La caída de Vinko: cómo un exfiscal terminó involucrado en un caso de secuestro extorsivo
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
Cuando los hermanos Fu abandonaron el edificio de avenida José Miguel Carrera, en pleno centro de Santiago, probablemente pensaron que la pesadilla había terminado. Habían permanecido retenidos en una sala subterránea disfrazada de cuartel de la Policía de Investigaciones; habían visto un organigrama criminal con sus fotografías, escuchado que existía una orden de detención en su contra y sido advertidos de un supuesto traslado a Iquique o aún peor... que serían extraditados a Estados Unidos.
Para recuperar la libertad, además, acababan de entregar $30 millones en efectivo.
Sin embargo, mientras ellos se alejaban del lugar, al interior de la oficina comenzaba otra escena: la repartición del dinero. El abogado y exfiscal Vinko Fodich recibió $3,5 millones. No se trata solo de una imputación de la Fiscalía Supraterritorial ni de la versión entregada por otro integrante del grupo. Fue el propio Fodich quien reconoció el pago cuando, tras ser detenido, decidió declarar ante los fiscales Alfredo Cerri y Pablo Sabaj. En esa misma diligencia admitió que conocía el montaje, que llevó a la hermana de la víctima hasta el falso cuartel, que le hizo notar la presencia de un vehículo policial para que creyera que estaba frente a un procedimiento verdadero, que avaló una orden de detención inexistente y que la acompañó a buscar parte del dinero.
Ir a la siguiente notaAun así, Fodich trazó una frontera con la que intenta reducir su responsabilidad: aseguró que no ideó ni diseñó la operación, sino que se limitó a cumplir un papel dentro de un engaño concebido por otros. Esa versión, no obstante, choca con las declaraciones de Ángelo Stevens y José Ignacio Pinto, quienes lo sitúan en las reuniones previas donde se discutió cuánto dinero podían exigirles a las víctimas. También contrasta con los mensajes recuperados del teléfono de Stevens, en los que el abogado aparece integrado a dos grupos de WhatsApp creados después del secuestro para mantener la presión sobre los hermanos y conseguir decenas de millones adicionales.
El expediente judicial, al que accedió Mega Investiga, ya no solo permite reconstruir cómo una sala de reuniones fue transformada en una oficina policial. Sobre todo, muestra lo que ocurrió después: el reparto de los $30 millones, la elaboración de un documento que debía parecer un informe de la PDI, los desacuerdos entre quienes esperaban recibir más dinero y los sucesivos llamados a retomar los “aprietes”. En ese tramo de la historia, cuando el falso cuartel ya había sido desmontado, el nombre de Fodich siguió apareciendo.
Una cuadrilla de policías
La puerta de entrada a la trama fue una deuda. Stevens, ingeniero comercial y cliente de Fodich, había realizado gestiones bancarias para personas vinculadas al denominado clan Chen y, según declaró, esperaba recibir pagos que nunca se concretaron. Fue entonces cuando comentó el problema a Manuel Larraín, quien, a su vez, habría hablado con Stefano Andreotti. Este último ofreció una solución que no tenía nada de bancaria: aseguró que contaba con una “cuadrilla de policías” dedicada a cobrarles dinero a ciudadanos chinos.
De acuerdo con Stevens, el funcionario que encabezaba esa estructura era el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña. Andreotti le explicó que el grupo disponía de un recinto que podía ser ambientado como unidad policial y que allí era posible “arreglar” el problema. Aunque la propuesta parecía inverosímil, contenía un elemento capaz de volverla creíble: no todos los policías serían falsos.
A comienzos de agosto, Stevens visitó por primera vez el edificio de José Miguel Carrera 269. Bajó al subterráneo y encontró una sala con mesa, televisor, ventanal y patio. Allí, según su testimonio, estaban Andreotti, Ángel Esteban Herrera y Navarrete, quienes no solo le mostraron el lugar, sino que también le dijeron que mantenían una “cartera de chinos” a los que extorsionaban. La exhibición, sostuvo, buscaba convencerlo de que el contacto era realmente detective y de que la operación podía realizarse.
Stevens llevó la propuesta hasta Fodich. En su declaración reconoció que el abogado no estuvo de acuerdo al comienzo; sin embargo, pocos días después ambos acudieron, junto con José Pinto, a una nueva reunión en el mismo edificio. Fue allí, según Stevens, donde se acordó fingir la detención de Fu, trasladarlo a la sala subterránea y exigirle dinero a él y a su hermana. La cifra inicial habría sido de $150 millones.
