"Para eso querían los contactos": Testigo clave vincula bases de datos del caso Lavín León con la campaña presidencial de su padre
- Por Leslie Ayala | Mario Rosende | Mega Investiga
Mientras Joaquín Lavín León ha guardado estricto silencio, desde que dejó el Congreso, la Fiscalía Oriente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes de la Municipalidad de Maipú trabajan intensamente en la audiencia que se desarrollará el 4 de mayo. Ese día, el exdiputado UDI deberá enfrentar a la justicia por delitos vinculados a presuntos actos de corrupción mientras ejerció en el parlamento.
Los acusadores alistan una batería de pruebas recopilada durante dos años en la que le atribuirán un daño fiscal de $104 millones, ya que le imputan haber usado sus asignaciones parlamentarias como una especie de “caja chica”, rindiendo ante el Congreso facturas que en algunos casos correspondían a servicios que nunca existieron. Pero eso no es todo, al fraude al fisco se le sumará tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El Ministerio Público y los querellantes, aunque no lo han querido adelantar, evalúan pedir prisión preventiva.
Mega Investiga accedió, de forma exclusiva, a piezas clave del expediente judicial que se tramita en su contra. Entre ellas audios con la voz del exdiputado que serán ocupados durante esa jornada, además de una declaración clave y, hasta ahora, desconocida.
El exmilitante
Uno de los testimonios más explosivos de la causa lo entregó un ex militante de la UDI que colaboró con SocialTazk -la plataforma digital en el centro de la investigación- y que declaró ante la Fiscalía sobre la supuesta verdadera finalidad del proyecto.
SocialTazk era una plataforma digital desarrollada por la empresa Modo74, cuyo dueño, Felipe Vázquez, fue asesor parlamentario de Lavín León. El sistema permitía recopilar bases de datos de personas y enviarles mensajes de texto masivos. El Ministerio Público sostiene que el entonces diputado la financió con fondos públicos del Congreso, desviando asignaciones parlamentarias hacia un proyecto de uso electoral y personal.
Ante la pregunta de la fiscalía sobre el interés de Arnaldo Domínguez, mano derecha del diputado, y el propio Lavín León en las bases de datos recopiladas que se le solicitaban a los candidatos a cambio de servicios gratis de SocialTazk, el testigo clave respondió sin titubeos: "Yo creo que (era) armar una base de datos nacional de personas a quienes llamar. Y creo que el contexto, ahora que recuerdo, la finalidad era la campaña de Lavín padre como presidente. Para eso querían los contactos. Para la campaña electoral de Joaquín Lavín Infante".
La defensa de la familia Lavín rechaza esa interpretación. En una declaración entregada a Mega Investiga, sostiene que ese testimonio corresponde a una mera especulación que no encuentra respaldo en los testimonios de otros testigos que han declarado a su respecto, y descarta de plano que la aplicación utilizada por el ex diputado para su trabajo parlamentario haya tenido fines electorales, señalando que no existe prueba alguna a ese respecto.
“Han fabricado prueba”
El miércoles 22 de abril, Lavín León salió de su casa en la comuna de Peñaflor. Lo esperaba un equipo de Mega Investiga. Desde el 11 de marzo -cuando dejó de ser diputado- había guardado silencio público respecto a la investigación, sin embargo decidió hablar en exclusiva con nuestro medio.
Ante la pregunta de cómo estaba y se preparaba para la audiencia del 4 de mayo, respondió que “estoy bien, tanto el Ministerio Público como Tomás Vodanovic han hecho grandes esfuerzos por fabricar delitos. Esta es una causa absolutamente fabricada, inventada, y tenemos todos los antecedentes para demostrar que siempre se actuó bien”.
Cuonsultado por los antecedentes concretos en su contra, respondió que no hay sustento. “Pero bueno, para eso está la justicia y esperemos que eso se resuelva. Va a ser largo, va a ser duro, pero finalmente sé que esto va a resultar bien”.
Lo cierto es, y así lo sostienen diversos intervinientes, que esta causa no habría llegado a este punto sin que antes existiera otra investigación: la que se sigue en contra de su esposa, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Hasta la fecha, Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco y arriesga 23 años de cárcel. Fue precisamente en esa indagatoria donde los investigadores encontraron la primera hebra que vinculó en supuestos delitos al entonces congresista.
“Es una causa que surge y se separa de la investigación de la municipalidad de Maipú”, explicó la fiscal de Alta Complejidad de la zona Oriente Constanza Encina.
“Esto, ya que existe un hecho, a nuestro juicio, constitutivo de tráfico de influencias por parte del diputado en el distrito 8. Pero además, a raíz de esa investigación, se pudieron arribar a otros antecedentes que fueron recabados en una diligencia de entrada y registro al Congreso, donde pudimos obtener información sobre asignaciones parlamentarias que habría obtenido de manera fraudulenta con facturas falsas”, apuntó la investigadora.
