Chile y Argentina estuvieron a horas de una guerra la noche del 21 de diciembre de 1978: cómo un temporal y una carta lo evitaron

La madrugada del 22 de diciembre de 1978, la Flota de Mar de la Armada de la República Argentina se aproximaba a las islas Picton, Nueva y Lennox, en el extremo austral del continente sudamericano, dispuesta a ejecutar la operación militar de mayor envergadura planificada por ese país durante todo el siglo XX. Al otro lado de la frontera y del estrecho de mar interpuesto entre ambos territorios, la Escuadra de la Armada de Chile se hallaba en posición de combate, dispuesta a interceptar cualquier movimiento anfibio.

Los satélites de la inteligencia militar estadounidense monitoreaban todo el escenario en tiempo real y transmitían la información directamente al presidente Jimmy Carter. En Washington se sabía que los dos países más largos de Sudamérica estaban a pocas horas de entrar en guerra abierta. Y sin embargo, no lo hicieron. La noche del 21 al 22 de diciembre de 1978 se convirtió, contra todo pronóstico, en el último momento en que Chile y Argentina estuvieron al borde de un conflicto armado directo. Nunca más han vuelto a estarlo.

Los factores que evitaron el enfrentamiento en esa madrugada fueron dos, y ambos aparecieron casi al mismo tiempo. Uno fue meteorológico: un violento temporal en el Cabo de Hornos que obligó a la Flota argentina a demorar el asalto anfibio previsto. El otro fue diplomático: la llegada casi simultánea a Santiago y Buenos Aires del mensaje formal del recién electo papa Juan Pablo II, ofreciendo la mediación pontificia de la Santa Sede. Cuando esas dos circunstancias convergieron en cuestión de horas, ambos mandos militares aceptaron paralizar las hostilidades. Esta es la historia de aquella noche.

El origen: la disputa por el Canal Beagle y el Laudo de 1977

La raíz del conflicto se remontaba a las divergencias interpretativas del Tratado de Límites de 1881 entre Chile y Argentina, especialmente en lo relativo al trazado del Canal Beagle en su acceso al océano Atlántico y a la soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox (conocidas conjuntamente como las islas PNL) y sus islotes adyacentes proyectados hacia el Paso Drake.

Chile sostenía que el Canal Beagle discurría por el brazo norte y que las islas en disputa quedaban íntegramente al sur del canal bajo soberanía chilena. Argentina, en cambio, defendía una interpretación bioceánica según la cual las islas debían ser argentinas por proyectarse hacia el Atlántico, aplicando el principio doctrinario de que Chile era país del Pacífico y Argentina del Atlántico.

Para resolver la controversia, el 22 de julio de 1971 los presidentes Salvador Allende (Chile) y Alejandro Agustín Lanusse (Argentina) firmaron en Salta un compromiso arbitral que sometió la disputa al arbitraje formal de la Corona Británica, asistida por una corte especial de cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia. Tras seis años de sustanciación, el tribunal entregó su veredicto el 18 de febrero de 1977 y la reina Isabel II ratificó el Laudo Arbitral de 1977 el 2 de mayo del mismo año.

La sentencia fue clara: las islas Picton, Nueva y Lennox pertenecían a Chile, y la línea divisoria del canal se trazaba por el brazo norte. El fallo era jurídicamente inapelable.

La declaración de nulidad y el ascenso de los "halcones"

La dictadura militar argentina encabezada por el general Jorge Rafael Videla reaccionó con hostilidad frontal ante el fallo británico. Consideraba que la atribución insular a Chile quebrantaba el principio bioceánico y permitía a Santiago proyectar derechos soberanos sobre aguas atlánticas. El 25 de enero de 1978, el gobierno argentino formalizó su Declaración de Nulidad unilateral del laudo, calificándolo de viciado y carente de validez jurídica.

A lo largo de 1978 fracasaron dos rondas de negociación directa, convenidas en las cumbres de Mendoza y Puerto Montt. La delegación chilena, respaldada por la legalidad internacional, insistía en el cumplimiento de la sentencia. La delegación argentina condicionaba cualquier acuerdo a una solución política que le otorgara presencia territorial insular o al menos limitara la jurisdicción marítima chilena.

La frustración diplomática empoderó dentro de la Junta Militar argentina al sector conocido como "los halcones", integrado por los generales Luciano Benjamín Menéndez y Leopoldo Fortunato Galtieri, y por los almirantes Emilio Eduardo Massera y Carlos Guillermo Suárez Mason. Este grupo se impuso sobre los sectores moderados de la Junta y aprobó la ejecución del plan que había estado en la mesa desde meses atrás: la Operación Soberanía.

