Ministra Lincolao acepta disculpas y se suspende causa contra estudiantes que la amenazaron: "Yo fui joven y se cometen errores"
- Por Leslie Ayala
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, aceptó este miércoles las disculpas de los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile, formalizados por las amenazas que sufrió durante una actividad en Valdivia - al comienzo del año escolar 2026- y accedió a que la causa terminara mediante una suspensión condicional del procedimiento.
La salida alternativa fue acordada durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde Pablo Vásquez Burgos, Joaquín Monje Sazo y María Jesús Madariaga Rojas fueron formalizados por el delito de amenazas. La defensa estuvo a cargo del jefe de la Defensoría Penal Pública de la Región de los Ríos, Luis Soto.
La imputación quedó así considerablemente por debajo de la calificación planteada inicialmente por el Ministerio de Seguridad Pública, que había presentado una querella en la que atribuyó a los hechos características de un eventual secuestro.
Ir a la siguiente notaAntes de que el tribunal resolviera la suspensión condicional, Lincolao intervino para aceptar las disculpas ofrecidas por los estudiantes, aunque recalcó que los hechos no podían reducirse únicamente a una controversia personal.
“Quiero comenzar agradeciendo a ustedes, magistrados, a la fiscal, por esta instancia, por la oportunidad de ser escuchada y por el trabajo que corresponde a cada uno desde sus respectivas responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos”, señaló.
La ministra agregó que confiaba en que las decisiones serían adoptadas con independencia, estricto apego al derecho y sobre la base de la evidencia reunida durante la investigación.
“Este caso trasciende a las personas involucradas”
En su intervención, Lincolao sostuvo que lo ocurrido debía analizarse desde una perspectiva institucional y no solamente por las consecuencias que tuvo para ella.
“Este caso trasciende a las personas directamente involucradas. En una democracia, las autoridades estamos sometidas al escrutinio público, a la crítica, al cuestionamiento y a la protesta”, afirmó.
La secretaria de Estado marcó, sin embargo, una diferencia entre esas expresiones legítimas y las acciones que buscan intimidar o impedir el ejercicio de una función pública.
En esa línea, planteó que la protesta forma parte de una sociedad democrática, pero que la violencia y las amenazas no pueden ser normalizadas como mecanismos de expresión política. También advirtió que lo sucedido establecía una discusión que iba más allá de su experiencia personal, pues involucraba la forma en que se protege el funcionamiento de las instituciones y a quienes ejercen cargos públicos.
Lincolao reconoció que habría preferido que el proceso continuara para esclarecer completamente los hechos y establecer un precedente institucional. Pese a ello, manifestó su disposición a aceptar la salida alternativa propuesta, considerando las disculpas entregadas por los jóvenes y las consecuencias que el proceso también tendría para ellos.
“Yo fui joven y se cometen errores”, expresó la ministra, quien les deseó lo mejor y aseguró que nunca entendió el caso como una persecución de carácter personal.
Las amenazas contra la ministra
Los hechos se produjeron durante una actividad de Lincolao en dependencias de la Universidad Austral de Chile, donde un grupo de estudiantes realizó una protesta en su contra.
El episodio derivó en momentos de tensión, forcejeos e increpaciones contra la autoridad. La ministra denunció haber sido retenida, empujada, insultada y amenazada mientras intentaba abandonar el lugar.
El caso provocó una fuerte reacción política e institucional. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella y sostuvo inicialmente que los antecedentes podían configurar delitos de mayor gravedad, entre ellos un eventual secuestro.
Finalmente, la Fiscalía formalizó a los tres estudiantes por amenazas y aceptó discutir una suspensión condicional del procedimiento. Esta salida no implica una condena, sino la paralización de la causa durante un plazo determinado, sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas por el tribunal.
Si los imputados cumplen esas exigencias y no cometen nuevos delitos durante el periodo fijado, el procedimiento podrá concluir definitivamente sin una sentencia condenatoria.
Lincolao aceptó esa fórmula, pero dejó planteada una reflexión: las autoridades deben admitir la crítica, el cuestionamiento y la protesta, aunque aquello no significa tolerar amenazas, violencia o intimidaciones como parte normal del debate democrático.
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