En octubre de 2024, la fiscal Encina y la PDI allanaron la oficina parlamentaria de Lavín en el Congreso y su domicilio. Lo que comenzó como una investigación reservada quedó al descubierto en cuestión de horas.
“Alcalde en las sombras”
El rol del exdiputado en el municipio que encabezaba su esposa es uno de los ejes del caso. Según el abogado José Pedro Silva, querellante en representación del alcalde Tomás Vodanovic, “Hay testimonios de múltiples funcionarios que señalaban que Joaquín Lavín era el alcalde en las sombras, que ejercía influencia sobre muchos de ellos. Fue gracias a él que muchos llegaron a la municipalidad por haber participado en la campaña de la alcaldesa y del ex diputado”, dijo a Mega Investiga.
Uno de los testimonios que figura en el expediente judicial es el de Andrés Vargas Muñoz, militante de la UDI durante seis años, quien llegó a trabajar al municipio. En su declaración ante la Fiscalía, relató que Lavín León le dijo directamente: “Yo sé todo lo que pasa en la muni. No hay hormiga que se mueva en Maipú sin que yo sepa”. Y –según esta versión- agregó que si Vargas estaba trabajando allí, era por gestión de él, y que él elegiría a los próximos concejales.
Entre los antecedentes hay cientos de correos electrónicos, mensajes y una planilla Excel donde se definían los nombres de trabajadores que serían despedidos por razones políticas. Pero hay además una arista tecnológica que conecta el municipio, el Congreso y una plataforma digital creada para recopilar bases de datos electorales.
Modo 74 y SocialTazk
En abril de 2021, el entonces diputado Lavín envió un mensaje de audio a sus asesores. Mega Investiga accedió a esa grabación. Es la primera vez que se escucha su voz en el contexto de esta investigación:
“Hola a todos, ¿cómo están? Lo primero, quisiera felicitarlos a todos porque hoy día pasamos los 400.000 contactos en nuestra base de datos, que era nuestra meta inicial. Así que les agradezco su trabajo y todo el esfuerzo que han puesto en esto. Créanme que es muy importante lo que estamos haciendo para lo que viene durante este año”.
400.000 contactos llegó a tener la plataforma baurizada como SocialTazk y que fue desarrollada por la empresa Modo74. Según el Ministerio Público, Lavín financió el proyecto con fondos del Congreso.
En otro audio obtenido por esta investigación, quien habla es Arnaldo Domínguez –histórico asesor parlamentario de Lavín, quien también será formalizado-, ahí se le escucha enviándole un mensaje de voz a una militante de la UDI sobre los alcances del sistema.
“Lo que pasa es que hay un grupo de empresarios que financian las campañas políticas y nosotros, hace cuatro años atrás, creamos sistemas para administrar bases de datos y enviar mensajes de texto. Te puedo ofrecer lo mismo a ti, o tengo mucha, mucha, mucha base de datos de Maipú”.
El nombre de Joaquín Lavín Infante aparece además en un informe de la Contraloría, incorporado a la investigación, que detalla la facturación de Modo74. Según ese documento, firmado el 12 de septiembre de 2025 por funcionarios de la División de Fiscalización en comisión de servicio en el Ministerio Público, Lavín León fue el principal cliente de la empresa: se le emitieron 198 documentos tributarios desde febrero de 2018 hasta junio de 2025, por un total de $115 millones 501 mil 910, lo que representa el 58% de la facturación total de Modo74.
En paralelo, su cónyuge, Cathy Barriga Guerra, aparece con una facturación de $10 millones y su padre, Joaquín Lavín Infante, con $3 millones. Considerando la facturación atribuible al ex diputado y a su núcleo familiar, el informe establece que esta representa aproximadamente el 64% del total de ventas de la empresa.
El mismo informe concluye que todos los demás clientes de Modo74 -entre ellos parlamentarios de la UDI- contrataron el servicio por recomendación o influencia directa de Lavín León. Así lo corroboran sus propias declaraciones ante la Fiscalía. El diputado Juan Manuel Fuenzalida señaló que fue el propio Lavín quien lo puso en contacto con Felipe Vázquez, dueño de Modo74, en enero de 2022.
El senador Sergio Gahona declaró que fue Jaime Bellolio quien le mostró el software, pero que le dijo que era Joaquín quien sabía cómo funcionaba, y que luego habló directamente con Lavín antes de contratar el servicio.
El ex diputado Osvaldo Urrutia relató que fue Lavín quien se lo mostró en su computador, catalogándolo como muy bueno. La ex diputada Sandra Amar declaró que fue el propio Lavín quien se le acercó en la sala de sesiones para mostrarle la plataforma. El diputado Renzo Trisotti recordó haber visto a un grupo de parlamentarios revisando el sistema a fines de 2018, y al ser preguntado sobre quién lo estaba mostrando porque ya lo tenía operativo, respondió: “Era Joaquín”.
