Joaquín Lavín León queda en prisión preventiva por delitos de corrupción
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín León por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.
Su exasesor, Arnaldo Domínguez, también quedó sujeto a la máxima cautelar por los mismos delitos, además de cohecho, delitos tributarios y delitos electorales.
"Su libertad se considera un peligro para la seguridad de la sociedad"
Durante la audiencia, el tribunal dio por acreditados todos los delitos por los cuales fueron formalizados, planteándose una posible red de corrupción.
El juez Daniel Urrutia dictaminó que "atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…), la libertad de los imputados se considera un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva".
En ambos casos, se estableció un plazo de investigación de 90 días, tiempo en el cual deberán mantenerse en prisión preventiva.
Acusaciones contra Joaquín Lavín León
El Ministerio Público acusa a Lavín León de haber defraudado al Congreso Nacional entre 2015 y 2026 por al menos $189 millones mediante tres esquemas distintos.
El primero consistió en la rendición de facturas ideológicamente falsas de Imprenta MMG para saldar deudas de campaña electoral con fondos públicos. Entre 2015 y 2022 se habrían rendido 32 facturas falsas por un total de $18,8 millones.
El segundo y más voluminoso esquema involucra el desarrollo y uso de la plataforma digital SocialTazk, concebida desde 2017 como una herramienta de gestión de bases de datos electorales. La Fiscalía sostiene que su desarrollo fue financiado íntegramente con fondos del Congreso.
El tercer esquema es la contratación fraudulenta de Belén Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez Vallejos, como asesora parlamentaria desde 2014 hasta 2022. La Fiscalía acredita que al menos desde 2018 no prestó función alguna, pese a lo cual el Congreso habría pagado por ese concepto al menos $39,4 millones.
En materia de tráfico de influencias, la acusación describe cómo Lavín León, valiéndose de su condición de cónyuge de la entonces alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, habría instalado en cargos directivos del municipio a personas de su confianza personal.
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