Columna de Mauricio Morales: "Catástrofes y opinión pública"
- Por Mauricio Morales
Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.
Chile ha enfrentado cerca de 30 grandes catástrofes naturales desde 1990. A Patricio Aylwin le tocaron los aluviones de Antofagasta y de la Quebrada de Macul, y la erupción del Hudson.
Eduardo Frei enfrentó dos terremotos, los temporales de 1997 y una larga sequía que terminó en racionamientos eléctricos. Ricardo Lagos vivió las inundaciones de 2002 y el terremoto de Tarapacá.
El primer gobierno de Michelle Bachelet quedó marcado por Tocopilla, Chaitén y el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
Ir a la siguiente notaSebastián Piñera asumió la reconstrucción tras el 27F y enfrentó la erupción del complejo Puyehue-Cordón Caulle. Bachelet, durante su segundo mandato, se hizo cargo de ocho grandes emergencias, entre ellas los aluviones de Atacama, dos terremotos, dos erupciones volcánicas y los incendios de 2017.
El segundo gobierno de Piñera debió lidiar con inundaciones, incendios y la megasequía, mientras que Gabriel Boric hizo frente a los incendios de 2023, las inundaciones del mismo año, el megaincendio de Valparaíso de 2024 y los incendios de Ñuble y Biobío de enero de 2026.
Si bien las catástrofes ponen a prueba la capacidad del Estado para prevenir, evacuar, coordinar la ayuda y reconstruir las zonas afectadas, también pueden influir en la opinión pública, aunque cada caso sigue una trayectoria distinta y el efecto depende de la respuesta gubernamental.
El 27F presenta el caso más conocido. La alerta de tsunami falló, la coordinación inicial fue deficiente y el despliegue militar llegó tarde, pero Bachelet conservó una aprobación muy alta al término de su gobierno y en 2013 regresó a La Moneda con el 62% de los votos en la segunda vuelta.
El artículo de Ryan Carlin, Gregory Love y Elizabeth Zechmeister, titulado Natural Disaster and Democratic Legitimacy: The Public Opinion Consequences of Chile’s 2010 Earthquake and Tsunami y publicado en Political Research Quarterly en 2014, estudió los efectos políticos del daño causado por el terremoto.
Sus resultados indican que la intensidad del daño no mostró una relación significativa con el apoyo a Bachelet ni a Piñera. El castigo, más bien, se concentró en los gobiernos locales, cuya evaluación cayó entre las personas más afectadas. El mismo estudio encontró efectos más preocupantes para la democracia.
Quienes sufrieron mayores daños mostraron menos disposición a respetar los derechos de quienes pensaban distinto y mayor aceptación de golpes de Estado o de presidentes que gobernaran sin Congreso. Cinco años después, el terremoto de Coquimbo produjo un resultado distinto.
La encuesta Adimark de septiembre de 2015 situó la aprobación de Bachelet en 25%, tras siete meses consecutivos de caídas, mientras que el atributo “capacidad para enfrentar situaciones de crisis” subió cuatro puntos y llegó a 43%. Adimark atribuyó esa mejora principalmente a la respuesta desplegada tras el terremoto y el tsunami del 16 de septiembre.
Los incendios muestran contrastes aun mayores. Durante los megaincendios de 2017, Cadem registró una caída de la aprobación de Bachelet del 24% al 18%, mientras que la desaprobación alcanzó el 75%. La misma encuesta indicó que el 75% consideraba que el gobierno había adoptado decisiones tardías o inadecuadas.
En febrero de 2023, durante los incendios que afectaron al centro-sur, Cadem mostró que la aprobación de Boric subió de 27% a 29% y la desaprobación bajó de 67% a 65%. Esa pequeña mejora convivió, eso sí, con una evaluación crítica de la respuesta estatal, pues el 68% estimó que las decisiones habían sido tardías y el 87% consideró que Chile estaba mal preparado.
Después del megaincendio de Valparaíso de 2024, en tanto, el 55% desaprobó la gestión del gobierno, el 57% cuestionó la oportunidad de sus decisiones y la aprobación presidencial cayó sólo dos puntos, hasta el 31%. Estos datos muestran que la evaluación de una emergencia y la aprobación presidencial pueden seguir caminos distintos. Una buena reacción puede mejorar los atributos de liderazgo durante algunas semanas, mientras que una respuesta tardía puede acarrear un castigo más severo.
El actual sistema frontal constituye la primera gran prueba de este tipo para el gobierno de Kast. El Ejecutivo actuó con anticipación al declarar una emergencia preventiva en diez regiones, suspender las clases y coordinar el despliegue de los organismos públicos antes de la llegada de las lluvias.
Esa reacción inicial puede favorecer una imagen de previsión y control, pero todavía es demasiado pronto para afirmar que la emergencia fortalecerá la aprobación presidencial. El frente ya provocó muertes, damnificados, aislamiento y daños en miles de viviendas, especialmente en Atacama y Coquimbo.
La opinión pública evaluará la rapidez de la ayuda, la recuperación de los servicios y el avance de la reconstrucción. Si el gobierno responde con eficacia, Kast podrá consolidar una imagen de competencia. Si las soluciones tardan, esa ventaja inicial se disipará. Las primeras horas, en consecuencia, abren el juicio ciudadano, pero la reconstrucción termina por definirlo.
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