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El retorno de María Corina Machado acelera el reloj político de EEUU

Alianza con Deutsche Welle

Tras casi un año en el exilio y siete intentos fallidos de retorno, el 25 de octubre de octubre de 2026 María Corina Machado reapareció sorpresivamente en Venezuela, en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, estado Lara. Luego de asistir a los oficios religiosos, emprendió un recorrido por carretera de más de diez horas y cerca de 400 kilómetros hasta Caracas.

La caravana, que atravesó los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua antes de alcanzar la capital, estuvo acompañada por multitudes entusiastas que se agolparon a su paso con banderas nacionales para aclamarla.

Este multitudinario recibimiento, documentado por medios nacionales e internacionales, así como por innumerables testimonios y videos en redes sociales, confirma sobre el terreno lo que numerosas encuestas vienen señalando: Machado se mantiene como la figura política con mayor respaldo en el país y conserva una capacidad de convocatoria y movilización muy superior a la del resto de los actores políticos, incluidos los del interinato.

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Crece el apoyo electoral a Machado

Según el último sondeo de AtlasIntel para Bloomberg (octubre 2026), Machado alcanzó un 52 por ciento de intención de voto presidencial, 33 puntos porcentuales por encima de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, quien obtendría un 19 por ciento. En un escenario de confrontación directa entre ambas figuras, Meganálisis sitúa la intención de voto por Machado en un 84,36 por ciento, frente a un 4,95 por ciento de Rodríguez.

Sin embargo, el fenómeno de Machado no parece agotarse en la adhesión personal o carismática a su liderazgo, sino que se erige como la expresión política más visible de un descontento extendido por el país: la frustración ante las expectativas de cambio político generadas el 3 de enero, la exigencia de elecciones presidenciales y la aspiración a una mejora material de las condiciones de vida.

Los sondeos apuntan en esa dirección: el apoyo a María Corina crece en paralelo al rechazo al gobierno interino y a la demanda de elecciones. En octubre, según AtlasIntel, la desaprobación de Delcy Rodríguez aumentó a 65 por ciento, mientras la valoración positiva de Machado, pese a encontrarse fuera del país, creció ocho puntos respecto a agosto y alcanzó el 61 por ciento.

Al mismo tiempo, la exigencia de elecciones presidenciales también se había manifestado de manera sostenida durante el año. En abril, Meganálisis encontró que el 87,24 por ciento consideraba a las elecciones presidenciales como la solución de la crisis venezolana y que el 84,09 por ciento quería celebrarlas antes de terminar el año. En agosto, el 88,4 por ciento consideraba urgente que el chavismo abandonara el poder.

Descalificación en Miraflores y distancia en Washington

Las circunstancias exactas en las que Machado logró retornar a Venezuela, tras varios intentos bloqueados durante los meses anteriores, aún no están del todo claras. Sin embargo, lo que sí pudo apreciarse en las primeras reacciones de Miraflores fue un tono de descalificación y minusvaloración de las demostraciones de apoyo popular a Machado. Delcy Rodríguez las calificó de "show", mientras que Diosdado Cabello advirtió que quien regresa "debe asumir las responsabilidades de lo que dijo y lo que hizo".

Por su parte, en Washington, la noticia del retorno de la líder venezolana tampoco fue recibida con el mismo entusiasmo que despertó entre los venezolanos. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo distancia del hecho, asegurando no estar al tanto del regreso de Machado y limitándose luego a señalar: "Espero que esté a salvo", antes de añadir "pero nos está yendo muy bien en Venezuela", acotación que puede ser interpretada como una señal de que el retorno de Machado no introduciría cambios en su política hacia Venezuela.

Aún más significativa fue la reacción del secretario de Estado, Marco Rubio. En un mensaje publicado en su red social X, sostuvo que el retorno de Machado fue un "resultado directo" del proceso de conversaciones auspiciado por Estados Unidos, señalando a continuación su expectativa de que "todos los actores políticos apoyen estas conversaciones". Aunque formulada en términos generales, esta exhortación parecía tener a Machado como destinataria principal.

