Condominios denuncian millonarios embargos de Tesorería: "Nos dejaron sin plata en la cuenta para pagar los sueldos"
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
En los últimos meses, diversas comunidades de copropietarios han sido notificadas por la Tesorería General de la República (TGR) debido al embargo de fondos por multas impagas. A ello se suman las recientes retenciones de dinero a personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La situación mantiene en alerta a administradores de condominios, quienes advierten que estos embargos pueden alcanzar montos millonarios y comprometer el pago de remuneraciones, servicios básicos y labores de mantención, mientras buscan alternativas para enfrentar el problema.
Comunidades enfrentan millonarias deudas por multas laborales
Según consignó LUN, el pasado 18 de junio un edificio de Las Condes recibió una notificación por mantener una deuda de $9.114.609 correspondiente a una multa cursada por la Dirección del Trabajo (DT). Tanto el comité de administración como el administrador desconocían la existencia de esta infracción, aplicada en septiembre de 2025.
Ir a la siguiente notaLa comunicación advertía que existía un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación. De no hacerlo, Tesorería iniciaría el proceso de embargo de bienes para cubrir la deuda.
"Estamos averiguando de qué se trata la multa porque se señala que no se exhibieron los documentos. Pudo haber sido que no había un contrato u otra cosa. No sabemos. Ahora tenemos que juntarnos para ver cómo abordar el problema por que es una multa millonaria. La gente va a tener que decidir si arregla ascensores, por ejemplo, o pagar la multa", contó Ignacio, administrador de un edificio.
Sin embargo, este no sería un caso aislado. En marzo, otra comunidad administrada por Ignacio sufrió el embargo de poco más de $9 millones desde su cuenta corriente debido a una sanción similar.
"En este caso había dinero en el fondo de reserva y se sacó de ahí para los gastos del mes. Si no estaba ese ahorro, el cobro habría dejado un hoyo financiero bien grande", aseguró.
Comunidad de La Florida quedó sin recursos para cubrir obligaciones
La situación también afectó a la comunidad Altavista de La Florida. Alonso Mendoza, representante de Prourbana, señaló que Tesorería embargó $9 millones desde la cuenta corriente de la comunidad.
Según explicó, la multa fue aplicada a comienzos de este año tras una fiscalización que detectó que el reloj de asistencia de los trabajadores no contaba con un certificado de vigencia actualizado. El hecho ocurrió durante la administración anterior.
"No recibimos un aviso ni tuvimos la oportunidad de negocias el pago en cuotas. Nos dejaron sin plata en la cuenta para pagar los sueldos y las obligaciones con los proveedores. Es un daño económico súper fuerte porque las multas son altas. Las comunidades la conforman personas, no grandes empresas", manifiesta.
La comunidad necesita cerca de $15 millones mensuales para cubrir sus gastos comunes, por lo que la multa representa aproximadamente el 60% de ese presupuesto.
"Estamos pensando en adelantar la emisión del próximo gasto común, emitirlo antes de recaudar fondos, pero vamos a generar un desfase de la caja de un mes de todas maneras", lamenta.
Administradores reportan aumento de embargos en los últimos meses
Desde la plataforma de administración de comunidades Comunidad Feliz aseguran que han recibido múltiples consultas de administradores que buscan apoyo legal para enfrentar estas situaciones.
"Hemos visto que muchos administradores nos están contactando en busca de apoyo legal, ya que la Tesorería está ejecutando órdenes de embargo de las cuentas en las comunidades. Estas multas siempre han existido, no son una novedad, lo que sí hemos notado en los últimos dos o tres meses es una gestión de cobranza mucho más activa", afirma David Peña, cofundador de la plataforma.
Desde la TGR explican que estos procedimientos están respaldados por el Código Tributario, normativa que establece al organismo como responsable de la cobranza judicial y administrativa de impuestos, multas y créditos a favor del Estado.
En tanto, cifras de la Dirección del Trabajo revelan que cerca de 10.000 comunidades de copropietarios —de un universo aproximado de 50.000 en todo el país— mantienen actualmente deudas con el Estado por multas laborales y se encuentran en proceso de cobro.
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