Detienen a banda liderada por menor de edad que intentaba huir a Argentina: Asaltaron a juez y exhibían armas en redes
¿Qué pasó?
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en coordinación con la Fiscalía, desarticuló una violenta banda de asaltantes que operaba bajo la modalidad de turbazos en la zona sur de la Región Metropolitana. El grupo, integrado principalmente por menores de edad y tres adultos, fue detenido cuando intentaba abandonar el país a través del paso fronterizo Los Libertadores, rumbo a Argentina y con planes de continuar hacia Brasil.
Su captura puso fin a meses de investigación y a una serie de al menos nueve robos violentos en las comunas de San Bernardo, Buin y Puente Alto.
Robo a juez de familia de San Fernando
El hecho que activó las alarmas de las autoridades fue un violento turbazo ocurrido el 9 de noviembre de 2025 en el domicilio de un juez de familia de San Fernando, ubicado en la comuna de Buin. Los asaltantes llegaron en un vehículo previamente robado, ingresaron armados y con el rostro cubierto, y amenazaron a los moradores, entre ellos a una menor de 14 años, hija del matrimonio. La víctima relató que uno de los sujetos, quien portaba una máscara tipo anónimo y una pistola, la condujo a su dormitorio para exigirle el dinero en efectivo. Los delincuentes huyeron con numerosas especies de valor a bordo del propio auto de las víctimas.
Ir a la siguiente notaLa similitud del modus operandi con otros robos anteriores encendió las alertas de la PDI y el Ministerio Público, quienes iniciaron un seguimiento sistemático. Mediante la revisión de cámaras de seguridad, el análisis de pórticos de autopistas y técnicas de georreferenciación —incluyendo la ubicación GPS de dispositivos tecnológicos sustraídos como teléfonos celulares, notebooks y audífonos— los investigadores lograron determinar que el vehículo robado al juez había sido utilizado en varios delitos posteriores. Las diligencias apuntaron a un domicilio de interés en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.
Las redes sociales jugaron un papel determinante en la identificación de los integrantes de la banda. A través de una minuciosa revisión de perfiles de Instagram, la PDI logró individualizar a tres miembros que se hacían llamar "Ronaldinho", "N Ignacio" y "El Chico Dylan". En dichas cuentas, los sujetos se jactaban de sus delitos y exhibían su poder de fuego, práctica que, según los expertos, les otorga reconocimiento y estatus dentro del ambiente delictual, además de acceso a beneficios materiales como drogas y vehículos de lujo.
Con la autorización de la Fiscalía, la PDI ejecutó una orden de entrada y registro en el domicilio de Bajos de Mena. El allanamiento permitió recuperar especies asociadas a los nueve turbazos investigados, entre ellas objetos pertenecientes al juez de familia y máscaras de Halloween utilizadas para ocultar la identidad de los delincuentes durante los asaltos. No obstante, en ese momento no se encontraron las armas de fuego empleadas en los robos, ni tampoco los miembros de la banda, quienes ya habían huido del lugar al tomar conocimiento del operativo en su contra.
Alertados por el allanamiento, cuatro integrantes de la agrupación decidieron escapar del país. Viajaron hasta el paso fronterizo Los Libertadores, donde intentaron eludir el control migratorio bajándose del vehículo antes de llegar al puesto fronterizo chileno. Sin embargo, al presentar sus documentos en el control argentino, las autoridades trasandinas detectaron que uno de los imputados portaba una cédula de identidad que no correspondía a sus rasgos morfológicos. El grupo fue devuelto al lado chileno, donde la PDI los detuvo: dos de los cuatro mantenían órdenes de detención vigentes. Diligencias posteriores confirmaron que se trataba de los integrantes que habían estado siendo seguidos durante semanas.
La investigación estableció que la banda estaba compuesta por cinco personas —dos menores de edad y tres adultos— y que su líder era un menor de 17 años, quien elegía los domicilios a asaltar y coordinaba las acciones al interior de cada vivienda desde el asiento del copiloto.
Se estima que cada delito les reportaba ganancias cercanas a los 15 millones de pesos. Los cuatro detenidos fueron formalizados por robo en lugar habitado y robo con intimidación. La investigación cuenta con 90 días para acreditar su participación en los hechos. Los tres adultos arriesgan penas de hasta 20 años de cárcel, mientras que los menores podrían enfrentar hasta 10 años de reclusión. Un quinto integrante permanece prófugo y es activamente buscado por la PDI.
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