Operación Soberanía: el plan militar argentino

La Operación Soberanía era una ofensiva estratégica de gran envergadura planificada para ejecutarse durante la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978. El plan contemplaba tres ejes de acción simultáneos.

Primero, el asalto anfibio. La Flota de Mar y la Infantería de Marina argentinas debían desembarcar sobre las islas Picton, Nueva, Lennox, Evout, Barnevelt y Hornos para tomar posesión física de los territorios disputados.

Segundo, la ofensiva aérea. Ataques aéreos masivos de la Fuerza Aérea Argentina buscarían destruir en tierra a la Fuerza Aérea de Chile en los aeródromos estratégicos del sur, para asegurar el dominio del espacio aéreo austral.

Tercero, las incursiones terrestres. Unidades blindadas del Ejército Argentino cruzarían la frontera continental hacia Punta Arenas y Puerto Williams en caso de que Chile ofreciera resistencia defensiva efectiva.

El objetivo militar era consumar los hechos en el terreno en cuestión de horas, antes de que la comunidad internacional pudiera reaccionar, y presentar posteriormente a Chile con un fait accompli irreversible.

El dispositivo defensivo chileno

El régimen militar chileno encabezado por Augusto Pinochet no se hacía ilusiones sobre las intenciones de la Junta argentina. La inteligencia militar chilena había detectado los movimientos de tropas y unidades navales, y desde meses antes había desplegado un dispositivo de contención y defensa en profundidad a lo largo de toda la frontera andina y los pasos fueguinos.

La Escuadra de la Armada de Chile fue dispuesta en posición de trabar combate naval de interdicción inmediata contra cualquier unidad argentina que intentara aproximarse a las islas disputadas. Se prepararon defensas antiaéreas en los aeródromos estratégicos, se posicionaron unidades del Ejército en pasos fronterizos críticos, y se activaron los sistemas de vigilancia y alerta temprana en todo el corredor austral.

En la práctica, ambos países habían llevado sus posiciones al límite. La menor chispa —un incidente fronterizo, un disparo accidental, una decisión precipitada de un comandante local— podía desencadenar en horas una guerra a gran escala entre las dos fuerzas armadas más poderosas del Cono Sur.

La convergencia providencial: el temporal y la carta

Durante las horas críticas de la madrugada del 21 al 22 de diciembre de 1978, mientras las flotas navegaban en posición de combate y los mandos militares esperaban la orden final de ejecución, ocurrieron simultáneamente dos hechos que ningún estratega había previsto.

El primero fue meteorológico. Un violento temporal austral se desencadenó en la zona del Cabo de Hornos. Vientos de fuerza extrema, marejadas ciclónicas y visibilidad reducida a mínimos operativos obligaron a la Flota de Mar argentina a ralentizar drásticamente sus maniobras anfibias. El asalto sobre las islas, que estaba previsto ejecutarse con precisión horaria, se vio comprometido en su factor operativo básico: la capacidad de acercar tropas y equipo al terreno objetivo bajo condiciones seguras. La ventana de oportunidad militar se estaba cerrando.

El segundo hecho fue diplomático. El papa Juan Pablo II —elegido apenas dos meses antes, el 16 de octubre de 1978, como el primer papa polaco de la historia— había sido alertado por las conferencias episcopales chilena y argentina, así como por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre la inminencia del conflicto armado. En cuestión de horas, la Santa Sede preparó y transmitió un mensaje formal a ambas capitales ofreciendo el envío de un representante personal del pontífice para evitar una guerra fratricida.

El mensaje llegó a Santiago y a Buenos Aires en un momento en el que ambos mandos militares comenzaban a percibir el costo real y potencialmente incontrolable de la escalada. En condiciones de temporal extremo en el escenario de operaciones, sin la ventaja de la sorpresa completa que dependía del calendario original, y ante una oferta de mediación pontificia que ninguna dictadura de tradición católica podía rechazar sin costo político devastador, ambos regímenes aceptaron.

El 22 de diciembre de 1978, Juan Pablo II anunció formalmente el envío de su representante personal. La operación militar quedó indefinidamente suspendida.

