Fiscalía pide hasta 17 años de cárcel para tres mujeres acusadas por red que enviaba chilenas a Corea para explotación sexual
- Por Mario Rosende
¿Qué pasó?
Una pena que puede llegar a los 17 años de cárcel está solicitando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para tres mujeres acusadas de integrar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual entre Chile y Corea del Sur.
La acusación, presentada por la fiscal Carolina Suazo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, sostiene que la red operó al menos desde fines de 2023 y que estaba encabezada por el ciudadano surcoreano Kyung Koo Byun, conocido como “Santiago Koo”, quien actualmente mantiene una orden de detención pendiente.
Junto a él fueron acusadas Bárbara Jasmine Reinoso Oyarzo, alias “Barby”; Tiare Romina Vega Barrientos, conocida como “Mami”; y Paulina Belén Barra Arévalo, todas actualmente en prisión preventiva.
Ir a la siguiente notaLa estructura de la organización
De acuerdo con la Fiscalía, la organización funcionaba bajo una estructura jerárquica en la que cada integrante cumplía funciones específicas. Mientras Kyung Koo Byun ejercía el liderazgo y decidía qué mujeres viajarían a Corea del Sur, las imputadas se encargaban de captar víctimas en Chile, coordinar los traslados, entregar instrucciones para el viaje y mantener el control sobre las mujeres una vez que estas llegaban a destino.
La acusación sostiene que las captadoras ofrecían oportunidades laborales en locales denominados “karaokes” en Corea del Sur. Para seleccionar a las víctimas, incluso enviaban fotografías de las mujeres en ropa interior al presunto líder de la organización. Una vez aprobadas, los pasajes eran financiados por Kyung Koo Byun y enviados digitalmente a las víctimas.
Antes de viajar, las mujeres debían memorizar una historia falsa para enfrentar eventuales controles migratorios.
Según el escrito acusatorio, las imputadas instruían a las víctimas para que dijeran que viajaban por turismo, que estaban de vacaciones y que nunca reconocieran que iban a trabajar. También debían justificar quién había financiado los pasajes y ocultar cualquier vínculo con la organización.
“Si no lo hacían, no recibían dinero”
La Fiscalía sostiene que, una vez en Corea del Sur, las víctimas eran recibidas por integrantes de la organización y distribuidas en distintas ciudades, entre ellas Seúl, Ansan, Ulsan, Gyeongju, Gimhae, Pohang y la isla de Jeju.
Allí trabajaban en karaokes donde debían cantar, servir alcohol y atender clientes masculinos. Sin embargo, la acusación agrega que las mujeres eran presionadas para mantener relaciones sexuales con los clientes debido a la deuda adquirida por el viaje.
“Les señalan a las víctimas que mantener relaciones sexuales con clientes supuestamente sería opcional, sin embargo, son presionadas para ello, puesto que si no lo hacen no ganan dinero y no pueden pagar la deuda adquirida al momento de viajar”, sostiene la Fiscalía.
El Ministerio Público agrega que algunas víctimas incluso habrían sufrido amenazas y castigos cuando se negaban a prestar servicios sexuales, incluyendo restricciones para acceder a clientes o amenazas de violencia física.
Al menos 20 víctimas
La acusación afirma que la organización habría captado, trasladado, recibido y acogido con fines de explotación sexual a “al menos 20 víctimas chilenas”, obteniendo ganancias económicas producto de dicha actividad.
El escrito identifica distintos grupos de víctimas que habrían viajado entre mayo de 2024 y junio de 2025. En algunos casos, las mujeres fueron trasladadas a la isla de Jeju; en otros, a ciudades como Ansan, Ulsan o Gyeongju, donde debían trabajar para saldar la deuda contraída por los pasajes financiados por la organización.
La Fiscalía sostiene además que las captadoras recibían una doble comisión: una pagada por la organización y otra que debía ser cancelada por las propias víctimas una vez comenzado el trabajo en Corea del Sur. El monto alcanzaría aproximadamente los $500 mil por persona.
Las penas solicitadas
Uno de los elementos más relevantes de la acusación son las penas solicitadas por el Ministerio Público.
Por el delito de asociación criminal, la Fiscalía pide que las tres acusadas sean condenadas a cuatro años de presidio menor en su grado máximo.
A ello se suma una solicitud de 13 años de reclusión mayor en su grado medio por los delitos reiterados de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, se solicita una multa de 100 UTM para cada una de las acusadas.
En total, la Fiscalía busca que cada una de las imputadas reciba una condena de 17 años de privación de libertad, además de las accesorias legales, el comiso de especies incautadas y el pago de costas.
La causa deberá ahora avanzar a la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que se discutirán las pruebas que serán presentadas ante el tribunal. Entre ellas figuran decenas de declaraciones de víctimas, interceptaciones telefónicas, antecedentes migratorios, movimientos bancarios, registros de vuelos internacionales y evidencia obtenida en allanamientos.
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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