Pinto recuerda una negociación todavía más ambiciosa. En su versión, los organizadores comenzaron hablando de $200 millones por cada hermano. Fodich habría respondido que el monto era demasiado alto y propuesto pedir $100 millones para luego negociar, aunque también habría estimado que las víctimas podían disponer de alrededor de $500 millones. Finalmente, declaró Pinto, quienes aparentaban ser funcionarios policiales resolvieron que exigirían $200 millones a cada uno y que después reducirían la cifra.
Fodich entrega otra lectura de esos encuentros. Asegura que Stevens le contó que pretendían engañar a Fu con ayuda de conocidos de la PDI y reconoce que asistió a una reunión en la sala subterránea. No obstante, afirma que el plan ya estaba diseñado cuando llegó y que a él únicamente le pidieron que diera credibilidad a la escena. Pese a las diferencias, las tres declaraciones coinciden en un aspecto esencial y es que antes del 6 de agosto, el abogado sabía que el procedimiento sería falso.
La fabricación de una autoridad
Un día antes del secuestro, la sala dejó de parecer una oficina común. La transformación, según los testimonios, se construyó mediante detalles reconocibles: tazones con la sigla PDI, un cartel institucional, el emblema de la policía proyectado en un televisor y una pizarra con la estructura de una supuesta organización criminal. En ella también había una fotografía tomada semanas antes en un café, donde aparecían Stevens, Pinto y Fu. Así, una reunión cotidiana fue convertida en la prueba ficticia de una vigilancia previa.
La puesta en escena incluía, además, un guiño internacional. Stevens señaló que Claudio Navarrete estaba vestido como agente del FBI, mientras Pinto recordó a un hombre que hablaba en inglés y trataba con dureza a Fu. Fodich, por su parte, describió a un sujeto calvo con una insignia de la agencia estadounidense, aunque aseguró que casi no intervino. El supuesto agente del FBI era Claudio Navarrete, quien, según la Fiscalía, se hizo pasar por un funcionario de la agencia estadounidense para darle credibilidad al falso cuartel donde permanecieron cautivos los hermanos Mingkai y Mingxia Fu. Por su participación en el montaje, fue formalizado días después por asociación ilícita, secuestro extorsivo y extorsión, y quedó en prisión preventiva.
La treta
El 6 de agosto, Pinto salió a buscar a Fu bajo el pretexto de un negocio vinculado a un vale vista. Una vez que la víctima llegó al edificio, el montaje se puso en marcha: le hicieron creer que estaba detenido por su relación con una organización criminal y que sería trasladado a Iquique. Stevens y Pinto también fingieron estar arrestados, pues el plan requería que Fu viera a sus propios conocidos sometidos al mismo procedimiento y concluyera que la amenaza era real.
Fue en ese momento cuando apareció Fodich. Primero llamó a la hermana de Fu y le comunicó que su hermano estaba detenido; luego pasó a buscarla y caminó con ella hasta el edificio, tal como las imágenes del trayecto que develó el jueves pasado Mega Investiga.
Antes de entrar, según admitió en su declaración, vio un carro policial estacionado con las balizas azules encendidas y se lo señaló a la mujer para reforzar la idea de que estaban ante una diligencia de la PDI.
Ya en el piso -1, el ex fiscal encontró a Fu y Pinto esposados. Sostiene que reclamó porque las esposas no estaban contempladas en el acuerdo y que, a raíz de ello, se las quitaron. Sin embargo, acto seguido validó el corazón del engaño: confirmó que existía una orden de detención contra Fu y respaldó la amenaza de que sería llevado al norte del país.
La investigación terminó con tres funcionarios activos de la PDI detenidos en septiembre: el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el agente policial Sebastián Gajardo Rojas. Según el informe que documentó sus aprehensiones, se les investiga por asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la Ley Orgánica de la institución, entre otros delitos.
30 millones sobre la mesa
Dentro del falso cuartel, la cifra comenzó a bajar. Según Fodich, primero se exigieron $200 millones, después $150 millones, luego $100 millones y, finalmente, se aceptó que los hermanos entregaran $30 millones ese mismo día. Los otros $70 millones quedarían pendientes.
