Pinchazos telefónicos, dispensario de Chicureo y una transferencia de $51 millones: las pruebas de Fiscalía contra Camilo Huerta
- Por Leslie Ayala | Mario Rosende | Mega Investiga
¿Qué pasó?
Vaporizadores con THC a $35 mil, una variedad de cannabis llamada "mimosa" a $36 mil, conversaciones sobre qué hacer si los pillaba Carabineros y la posibilidad de seguir con el negocio a través de una nueva empresa.
Esos son algunos de los antecedentes que aparecen en las escuchas telefónicas incorporadas a la investigación que tiene entre sus imputados a Camilo Huerta .
El Ministerio Público no lo sitúa como un personaje periférico dentro del caso, pese a que hoy cuando arribó a Santiago en un vuelo que venía desde Miami, y fue detenido, aseguró que todo era “un montaje”.
Ir a la siguiente notaMuy lejos de aquello, en la petición de orden de detención en su contra y entre las otras decenas de imputados relacionados a dispensarios de Marihuana que serán formalizados por tráfico, Huerta tiene un rol no menor. Según el texto al que accedió Mega Investiga, la Fiscalía de Aysén detalla que él era un personaje clave del Dispensario Nacional ubicado en Chicureo y su participación en la asociación criminal no habría sido menor.
El escrito señala textualmente que se le vincula a la estructura investigada "desempeñando funciones de administración, ejecución y facilitación en la cadena delictual, principalmente como encargado y operador del local Dispensario Nacional de Chicureo".
Según el mismo antecedente, esa función se habría extendido aproximadamente hasta agosto de 2025.
Para construir esa tesis, los investigadores tuvieron acceso durante meses al teléfono utilizado por Huerta, cuya interceptación fue autorizada judicialmente. Las conversaciones obtenidas fueron incorporadas a los informes policiales que sustentaron después las solicitudes de la Fiscalía.
Varias de ellas están directamente relacionadas con el funcionamiento cotidiano del establecimiento.
Vaporizadores con THC a $35 mil
Uno de los registros corresponde al 30 de mayo de 2025.
En esa comunicación, según consigna el documento, Huerta conversa con una persona no identificada respecto de vaporizadores que contenían THC. El informe lo describe así: "sostienen una conversación sobre vaporizadores con THC que son vendidos por un valor de $35.000 (treinta y cinco mil pesos), indicándole a su interlocutor la forma en que los debe registrar".
Para los investigadores, ese intercambio constituye uno de los antecedentes que permiten situarlo ejerciendo funciones administrativas dentro del establecimiento. El documento cierra el pasaje señalando que "demuestra su rol de administración de productos".
Ese mismo día quedó registrada otra llamada.
Esta vez Huerta conversó con un vendedor. El trabajador le habría transmitido las características de lo que buscaba un cliente y Huerta respondió recomendándole una variedad específica. El documento consigna: "Camilo le indica que el mejor producto conforme a las características que describe el cliente es una mimosa cuyo valor es de $36.000".
Según la Fiscalía, además le señaló al vendedor dónde se encontraba el producto y le explicó sus características. El propio escrito concluye que aquella comunicación reforzaba "su rol de administrador y encargado del recinto".
Candy Store, Apple Fritter y Apple Banana Candy
Otra conversación interceptada ese 30 de mayo tuvo como interlocutor a Gino Athens Athens, identificado en la causa como segundo en la cadena de mando de la organización.
Allí aparecen distintas variedades de cannabis comercializadas dentro del negocio. El documento menciona expresamente las cepas Candy Store, Apple Fritter y Apple Banana Candy, entre otras. También aparece un elemento relevante para los investigadores: el sistema Bsale utilizado para registrar productos y operaciones.
Según el informe, "Camilo es el responsable del funcionamiento de la tienda mientras que Gino supervisa el registro de pagos".
La lectura policial vuelve a apuntar hacia una función concreta de Huerta en la operación cotidiana del establecimiento, y no solo a una relación comercial externa con Dispensario Nacional.
La conversación sobre una fiscalización de Carabineros
Cinco días después se produjo otra comunicación que adquirió relevancia en la investigación.
Era el 4 de junio de 2025.
Huerta conversa con una persona cuya identidad no aparece establecida en el documento, y el tema es qué hacer si Carabineros fiscalizaba el establecimiento. El escrito señala que ambos conversan "sobre qué hacer ante alguna fiscalización de carabineros, atendido que no tiene patente ni ningún tipo de documentación".
Su interlocutor le indica que, si eso ocurría, debía llamar a Hernán Bocaz, abogado de la Corporación. También le recomienda ser "buena onda" con quienes llegaran a fiscalizar, y sostiene que las resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero pertenecientes a la Corporación bastarían para enfrentar la inspección.
Para la Fiscalía, el registro tiene una lectura concreta: "se refuerza su rol de encargado del local".
