"Peor daño desde pérdida del mar": Exmandatario boliviano acusa a Fiscalía y exige a Kast perdón "de rodillas" por "Narcomaderas"
“Si el presidente Kast dice que quiere venir a Bolivia, va a tener que venir de rodillas a pedir perdón”.
Con esa frase, el expresidente boliviano, Jorge “Tuto” Quiroga, elevó al máximo la tensión por el denominado caso “Narcomaderas”, la investigación chilena que mantiene retenidos 45 contenedores con madera proveniente de Bolivia y que, en junio pasado, fue presentada por las autoridades nacionales como una operación histórica contra el narcotráfico.
La dura advertencia, realizada este martes 21 de septiembre en La Paz, no fue pronunciada en un vacío político. Surgió después de que el sector maderero y exportador boliviano contratara a dos especialistas estadounidenses para revisar los procedimientos utilizados en Chile: James Craig Kuykendall, exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y Scott Richard Oulton, químico forense con experiencia en el análisis de sustancias controladas.
Ir a la siguiente notaLos documentos elaborados por ambos expertos —encargados y financiados por los exportadores afectados— cuestionan la metodología aplicada en Chile, las pruebas de campo efectuadas sobre la madera y la correspondencia entre las muestras analizadas y los resultados comunicados públicamente.
Sus conclusiones no establecen, de manera categórica, que en la carga no existiera droga. Lo que sostienen es que, con los antecedentes y procedimientos revisados, no sería posible determinar responsablemente la presencia, extensión ni cantidad de sustancias ilícitas supuestamente impregnadas en los tablones.
Se trata de informes privados suficientes para que Quiroga emplazara directamente al Estado de Chile, al fiscal nacional Ángel Valencia y al gobierno del presidente José Antonio Kast.
“Demuestren un solo exportador boliviano que haya exportado un tablón de madera con droga”, desafió el exmandatario durante una conferencia realizada en La Paz junto con representantes del sector exportador.
De una incautación histórica a una controversia internacional.
El caso comenzó públicamente el 8 de junio de 2026, cuando autoridades chilenas informaron la detección de 1.080 toneladas de madera supuestamente impregnada con diferentes sustancias ilícitas. La carga estaba distribuida en 45 contenedores localizados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.
En el anuncio participaron organismos de persecución penal, seguridad, Aduanas y la Policía Marítima. La investigación quedó asociada a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, encabezada por el fiscal regional Mario Carrera.
Desde un comienzo fue necesario distinguir entre el peso total de la madera y la cantidad efectiva de droga que eventualmente podía contener. Las 1.080 toneladas correspondían al cargamento de madera. A partir de pruebas preliminares y estimaciones sobre un eventual porcentaje de impregnación, se habló de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas.
La magnitud de esa cifra convirtió inmediatamente el procedimiento en una noticia internacional. Bolivia apareció vinculada no solo con la producción de cocaína, sino con un sofisticado método industrial para esconderla en productos forestales de exportación.
Para Quiroga, ese anuncio causó un daño difícil de revertir.
“Cuando el Estado de Chile, a nivel del gobierno, la Fiscalía, la Armada, Aduanas y todos sus niveles institucionales, acusa a Bolivia de haber impregnado madera con droga, le hace un daño a toda la estructura productiva y exportadora del país”, sostuvo.
El exmandatario aseguró que la afectación a la imagen de Bolivia es una de las más graves provocadas por Chile desde la Guerra del Pacífico y la pérdida del litoral boliviano.
“No era un fiscalito loquito en Arica”, enfatizó, apuntando a que el anuncio fue respaldado por distintas instituciones chilenas y no correspondió a una declaración aislada.
Quiroga calificó el caso como “el mayor daño” provocado por Chile a Bolivia desde 1879, cuando comenzó la Guerra del Pacífico y el país perdió su salida al mar. A su juicio, la acusación de que exportadores bolivianos enviaron madera impregnada con droga no solo perjudicó a las empresas involucradas, sino que golpeó la reputación internacional de toda la industria forestal y productiva boliviana.
Los expertos contratados en Estados Unidos
Con el paso de las semanas, empresas exportadoras y organizaciones gremiales bolivianas buscaron una revisión externa de los antecedentes científicos que sustentaron la incautación.
Uno de los especialistas convocados fue James Craig Kuykendall, exagente de la DEA conocido como “JK”, quien desarrolló durante más de tres décadas labores vinculadas con investigaciones de narcotráfico y crimen organizado.
Según la presentación realizada por Quiroga y los representantes empresariales, Kuykendall revisó los procedimientos de campo, la documentación disponible y los resultados atribuidos a los análisis efectuados en Chile.
Su informe cuestionaría que las pruebas iniciales realizadas sobre la madera hayan sido capaces de establecer, por sí solas, una impregnación de cocaína, ketamina u otras sustancias en las cantidades señaladas públicamente.
