Centro médico usaba huellas de pacientes para cobrar falsos tratamientos: fraude a Fonasa supera los $260 millones

¿Qué pasó?

Cientos de personas llegaron hasta un centro médico de Copiapó para realizarse exámenes de imagenología. La atención, según la investigación, se desarrollaba con normalidad. Sin embargo, mientras validaban esas prestaciones con su huella digital, esa misma información biométrica habría sido utilizada para emitir bonos PAD por tratamientos dentales que nunca recibieron.

Ese mecanismo permitió, presuntamente, defraudar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en más de $260 millones. La investigación, desarrollada por la Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones (PDI), terminó con cuatro personas venezolanas formalizadas por distintos delitos. Dos quedaron en prisión preventiva y las otras dos cumplirán arresto domiciliario nocturno. Además, cerca de 400 pacientes habrían resultado afectados, entre ellos menores de edad.

Cómo habría operado el mecanismo

De acuerdo con la investigación, la presunta estructura funcionaba desde el centro médico VenNorte, en Copiapó.

Los pacientes acudían al recinto para realizarse exámenes de imagenología, prestaciones que sí eran efectuadas. No obstante, durante el proceso de atención, la huella utilizada para validar esos procedimientos en el sistema I-MED habría sido empleada, sin conocimiento de los usuarios, para emitir bonos PAD asociados a prestaciones odontológicas inexistentes.

"Los pacientes acudían al recinto para realizarse exámenes de imagenología, los que efectivamente eran efectuados. Sin embargo, durante el proceso de atención, la huella digital utilizada para validar dichas prestaciones en el sistema I-MED era empleada, sin conocimiento de los usuarios, para emitir bonos PAD correspondientes a tratamientos dentales inexistentes", explicó el fiscal de la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda Flores.

Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, esos bonos eran posteriormente cobrados a Fonasa, lo que generó un perjuicio que supera los $260 millones.

Los roles que atribuye la investigación

La investigación sostiene que los cuatro imputados habrían actuado de manera coordinada para concretar el fraude.

Entre ellos figura quien, según la Fiscalía, sería el líder e ideólogo de la operación: un auxiliar paramédico de odontología que presuntamente se hacía pasar por médico, lo que además configura el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

También fueron formalizados un imputado que habría recibido y redistribuido el dinero obtenido; un médico radiólogo que firmaba los informes clínicos mientras los datos biométricos de los pacientes eran utilizados para emitir los bonos; y la recepcionista del recinto, quien operaba el sistema I-MED y capturaba las huellas digitales.

Como parte de la investigación, la Fiscalía presentó antecedentes correspondientes a 31 pacientes cuyas huellas habrían sido utilizadas para tramitar prestaciones odontológicas que nunca fueron realizadas.

La investigación también apunta a lavado de activos

La indagatoria sostiene que el mecanismo habría operado durante casi tres años. Además de los delitos asociados a la obtención fraudulenta de prestaciones estatales y la presunta asociación ilícita, la Fiscalía también investiga un eventual lavado de activos.

Según los antecedentes expuestos, los imputados habrían creado otras sociedades, entre ellas una farmacia, una perfumería y la Comercializadora Venfarma, con el objetivo de triangular los recursos obtenidos y ocultar su origen.

"Las diligencias permitieron acreditar que los imputados utilizaban el centro médico como plataforma para emitir prestaciones odontológicas inexistentes mediante la modalidad PAD dental", señaló la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Copiapó, subprefecta Cecilia Diez Carrasco.

La oficial añadió que el mecanismo habría funcionado durante casi tres años y que el trabajo conjunto entre la Bridec y la Fiscalía permitió desarticular la estructura investigada.

Las consecuencias para los pacientes

La investigación sostiene que el perjuicio no solo alcanzó a Fonasa.

"Al aparecer en el sistema de Fonasa que los tratamientos dentales ya habían sido ejecutados y pagados, las víctimas quedaron imposibilitadas de acceder posteriormente a esas prestaciones", advirtió el fiscal Luis Miranda Flores.

El Juzgado de Garantía fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación. Durante ese periodo, la Fiscalía y la PDI continuarán realizando diligencias, mientras no se descarta identificar a más presuntos afectados.