"Continuar con el negocio del Dispensario"
Hay una cuarta escucha en la carpeta investigativa que involucra directamente a Huerta y que está fechada el 11 de agosto de 2025.
Esta vez vuelve a conversar con Gino Athens.
El registro resulta relevante porque en él se discute qué ocurriría con el negocio hacia adelante. Según el documento, "Camilo habla aspectos de continuar con el negocio del Dispensario, de crear una empresa real ya que conoce el giro".
La conversación se produce en medio de problemas vinculados a su pareja y de reclamos de un supermercado que, según el antecedente policial, no quería mantener aquel negocio cerca.
Los planes habrían llegado incluso a evaluar otra ubicación. El escrito sostiene que Huerta enviaría los datos de un nuevo local, antecedentes que debían ser revisados por Andrés Astorga, identificado en la petición como líder de la organización.
Esa misma salida de la franquicia de Chicureo aparece registrada en otro tramo del expediente, a propósito de una llamada entre Andrés Astorga Rodríguez y su padre, Mario Astorga de Valenzuela, del 12 de agosto de 2025. Según la Fiscalía, ambos "revisan la situación del Dispensario de Chicureo, en particular la salida de la franquicia que mantenía Camilo Huerta Milo, analizando la firma de dicha salida, el estado del trámite legal con el abogado de María Teresa Matus y la mejor forma de resolver la contingencia judicial asociada a esa franquicia".
Es uno de los elementos que los investigadores usan para sostener que Huerta conocía el funcionamiento del modelo comercial, y que su participación no estaría circunscrita únicamente al período en que administró físicamente la sucursal.
La sociedad Grünwald
Pero las escuchas representan solo una parte de los antecedentes acumulados contra Huerta. El otro eje de la investigación es financiero.
Durante las diligencias, el equipo especializado en lavado de activos del OS7 analizó la cuenta corriente que mantenía DN Medcorp en el Banco Santander y reconstruyó una serie de transferencias hacia personas y sociedades vinculadas a los distintos investigados.
En el caso de Camilo Huerta apareció Grünwald SpA.
La sociedad había sido constituida por él el 22 de octubre de 2024, en la comuna de Ñuñoa. Su objeto social era amplio: incluía actividades de cinematografía, radio, televisión y entretenimiento, servicios profesionales, comercio, actividades vinculadas a la salud humana y operaciones relacionadas con productos naturales, medicina alternativa y complementaria.
Huerta suscribió la totalidad de las cien acciones en que se dividió el capital inicial de un millón de pesos, y quedó además como gerente general y representante de la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos.
Fue hacia esa sociedad que los investigadores detectaron movimientos provenientes de DN Medcorp.
$51.266.785 transferidos a Grünwald SpA
El documento cita expresamente el informe policial N°1451, elaborado el 30 de abril de 2026 por el equipo de lavado de activos del OS7. Su conclusión respecto de Huerta es directa: "Camilo Alberto Huerta Milos figura como receptor un total de $51.266.785 a través de la sociedad Grünwald SpA".
El dinero, según la investigación, salió de la cuenta bancaria de DN Medcorp durante el período sometido a análisis.
En otro apartado del mismo escrito, al detallar las sociedades relacionadas con los imputados, la Fiscalía vuelve sobre Grünwald y describe la empresa como un vehículo societario "utilizada para la recepción de activos provenientes del tráfico de drogas".
Se trata, hasta ahora, de una tesis investigativa que deberá ser discutida durante el proceso judicial.
La conclusión de la Fiscalía
Después de detallar las interceptaciones y el análisis financiero, el documento contiene una conclusión específica respecto de Huerta.
El Ministerio Público sostiene que existen "presunciones fundadas" de su participación, y afirma que habría intervenido directamente en el funcionamiento del local de Chicureo. Textualmente, el escrito señala que "participa en la organización criminal administrando y explotando directamente la sucursal de Chicureo," interviniendo "en su gestión comercial, en la apropiación de utilidades, y además en decisiones relativas al movimiento y destino de stock de cannabis" dentro de la red de Dispensario Nacional.
Sobre esa base, la Fiscalía mantiene a Camilo Huerta investigado por asociación ilícita para el tráfico de drogas, del artículo 16 número 2 de la Ley 20.000; tráfico de drogas, del artículo 3 de la misma ley, y lavado de activos, del artículo 27 de la Ley 19.913.
Su nombre figura entre las personas respecto de las cuales el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, solicitó orden de detención con el propósito de llevarlas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y formalizar la investigación este martes, junto a otros 70 imputados.
La imputación que la Fiscalía pretende sostener contra Camilo Huerta descansa así en tres grupos de antecedentes: las conversaciones registradas mediante interceptaciones judiciales, su rol administrativo en Dispensario Nacional de Chicureo y los $51,2 millones que DN Medcorp transfirió a Grünwald SpA. Todos ellos deberán ser confrontados con la versión y los antecedentes que presente la defensa ante el tribunal.
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