La hoja de ruta de Washington

Estas primeras señales fueron confirmadas por los posteriores pronunciamientos de Rubio y de un alto funcionario del Departamento de Estado, quien declaró bajo condición de anonimato. Ambos ratificaron que Washington mantiene su estrategia de transición en Venezuela.

El argumento central de Washington para justificar los tiempos y la estrategia implementada es que las elecciones no pueden celebrarse sobre la "infraestructura actual" heredada del chavismo. Por ello, la Casa Blanca le estableció a la mesa de negociación la siguiente hoja de ruta hacia los comicios: la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de fin de año, seguida por la transformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una "plataforma técnica" y apolítica. A la par, se avanzaría en garantías de apertura política: restablecimiento de partidos, libertad de prensa y retorno de los exiliados.

Solo después del cumplimiento de estos hitos, y tras declarar una "vacante permanente" en la presidencia, se abriría, según el funcionario, un lapso de seis meses para realizar unas nuevas elecciones. En principio, de cumplirse a cabalidad este cronograma secuencial de cambio institucional, el proceso electoral apuntaría hacia el segundo semestre de 2027.

Rubio considera que este plan y las negociaciones en marcha son la única vía para alcanzar de forma pacífica una democracia duradera: "No se llega a una democracia a punta de protestas callejeras". Advirtió además que cualquier intento de descarrilar el proceso "le está haciendo un gran daño a Venezuela, sea quien sea". La alternativa, para el secretario de Estado, es "la violencia y el conflicto armado dentro del país, o volver a como han sido las cosas en los últimos 20 años".

¿Qué determina los tiempos de la transición?

La fecha del segundo semestre de 2027 para la realización de las elecciones (derivada del cronograma de transición institucional) no puede darse como cierta ni definitiva: Washington no la ha anunciado explícitamente. Además, este calendario forma parte de una estrategia secuencial establecida por la Casa Blanca desde enero, que situó a la estabilización y la recuperación económica antes de la culminación de la transición democrática.

En consecuencia, los tiempos electorales no responden únicamente a las reformas institucionales previstas. También están vinculados con los objetivos de reactivación económica, apertura de Venezuela a la inversión estadounidense y los objetivos geopolíticos que Washington busca asegurar a largo plazo. Para ello dispone, mientras mantiene su tutela sobre el gobierno interino, de condiciones especialmente favorables para negociarlos.

De allí que el cómo y el cuándo se consideren alcanzados dichos objetivos parezcan depender exclusivamente del criterio de Washington. Muestra de ello fue la respuesta de Marco Rubio, al ser consultado sobre las críticas de Machado al acuerdo petrolero con Blue Energy: "Es su opinión... Ella no tiene que estar de acuerdo con él ni tiene que gustarle, pero creo que eso es algo aparte del tema de tener una elección y una democracia".

Factor de disrupción

En este escenario de incertidumbre electoral, creciente rechazo al gobierno interino y altas expectativas ciudadanas de acelerar el cambio político, el regreso de María Corina introduce un factor de disrupción en el reloj de Washington.

Su capacidad de aglutinar y movilizar el descontento social amenaza con presionar los tiempos de un cronograma que Washington necesita mantener flexible. Machado ha sido explícita en este punto: antes de su retorno sostuvo que "es fundamental ponerle fecha ya a las elecciones presidenciales", y en una entrevista con el Financial Times, afirmó que hay tiempo más que suficiente para votar antes de julio de 2027.

Su voz, además, podría plantear ante la opinión pública nacional e internacional —con un peso político difícil de ignorar, pese a la desestimación de Rubio— serios cuestionamientos a los acuerdos económicos y geopolíticos de trascendencia nacional que se negocian con el interinato sin mayor transparencia ni legitimidad democrática, como ya han señalado otras voces reconocidas del país.

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