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Contraloría frena reglamento de Ley Uber: Apuntan a deficiencias en relación a los cambios que pretende Louis de Grange

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República decidió no dar curso al reglamento de la Ley Uber presentado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al detectar observaciones relacionadas con la fundamentación de los cambios.

El organismo fiscalizador, según Radio Bío Bío, observó una serie de deficiencias en el texto enviado por la cartera encabezada por el biministro Louis de Grange, entre ellas la ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos que respaldaran algunos cambios, además de la falta de un proceso de consulta pública para determinadas modificaciones.

La propuesta presentada por el Ministerio de Transportes había introducido cambios respecto del reglamento elaborado anteriormente, eliminando o flexibilizando algunas condiciones para la operación de vehículos asociados a plataformas digitales.

Los cuestionamientos de Contraloría

De acuerdo con el oficio emitido por Contraloría, las modificaciones propuestas disminuyen requisitos que actualmente se exigen para la prestación de servicios de transporte, sin que existan antecedentes suficientes que justifiquen dichas decisiones.

El organismo fiscalizador sostuvo:

"Se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción".

Entre los puntos cuestionados se encuentran ampliar la antigüedad máxima de operación de 12 a 15 años, así como la antigüedad mínima para su primera inscripción, que sube de 1 a 5 años, y, a su vez, se eliminan las exigencias sobre la mínima cilindrada y potencia del motor requerida actualmente.

La defensa del biministro

En abril pasado, Louis de Grange defendió las modificaciones, señalando que "la versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo. Afectaba en un 85%."

En esa línea, señaló: "Estas flexibilizaciones regulatorias que estamos impulsando de cara a mejorar la calidad del servicio por una parte y, por otra, a favorecer el empleo, porque yo creo que ayuda mucho a la política del gobierno de impulsar la economía".

Sin embargo, Contraloría concluyó que los argumentos entregados para respaldar esos cambios no quedaron suficientemente acreditados en el expediente remitido para su revisión.

Además, el organismo recordó que tanto la legislación vigente como su propia jurisprudencia exigen que las decisiones administrativas estén debidamente fundamentadas, con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o determinaciones que eventualmente "pudieran estimarse una desviación de poder".