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Gobierno entrega detalles de su reforma constitucional en Seguridad: Estas son sus tres principales medidas

¿Qué pasó?

El ministro Martín Arrau entregó detalles de la reforma constitucional que el Gobierno ingresará este martes como parte de su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo.

La iniciativa contempla tres elementos centrales: incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional y deber del Estado, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

“La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo incluye una serie de proyectos de ley, incluso de reformas constitucionales, como la de los 180 días de retención migratoria que va avanzando, y una segunda que va a ingresar en estos días", señaló el ministro Arrau en punto de prensa tras el comité político en La Moneda.

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Seguridad pública como mandato constitucional

El ministro precisó que la reforma constitucional que será enviada al Congreso contempla tres elementos centrales.

"Primero, incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional, un deber del Estado", comenzó detallando.

Como segundo punto, Arrau explicó que el proyecto busca crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, junto con establecer un régimen penitenciario especial.

"Lo segundo, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, con un régimen penitenciario especial, evitando tener que demostrar la existencia del mismo cada vez, y ahí es donde queremos que en una ley especial se discuta la posibilidad de restringir el acceso a algunos beneficios sociales en una ley especial, y para eso se requiere algún grado de habilitación (constitucional)", agregó.

La propuesta, según explicó el secretario de Estado, permitiría que una futura ley especial establezca determinadas restricciones para personas condenadas por delitos asociados al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.

Y añadió que “en último término, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública".

Arrau también destacó el trabajo realizado previamente con distintos actores durante la elaboración de la iniciativa.

"Eso es lo que hemos discutido, y agradezco este diálogo prelegislativo que hemos tenido intensamente en estos días, donde el proyecto, por supuesto, que se ha ido puliendo, mejorando, y va a ser ingresado en los términos que se ha ido señalando y que serán públicos el día de mañana", enfatizó.

¿Habrá pérdida de derechos para condenados?

Consultado sobre si la reforma contempla pérdidas de derechos para personas condenadas, por ejemplo, en materia de salud, el ministro Arrau explicó que la propuesta apunta a establecer inhabilidades específicas y no generales.

"Lo que establecemos es que, tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos o para ser director de escuela”.

“Va a incorporar la posibilidad que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares, no generales”, agregó.

El ministro concluyó señalando que la iniciativa también contempla la posibilidad de restringir determinados beneficios sociales para personas condenadas por estos delitos, aunque precisó que aquello deberá ser definido mediante una legislación específica.

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Y concluyó relatando que la propuesta restringiría “algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero y, por tanto, van a quedar entregadas a una discusión de una ley particular con la necesaria habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo".

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