de redes sociales y plataformas digitales.
• Mayor fiscalización y control del monitoreo telemático: Faculta a los inspectores de seguridad municipal a colaborar en la fiscalización de cautelares, elimina la necesidad de formalización previa para usar tobilleras electrónicas y sanciona la inutilización o el retiro intencional del dispositivo.
• Ponderación de prisión preventiva por incumplimiento: Modifica el Código Procesal Penal para que los jueces deban considerar el incumplimiento de las medidas cautelares como un factor relevante al determinar la prisión preventiva del agresor.
• Juez preferente en causas de violencia intrafamiliar (VIF): Permite designar a jueces de Garantía con dedicación preferente a casos de VIF en tribunales integrados por más de tres magistrados, lo que favorece la especialización y continuidad del proceso.

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Con estas reformas, el Ejecutivo busca garantizar un seguimiento efectivo en terreno y entregar herramientas para enfrentar los desafíos actuales de seguridad y violencia digital.

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