Para la Fiscalía Oriente y querellantes este es un punto relevante. Y es que la empresa detrás de SocialTazk tiene un vínculo directo con el entonces diputado. Modo74 fue constituida en enero de 2018 por Felipe Vázquez Diéguez, quien ese mismo año ingresó como asesor de Lavín León en la Cámara de Diputados. Según el informe de Contraloría, Vázquez cobraba su sueldo al Congreso como asesor y al mismo tiempo facturaba al propio diputado a través de Modo74.
Peritaje telefónico
El fraude al fisco es el delito que más complica al ex parlamentario. Entre los antecedentes clave están los mensajes encontrados por la PDI en un peritaje al teléfono de Arnaldo Domínguez, enviados al dueño de la imprenta MMG y TotalPrint, Juan Silva Morales.
En uno de esos intercambios, Domínguez escribe:
“Tengo 600 lucas para facturar. Puede ser con fecha de hoy. Y a la Cámara de Diputados”. Silva responde que puede hacerlo con fecha de ese día, pero no de marzo. Domínguez cierra: “Eso es para amortiguar la deuda. En la glosa que diga que el trabajo fue entregado el viernes. Y que sean flyers media carta”.
En su cuarta y última declaración ante la Fiscalía, Silva Morales tuvo que dar explicaciones sobre esas conversaciones. Reconoció que en 2022 no había prestado servicios reales al ex diputado por las facturas rendidas al Congreso. “Esos flyers no corresponden a un diseño o producción mía. Son imágenes que ellos me iban enviando y me pedían que yo imprimiera dos o tres copias por cada lado y se las mandara para poder rendirlas con las facturas del año 2022. Yo seguí las instrucciones que me pedían. Arnaldo decía que para rendirlas necesitaba que yo lo hiciera. Sólo me interesaba que ellos me pagaran”.
El informe de Contraloría precisa el alcance de la irregularidad con la imprenta: entre los años 2017 y 2022, Lavín León rindió ante el Congreso facturas de MMG por servicios no prestados -cuatro en 2017 y diez en 2022- con el único propósito de saldar deudas personales con la empresa, derivadas de gastos de campaña electoral. El total de esas facturas asciende a $9 millones 470 mil. Adicionalmente, el informe constata que al menos cuatro facturas de MMG y una de la imprenta Gráfica Total Print fueron presentadas al Congreso con sus fechas de emisión adulteradas, con el objetivo de posibilitar su aprobación para reembolso.
Deslinda responsabilidad
Lavín León en su propia declaración ante la Fiscalía optó por responsabilizar a Domínguez por la forma en que se rendían los servicios de la imprenta. Sin embargo, para el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, esa defensa no es creíble. “No es plausible. Es contrario a toda lógica, especialmente cuando se entiende que los fondos no están a disposición de los asesores. Están a disposición del diputado, que tiene que manejarlos, controlarlos y rendirlos”, dijo el consejero del CDE Daniel Martorell a Mega Investiga.
El círculo de hierro
Mega Investiga fue en busca de los otros protagonistas de esta trama. Arnaldo Domínguez, quien renunció a su cargo de asesor parlamentario en 2025 en medio de la investigación y que respondió brevemente por teléfono. “Son imputaciones que yo no estaba haciendo. Pero no me interesa hablar por ahora, te lo agradezco”. Juan Silva Morales, dueño de la imprenta MMG, no respondió.
Para el abogado querellante José Pedro Silva, hay elementos suficientes para pedir las medidas cautelares más intensas que establece el ordenamiento jurídico. El CDE apunta en la misma dirección: la gravedad de los hechos, su reiteración y la cuantía de los montos son, según el legislador, fundamentos para una cautelar personal de la mayor intensidad. En la práctica, eso significa prisión preventiva.
El director Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien ha asesorado directamente la tramitación de esta indagatoria resume así la gravedad de este caso. “Se trata de un funcionario público, de elección popular, respecto de delitos que tienen pena de crimen. Estamos hablando de delitos de alta corrupción. Estoy seguro de que el Ministerio Público va a pedir la medida cautelar personal acorde a la gravedad de los delitos que va a formalizar”, apuntó sin adelantar lo que harían.
La fiscal Constaza Encina detalló además sobre una ampliación de la formalización que se ingresó hace unos días al tribunal. Y es que se decidió que el 4 de mayo se atribuirán nuevos delitos. “Hemos hecho una solicitud incluso de ampliar esta formalización respecto a nuevos delitos que tienen relación con la infracción de la ley electoral y justamente al uso del padrón con fines comerciales. Es decir, el uso de información de bases de datos que son de todos los chilenos”, detalló la investigadora.
La defensa de la familia Lavín, por su parte, reafirma la inexistencia de algún ilícito y sostiene que los delitos imputados son meras suposiciones construidas a partir de información tergiversada, lo que a su juicio será aclarado en la instancia judicial correspondiente.
El 4 de mayo, la justicia comenzará a resolver quién tiene razón.
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