Como parte del dinero estaba en el departamento de la mujer y otra fracción debía ser recogida desde un vehículo, Fodich salió con ella y con quienes aparentaban ser policías. El abogado relató que uno de los hombres retiró una suma desde otro automóvil y que él acompañó a la mujer hasta su departamento para buscar el resto, porque ella no quería subir sola junto a un funcionario. Cuando regresaron a José Miguel Carrera llevaban los $30 millones que habían logrado reunir. Solo entonces los hermanos recuperaron la libertad.
Sin embargo, la liberación no puso fin a la operación. Mientras las víctimas abandonaban el edificio, quienes permanecieron en el subterráneo distribuyeron el dinero. Stevens entregó la versión más detallada: Navarrete habría recibido $3,5 millones y otros $3 millones destinados a seis funcionarios que supuestamente hicieron cobertura desde un vehículo policial; Fodich, Andreotti, Herrera y el propio Stevens habrían obtenido $3,5 millones cada uno; y otros participantes se habrían repartido montos menores.
Fodich confirmó su parte: reconoció haber recibido $3,5 millones, aunque dijo desconocer cómo se distribuyó el resto. Pinto, en tanto, declaró que le entregaron $1 millón y que, al dimensionar el riesgo, pensó que se había metido “de cabeza” en un problema por muy poco dinero. Para ese momento, de todos modos, el grupo esperaba una segunda entrega mucho mayor.
El falso cuartel se trasladó a WhatsApp
Cuatro días más tarde, el 10 de agosto, Andreotti creó en WhatsApp un grupo llamado “Reunión”. Participaban Herrera, Stevens y Fodich. El nombre era neutro, pero los mensajes revelaban que el secuestro no había terminado realmente: ahora el objetivo era obtener los $70 millones que, según ellos, las víctimas todavía adeudaban.
“Mañana tiene que pagar sí o sí”, escribió uno de los integrantes. “¿Qué pasa con la presión?”, preguntó otro. A medida que transcurrían los días sin una nueva entrega, aumentaban también la impaciencia y la desconfianza. Algunos sospechaban que Fodich o Stevens habían recibido el dinero sin repartirlo, mientras otros reclamaban la intervención de “el azul”, denominación que el análisis policial asocia al inspector Rodrigo Navarrete.
La presión necesitaba, además, una explicación que pareciera legal. El 11 de agosto, uno de los miembros sostuvo que el pago debía presentarse como la compra de un informe policial favorable y agregó que ese tipo de operación se hacía habitualmente “con los azules”. Al día siguiente, Fodich compartió un archivo denominado “Anexo 05 de vigilancia Yongjie CHEN.docx” y explicó que contenía un informe que debía ser modificado.
A partir de ese documento, el grupo comenzó a redactar un texto con apariencia institucional. La idea era hacer creer que las diligencias de vigilancia, las escuchas telefónicas y la revisión de dispositivos habían descartado la participación de Fu en una organización criminal y que, por consiguiente, debían dejarse sin efecto supuestas órdenes de detención. No bastaba, entonces, con haber fabricado una oficina policial: ahora también pretendían fabricar el resultado de una investigación.
Según el análisis de Asuntos Internos, Fodich debía convencer a su cliente Yongjie Chen, quien estaba recluido en la cárcel de Talca, de que su pareja pagara los $70 millones para limpiar los antecedentes de sus familiares. Paralelamente, siempre de acuerdo con la interpretación policial, se habría evaluado utilizar la misma fórmula para cobrar otros $100 millones a cambio de un supuesto informe favorable al propio Chen.
Mientras aquello se discutía, los chats se convirtieron en una contabilidad del miedo. Los participantes preguntaban dónde estaba la mujer, si realmente había viajado a Argentina para conseguir dinero y cuándo regresaría. Incluso solicitaron su pasaporte para que “el azul” comprobara si había salido del país. En medio de esas coordinaciones, el 13 de agosto, desde la cuenta que la policía atribuye a Fodich, se escribió: “Estoy apretando a la gente”.
Durante su declaración, los fiscales le reprodujeron al abogado otro audio. “Yo creo que en el fondo es retomar el apriete con el azul”, se escuchaba decir. Fodich reconoció que la voz era suya, aunque sostuvo que había utilizado la expresión de manera genérica. Asimismo, aseguró que nunca llamó directamente a la mujer para exigirle dinero y que bloqueó a dos personas que lo presionaban para hacerlo.