El Cardenal Samoré llega a Buenos Aires en Navidad

Para la misión de mediación, el pontífice designó al Cardenal Antonio Samoré, un diplomático italiano de amplia trayectoria en la Secretaría de Estado vaticana, respaldado por un equipo que incluía a monseñor Faustino Sainz Muñoz y monseñor Gabriel Montalvo. El Cardenal Samoré llegó a Buenos Aires el 25 de diciembre de 1978, en pleno día de Navidad, y comenzó de inmediato una intensa serie de consultas paralelas y reservadas en ambas capitales.

Tras dos semanas de gestiones, Samoré logró que los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos Sallato, y de Argentina, Carlos Washington Pastor, suscribieran el Acta de Montevideo el 8 de enero de 1979. El documento establecía tres compromisos vinculantes: el sometimiento formal e incondicional de la controversia a la mediación de la Santa Sede, la renuncia al uso o amenaza de la fuerza durante todo el proceso, y el repliegue estricto de los contingentes militares a las posiciones del statu quo ante bellum vigentes antes de 1977.

Con la firma del Acta de Montevideo, la crisis militar quedaba formalmente desactivada. Comenzaba una nueva fase, más larga y compleja: la de la mediación pontificia propiamente dicha, que se extendería durante los seis años siguientes hasta la firma definitiva del Tratado de Paz y Amistad en 1984.

La firma del tratado y el fin del último conflicto bélico entre ambos países

El proceso de mediación de la Santa Sede fue largo, técnicamente sofisticado y en varios momentos estuvo cerca del colapso. El Cardenal Samoré aplicó un método de compartimentación rigurosa: excluía las pretensiones antárticas para no interferir con el Tratado Antártico, disociaba las reivindicaciones territoriales de las delimitaciones marítimas y trabajaba mediante entrevistas bilaterales reservadas evitando las plenarias que solían exacerbar la confrontación.

En diciembre de 1980, Juan Pablo II presentó su Propuesta Papal de solución integral. Chile la aceptó formalmente el 8 de enero de 1981. Argentina la objetó y las negociaciones se paralizaron durante casi tres años, un período agravado por la muerte del Cardenal Samoré en febrero de 1983 y por la aventura militar del régimen del general Leopoldo Galtieri en las Islas Malvinas, que terminó con la derrota argentina en el Atlántico Sur y precipitó la caída de la dictadura.

La restauración democrática argentina bajo la presidencia de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 cambió por completo el escenario negociador. Alfonsín consideró prioritario cerrar el conflicto austral para consolidar el sistema democrático y aislar a los sectores golpistas residuales. Con nuevos cancilleres —Dante Caputo por Argentina y Jaime del Valle por Chile— y una propuesta técnica ajustada por la Santa Sede, las negociaciones se reactivaron en Roma.

En noviembre de 1984, Alfonsín convocó a un plebiscito popular no vinculante para legitimar la firma del tratado ante la resistencia de la oposición peronista. Fue el primer plebiscito de la historia democrática argentina. El 25 de noviembre de 1984, con una participación del 56% del electorado, el 81,13% de los sufragios válidos votó a favor del tratado.

Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984, los cancilleres de Chile y Argentina firmaron solemnemente en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad. Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en mayo de 1985.

Cuarenta y dos años sin volver al borde

Desde aquella noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, Chile y Argentina nunca más han estado en condiciones de riesgo de un conflicto armado directo. El Tratado de Paz y Amistad no solo resolvió el diferendo territorial y marítimo austral, sino que estableció un sistema permanente de solución pacífica de controversias, con etapas obligatorias de negociación directa, comisión de conciliación y tribunal arbitral, cuyos laudos son vinculantes, definitivos e inapelables.

La combinación imprevista de un temporal en el Cabo de Hornos y la iniciativa diplomática de un papa polaco recién electo evitó lo que habría sido, casi con certeza, la guerra convencional más devastadora entre países hispanoamericanos del siglo XX. Cuatro décadas después, aquellas islas Picton, Nueva y Lennox, cuya soberanía llevó a las dos flotas al borde del combate, siguen bajo dominio chileno, y los buques argentinos y chilenos que navegan los canales fueguinos lo hacen bajo un régimen de paso inocuo mutuamente reconocido.

Del asalto anfibio previsto para la madrugada de aquel diciembre austral solo quedaron los planes operativos archivados en los libros de historia militar, y la certeza compartida —tanto en Santiago como en Buenos Aires— de que la paz duradera entre dos vecinos con más de cinco mil kilómetros de frontera común no es un accidente, sino una decisión que hay que sostener cada día.