Caso Audios: CDE amplía querella contra Ángela Vivanco y otros cinco imputados por arista Fundamenta
- Por Cristian Latorre | Aton
¿Qué pasó?
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva ampliación de querella en la arista "Fundamenta" del denominado Caso Audios, acción judicial que apunta contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y otras cinco personas por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
La acción fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y también se dirige contra la pareja de la exmagistrada, Víctor Gonzalo Migueles, por cohecho y lavado de activos.
Asimismo, incluye a los abogados Carlos Eduardo Lagos, Mario Andrés Vargas y Gabriel Moisés Silber, este último exdiputado de la Democracia Cristiana (DC), por los delitos de soborno y lavado de activos.
Ir a la siguiente notaEl conflicto entre Fundamenta y vecinos de Ñuñoa
La ampliación de querella se enmarca en el conflicto ambiental entre la inmobiliaria Fundamenta y vecinos de la comuna de Ñuñoa, relacionado con el proyecto inmobiliario "Egaña-Comunidad Sustentable" (Eco Egaña).
Según expuso el CDE, la empresa habría contratado por cuantiosos montos a los abogados del estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber para destrabar el conflicto y encontrar una solución.
Sin embargo, sostiene que estos profesionales, sin asumir formalmente el patrocinio de la inmobiliaria, habrían realizado determinadas conductas ilícitas para conseguir resoluciones judiciales favorables.
Los pagos que acusa el CDE a Ángela Vivanco
En ese contexto, el organismo sostiene en su presentación que los abogados Carlos Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber habrían efectuado pagos ilícitos a la exmagistrada Ángela Vivanco, utilizando como intermediario a Víctor Gonzalo Migueles.
De acuerdo con la querella, el objetivo era que Vivanco, mientras presidía la Tercera Sala de la Corte Suprema, realizara gestiones y dictara resoluciones judiciales que beneficiaran directamente a Fundamenta.
El CDE también cuestionó que la exministra no se inhabilitara de intervenir en estos asuntos, pese a mantener estrechos vínculos personales y económicos con el equipo legal de la inmobiliaria. A juicio del organismo, esta conducta habría constituido una grave infracción a sus deberes de imparcialidad.
Finalmente, la ampliación de querella plantea que los pagos presuntamente ilícitos habrían sido disimulados mediante maniobras financieras y triangulaciones de fondos, lo que configuraría también el delito de lavado de activos.
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