El grupo “Reunión” no fue el único. La policía también detectó un segundo chat, identificado con una bandera china, en el que reaparecieron los reclamos, las sospechas y los llamados a ejercer presión. Allí llegó a hablarse de completar $270 millones. Para Asuntos Internos, ambos grupos demuestran que la dinámica extorsiva se mantuvo durante más de diez días después de la entrega inicial y que los participantes actuaban de forma coordinada, no como individuos aislados.
¿Quién consiguió la pega?
La principal disputa en la investigación, según señalan fuentes a Mega Investiga, no gira, por tanto, en torno a la presencia de Fodich en el falso cuartel: él mismo la admite. Tampoco se discute que acompañó a una de las víctimas a buscar dinero ni que recibió parte de lo recaudado. La controversia está en un punto más profundo: determinar quién concibió la operación y quién aportó la información que permitió escoger a las víctimas.
Fodich insiste en que llegó cuando el mecanismo ya estaba en marcha. “Fue la única vez que participé en ese hecho, no lo diseñé, no lo elaboré”, declaró. Según su versión, se limitó a seguir una parte del timo y después se negó a continuar contactando a los hermanos.
Sin embargo, Pinto lo ubica participando en la discusión sobre cuánto dinero podían pagar, mientras Stevens lo sitúa en las reuniones donde se acordó la falsa detención. A ello se agregan los chats posteriores, en los que aparece como el interlocutor que podía llegar hasta Chen, hablar con los hermanos y utilizar la confianza construida mediante su trabajo como abogado.
Asuntos Internos sintetizó esa hipótesis en una frase tomada de la declaración de Stevens: Fodich “sería quien consiguió la pega”. Según el informe policial 245, habría aportado los antecedentes necesarios para concretar el secuestro y, posteriormente, sostener la extorsión.
Con todo, aun sin resolver quién tuvo la idea original, la propia declaración de Fodich lo coloca en una posición difícil de presentar como secundaria. Sabía que el cuartel era falso; condujo a una de las víctimas hasta el lugar; utilizó el vehículo institucional para reforzar la apariencia de legalidad; validó la orden inexistente; acompañó la búsqueda del dinero; regresó con los $30 millones; recibió una parte del pago y, en los días siguientes, continuó interviniendo en conversaciones relacionadas con la suma pendiente.
Entre admitir esos actos y negar la autoría del plan existe una distancia estrecha. Precisamente allí se jugará buena parte de su defensa.
Un método anterior
Antes de terminar su declaración, Fodich entregó un antecedente capaz de ampliar la causa más allá de los hermanos Fu. Aseguró que Andreotti y Herrera le habían contado que, junto con el detective Navarrete, ya habían instalado falsos cuarteles en otras oportunidades para engañar personas y exigir dinero por su liberación. Fue cuidadoso al precisar que no le constaba que aquello fuera cierto ni sabía si se había utilizado el mismo inmueble.
Stevens, sin embargo, relató algo similar. Según él, los integrantes del grupo hablaban de una “cartera de chinos” y de un método basado en denuncias falsas que permitía a funcionarios llegar a determinados domicilios y presionar a sus habitantes. También declaró que, cuando surgieron sospechas sobre el dinero pendiente, hombres vestidos como detectives fueron al departamento de su pareja, preguntaron por él y retiraron el sistema de grabación del edificio. Todos esos episodios deberán ser corroborados por la Fiscalía.
La investigación ya no busca únicamente establecer quién estuvo en la sala de José Miguel Carrera durante la mañana del 6 de agosto. También intenta determinar si aquel falso cuartel fue una improvisación creada para una víctima específica o la expresión visible de un método que venía utilizándose desde antes: mezclar funcionarios verdaderos con agentes inventados, vestir una oficina con los símbolos del Estado y transformar el temor a una institución en una herramienta de cobro.
En el subterráneo, la escenografía hizo su trabajo. Los tazones, la pizarra, las esposas, el inglés del falso agente y las balizas azules fueron suficientes para que dos personas creyeran que estaban atrapadas dentro de una investigación real. No obstante, cuando la sala volvió a quedar vacía, el montaje no desapareció. Continuó en los teléfonos, en los audios y en el documento que debía parecer un informe oficial; continuó, sobre todo, en una frase que resumía lo que todavía pretendían hacer: retomar el apriete.
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