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Alcalde de Río Bueno renuncia en medio de prisión preventiva por presunta corrupción

¿Qué pasó?

El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, comunicó durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre su decisión de renunciar al cargo mientras permanece en prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción en la región de Los Ríos.

El anuncio fue entregado en plena sesión ordinaria del Concejo Municipal a través de una carta leída por su hija, Natalia Reyes Torres, instancia en la que el jefe comunal argumentó que busca desligar la administración del municipio de la causa judicial que enfrenta.

"Vengo a manifestar formalmente mi decisión de renunciar voluntariamente al cargo de alcalde de la comuna de Río Bueno, decisión que también deseo compartir con quienes han sido parte de este camino durante tantos años. Esta decisión nace de una larga reflexión personal y familiar, considerando tanto el bienestar de nuestra comunidad como la necesidad de entregar claridad respecto a la continuidad y conducción de nuestra comuna", señaló el texto.

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En la misma línea, Reyes sostuvo que su paso al costado responde a la necesidad de afrontar el proceso penal en el ámbito privado, "sin que esta situación continúe vinculada al ejercicio de la máxima autoridad comunal", añadiendo que asumirá esta etapa con entereza y agradeciendo el respaldo de su entorno cercano.

Según precisó su hija durante la sesión, el documento aún debe ser ingresado de manera oficial por la Oficina de Partes del municipio, tras lo cual la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades exige que la dimisión sea aprobada por dos tercios de los concejales en ejercicio para hacerse efectiva y dar paso al mecanismo de reemplazo.

La investigación por cohecho y lavado de activos

La dimisión de Reyes, quien llegó al sillón alcaldicio como independiente con cupo de Chile Vamos tras obtener el 39,17% de los votos en 2024, ocurre a casi un mes de que el tribunal decretara su prisión preventiva, el pasado 21 de octubre.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía Regional de Los Ríos, el jefe comunal fue formalizado por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos a raíz de presuntas irregularidades en licitaciones municipales ocurridas entre 2017 y 2022.

En concreto, el Ministerio Público le imputa haber recibido al menos $36,3 millones en beneficios económicos de empresarios y contratistas para favorecerlos en adjudicaciones, sumado a la detección de cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en sus cuentas personales sin origen justificado, escenario judicial que además estuvo marcado la semana pasada por la renuncia de los tres abogados particulares que llevaban su defensa.