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Ley Integral de las Personas Mayores: ¿En qué consiste la iniciativa a la que el Gobierno le quitó el veto?

¿Qué pasó?

Una de las noticias que más llamó la atención recientemente fue la eliminación del veto sustitutivo que la administración del expresidente Gabriel Boric presentó en febrero, relacionado con la Ley Integral de las Personas Mayores y la Promoción de un Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

La decisión inicial de vetar la ley la tomó la entonces ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien señaló que el Ejecutivo anterior objetó los artículos 15 y 29, relacionados con temas laborales.

¿De qué trata la ley?

La Ley Integral de las Personas Mayores establece 15 derechos específicos para quienes se beneficien de ella.

Entre estos derechos están la igualdad y la prohibición de discriminación arbitraria por edad en la vejez; el derecho a un trato digno y respetuoso, con atención preferente; además del acceso a la justicia y la protección de la autonomía personal.

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La norma también protege a las personas mayores que están en situación de dependencia, incorporando una definición legal de abandono social y estableciendo un procedimiento especial en la ley de tribunales de familia, lo que permitirá actuar con mayor rapidez en estos casos.

Concretamente, eliminar el veto sustitutivo asegura que se mantengan los beneficios de la ley sobre protección laboral y modalidades de trabajo flexible para las personas mayores.

La explicación del Gobierno de José Antonio Kast

En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que “el trabajo, cuando es voluntario y se realiza en condiciones adecuadas, no solo significa un ingreso, sino también un espacio de participación, autonomía y sentido”.

Al levantar este veto, añadió Wulf, se refuerza la intención de que la ley se implemente “lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de nuestro Ministerio”.

Así, la iniciativa quedó lista para ser aprobada por el Senado y seguir con los trámites en el Tribunal Constitucional, un paso necesario antes de su promulgación.

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