También plantea dudas respecto de la trazabilidad de las muestras: es decir, si los fragmentos examinados en los laboratorios correspondían exactamente a aquellos sobre los cuales se efectuaron las primeras pruebas y si existía una cadena de custodia suficientemente documentada para vincular cada resultado con una empresa, un contenedor y un embarque determinado.
El segundo experto, Scott Richard Oulton, es un químico forense especializado en sustancias controladas. Su análisis se concentró en los métodos científicos utilizados, la capacidad de los laboratorios, la toma de muestras y la posibilidad de realizar una estimación cuantitativa confiable.
Oulton habría detectado diferencias entre los resultados obtenidos a partir de muestras que supuestamente provenían de un mismo cargamento. Asimismo, pidió que se practicaran nuevos análisis cuantitativos mediante métodos validados, con procedimientos de muestreo documentados y controles de calidad que permitan reproducir los resultados.
Su conclusión es prudente pero severa: con el expediente técnico revisado no se podría determinar de forma responsable cuánto narcótico existe en la madera ni, en algunos casos, confirmar de manera confiable su presencia.
Las organizaciones bolivianas también sostienen que algunas pruebas habrían sido realizadas en laboratorios certificados para análisis de medicamentos, pero no necesariamente para cuantificar narcóticos impregnados en madera.
Uno de los cuestionamientos más sensibles se refiere al supuesto uso de herramientas automatizadas o algoritmos en la interpretación de ciertos resultados. Kuykendall habría advertido que ese mecanismo pudo predisponer la clasificación de la madera como material contaminado, sin una confirmación posterior suficientemente sólida.
Los exportadores aseguran que ambos documentos fueron presentados como declaraciones juradas, bajo pena de perjurio, y agregados a la investigación que se tramita en Chile. Medios bolivianos informaron que los análisis fueron encargados por el propio sector privado y que parte de sus conclusiones ya fue entregada a las autoridades chilenas.
No son “pericias de la DEA”
Aunque Quiroga ha destacado reiteradamente la trayectoria de Kuykendall, los documentos no constituyen informes institucionales de la DEA.
Sin embargo, esto no vuelve irrelevantes sus observaciones. Si los informes efectivamente fueron incorporados al expediente, la Fiscalía de Arica tendrá que evaluarlos y establecer si las críticas afectan la validez de los análisis iniciales, si corresponde ordenar contraperitajes o si existen otras pruebas independientes capaces de acreditar la presencia de droga.
El punto central de la controversia ya no es solamente si una prueba de campo arrojó una reacción positiva. La discusión se trasladó hacia preguntas más complejas: ¿cómo se tomaron las muestras?, ¿qué cantidad de madera fue examinada?, ¿se descartó la contaminación superficial?, ¿qué método permitió proyectar un resultado a 1.080 toneladas de carga?, ¿y cómo se llegó a estimar que podría haber más de 100 toneladas de droga?
La factibilidad de impregnar madera
La ofensiva boliviana también ha cuestionado la posibilidad de introducir cocaína u otras sustancias en la madera en las concentraciones difundidas inicialmente
Quiroga sostuvo que el material no podría ser impregnado “a esos niveles” y que la tesis chilena debe ser demostrada científicamente, no solo mediante pruebas preliminares.
Sin embargo, académicos de la Universidad de Chile explicaron, tras conocerse el procedimiento, que la impregnación química de la madera es técnicamente posible debido a su porosidad, humedad y red interna de canales. El mecanismo sería comparable, en términos generales, a los tratamientos utilizados para incorporar preservantes o retardantes de fuego.
Según esa explicación, las sustancias solubles pueden difundirse hacia el interior del material y posteriormente recuperarse mediante trituración, lavado y uso de solventes orgánicos.
Esa explicación científica acredita que el método es factible, pero no demuestra que haya sido utilizado en los 45 contenedores investigados ni valida la cantidad de droga estimada en este caso concreto. Para eso se requieren resultados analíticos individualizados, una cadena de custodia íntegra y métodos cuantitativos reproducibles.
Desde el ISP además avalan la investigación. Fuentes sostuvieron a Mega Investiga que de las 300 muestras periciadas todas dieron positivo a la presencia de sustancias ilícitas.
Quiroga apunta a las máximas autoridades chilenas
El exmandatario boliviano no limitó sus críticas a los procedimientos científicos. Durante su intervención individualizó a autoridades chilenas y planteó consecuencias políticas, administrativas e incluso penales si se determina que la acusación se sustentó en antecedentes defectuosos.
Quiroga mencionó al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera; al fiscal nacional, Ángel Valencia, y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
A su juicio, si se comprueba que la madera fue señalada erróneamente como portadora de droga, no bastará con una rectificación pública. Chile tendría que investigar las responsabilidades, remover a quienes intervinieron en el anuncio y reparar económicamente a las empresas afectadas.
