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Fiscalía y PDI allanan Centro de Justicia de Santiago por coimas y filtración de información de funcionario a banda criminal

¿Qué pasó?

Una inédita diligencia se desarrolla durante la mañana de este lunes en dependencias del Poder Judicial, en el marco de una investigación por una eventual filtración de información reservada a una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, durante la mañana funcionarios de unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la fiscal de San Bernardo Alejandra Vargas, concurrieron hasta dependencias del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, para ejecutar una orden de entrada y registro autorizada judicialmente.

La diligencia contempla además la detención de un funcionario de ese tribunal, quien se encuentra bajo investigación por su eventual participación en delitos de cohecho y otros ilícitos contemplados en la Ley 20.000.

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La sospecha de una filtración

Las diligencias son producto de un proceso investigativo desarrollado por la PDI junto a la Fiscalía Local de San Bernardo y que apunta a determinar una posible filtración de antecedentes judiciales hacia una organización criminal.

De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, el funcionario del Poder Judicial indagado habría tenido acceso a información relacionada con causas judiciales y presuntamente habría entregado antecedentes a integrantes de una organización criminal.

La hipótesis investigativa apunta, además, a que el funcionario habría recibido beneficios económicos a cambio de proporcionar esa información.

Precisamente ese eventual intercambio de antecedentes reservados por dinero es una de las circunstancias que busca esclarecer el Ministerio Público y que dio origen a las órdenes judiciales que fueron ejecutadas durante esta jornada.

Allanamientos simultáneos

El operativo no se limitará a las dependencias del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

De manera simultánea, equipos de la PDI concurrirán hasta dos domicilios vinculados al funcionario investigado, ubicados en las comunas de Santiago y San Bernardo.

En ambos inmuebles se ejecutarán las órdenes de entrada y registro decretadas en el marco de la causa, con el objetivo de obtener evidencia que permita determinar el alcance de las eventuales filtraciones, los antecedentes que habrían sido entregados y los posibles beneficios recibidos por el imputado.

Las órdenes fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de San Bernardo y forman parte de una investigación que se mantiene en desarrollo.