“Si se determina que esto fue una fábula, una tramoya, no puede quedar en nada”, afirmó.
Quiroga reconoció, no obstante, que la existencia o inexistencia de droga todavía debe ser resuelta por las instituciones competentes.
“Yo no soy juez”, dijo. Pero inmediatamente sostuvo que los informes contratados por los exportadores son “contundentes” y obligan a Chile a responder con rapidez.
El exmandatario también formuló una exigencia económica. Aseguró que una eventual indemnización tendría que expresarse en “diez dígitos y en dólares”, cifra que posteriormente tradujo como una compensación del orden de los US$1.000 millones.
Empresas y empleos afectados
Las organizaciones empresariales bolivianas aseguran que al menos 23 compañías quedaron perjudicadas por la retención de los contenedores y por la alarma generada entre compradores internacionales.
El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Oswaldo Barriga, sostuvo que las pérdidas directas asociadas a la carga retenida alcanzarían unos US$10 millones. A ello se sumarían aproximadamente US$16 millones en exportaciones que no se habrían concretado durante los meses posteriores al anuncio.
Representantes de la Cámara Forestal de Bolivia han afirmado, además, que el sector genera cerca de 200 mil empleos y que la controversia ya habría provocado la pérdida de unos 20 mil puestos de trabajo directos.
Algunas empresas habrían despedido a más del 90% de su personal debido a la paralización de operaciones, de acuerdo con antecedentes entregados por la Cámara de Exportadores de La Paz.
Estas cifras provienen de los propios gremios afectados y aún no han sido verificadas independientemente por autoridades chilenas o bolivianas. Pero reflejan la dimensión que el sector privado busca otorgar al conflicto: no solo la retención de una carga, sino el deterioro de la reputación exportadora de toda una industria.
El factor Kast y una eventual visita a Bolivia
La controversia aparece en un momento particularmente delicado para la relación bilateral. Medios bolivianos han informado que el presidente José Antonio Kast podría viajar a Bolivia durante octubre. Algunas publicaciones sitúan la eventual visita el 15 de ese mes, aunque su realización y agenda deberán ser confirmadas oficialmente por las respectivas cancillerías.
Quiroga busca instalar el caso antes de ese eventual encuentro. Su frase sobre un Kast obligado a llegar “de rodillas” constituye un emplazamiento directo al mandatario chileno. Pero también funciona como una presión interna sobre el presidente boliviano, Rodrigo Paz, a quien exigió defender a los exportadores y no permitir que el asunto sea resuelto discretamente por la vía diplomática.
Según Quiroga, el gobierno boliviano debe plantear el tema en cualquier reunión bilateral, incluso durante posibles encuentros internacionales previos a la visita. Su exigencia es que Chile entregue una explicación científica y jurídica antes de normalizar completamente la agenda entre ambos países.
La controversia deja a La Moneda frente a una decisión compleja.
Si la investigación chilena cuenta con análisis concluyentes, deberá transparentar —dentro de los límites de una causa penal reservada— qué pruebas permiten sostener la presencia y la cantidad de droga.
Si existen dudas sobre los métodos iniciales, será necesario ordenar nuevos peritajes independientes antes de que el caso siga escalando política y diplomáticamente.
Y si finalmente se determina que parte de las estimaciones fue errónea, Chile tendrá que explicar por qué una operación presentada públicamente como histórica vinculó a decenas de empresas bolivianas con un mecanismo de narcotráfico que no pudo ser acreditado.
Una controversia que toca el Tratado de 1904
Quiroga también invocó el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que regula, entre otros asuntos, el régimen de libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos.
El expresidente acusó que la prolongada retención de la madera está afectando en la práctica ese derecho y “enclaustrando” no solo al país, sino también a su producción forestal.
La invocación del tratado agrega una dimensión histórica a un conflicto que comenzó como una investigación penal. Bolivia ha recurrido reiteradamente al principio de libre tránsito para cuestionar demoras, costos y restricciones en puertos chilenos.
Chile, por su parte, puede aplicar controles aduaneros y medidas de persecución penal cuando existen sospechas de tráfico de drogas. La controversia estará, por tanto, en determinar si la retención prolongada sigue estando justificada por evidencia concreta y si las restricciones aplicadas son proporcionales a los antecedentes reunidos.
Lo que comenzó en junio como el anuncio de una incautación histórica se ha transformado en una disputa científica, económica y diplomática. En el centro ya no está solamente la pregunta sobre la existencia de droga: también está en juego la capacidad de Chile para demostrar públicamente la solidez de una acusación que golpeó a una industria completa y que ahora amenaza con irrumpir en la agenda bilateral al más alto nivel.
Quiroga ya fijó su posición: no acepta una salida silenciosa ni una explicación genérica. Exige pruebas, sanciones y una reparación millonaria.
Ahora es Chile el que debe responder.
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