Se complica el escenario para Lavín León: Fiscalía suma delitos electorales a su círculo de hierro por vender bases de datos

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago informando que en la audiencia de formalización del 4 de mayo —ya fijada para las 09:00 horas— el Ministerio Público ampliará los cargos contra tres de los cuatro imputados de la causa.

Los nuevos delitos corresponden a infracciones a la Ley Orgánica Constitucional N°18.556 sobre el sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, específicamente las figuras de los artículos 54 N°4 y 55 N°4. Según fuentes conocedoras de la investigación, los hechos que sustentan esos cargos se relacionan con la venta de bases de datos del padrón electoral.

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Quiénes enfrentan los nuevos cargos

Arnaldo Emiliano Domínguez Vallejos, exasesor parlamentario de Lavín León, es el más expuesto en esta ampliación: además de los delitos electorales, se le imputará falsificación de instrumento privado mercantil. El escrito sitúa los hechos entre 2015 y 2025, en las dependencias de Manuel Antonio Tocornal N°1912 —domicilio vinculado al entorno parlamentario en la causa— y en el Congreso Nacional de Valparaíso.

Felipe Andrés Vázquez Diéguez, empresario informático ya imputado, enfrentará únicamente los delitos electorales por hechos ocurridos entre 2018 y 2026 en su domicilio de La Florida.

A Juan Alberto Silva Morales se le agregarán delitos reiterados de falsificación de instrumento privado mercantil cometidos entre 2015 y 2022 en el mismo domicilio de Tocornal.

El negocio de las bases de datos

El trasfondo de los delitos electorales tiene raíces en el corazón de la investigación. Según el escrito de desafuero presentado ante la Corte de Apelaciones, Lavín León ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional durante 2020 y 2021, creándoles cuentas de acceso y enviando mensajería de campaña de forma gratuita, pero a cambio de quedarse con las bases de datos de todos esos candidatos y funcionarios públicos. Los servicios de esa aplicación, financiada con fondos fiscales, se entregaban a cambio de información privada de millones de personas que los candidatos habían obtenido en el ejercicio de sus funciones públicas.

Uno de los testigos de la investigación, el exmilitante UDI y excandidato a alcalde de Chiloé Aliro Caimapo, relató haber sido contactado por el equipo del diputado y que la plataforma se ofrecía de forma gratuita a cambio de proporcionar las bases de datos de la comuna en que cada candidato postulaba, incluyendo juntas de vecinos, clubes deportivos y organizaciones de adultos mayores, entre otras.

La Fiscalía también estableció que Lavín León instruyó a la totalidad de sus asesores parlamentarios a destinar su jornada laboral en el Congreso a ingresar y validar en la plataforma las bases de datos aportadas por los candidatos UDI, lo que generó una defraudación al fisco que ascendería a más de $93 millones.

El esquema no se habría limitado al ámbito político inmediato. El Ministerio Público sostuvo que el desarrollo de la aplicación estuvo concebido desde un inicio para obtener beneficios económicos y societarios para el propio imputado y otros miembros de su familia, entre ellos sus hermanos Juan Pablo y María Estela Lavín León, vinculados a una empresa dedicada al desarrollo de encuestas y estudios de mercado.

El caso hasta ahora

La causa se originó en la investigación por fraude al fisco seguida contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, de la que se desprendió una indagatoria separada contra su cónyuge, el exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI). En marzo pasado, la Corte Suprema ratificó el desafuero del entonces parlamentario, allanando el camino para la formalización fijada para el 4 de mayo.

Los cargos centrales contra Lavín León incluyen, además del capítulo de la plataforma, perjuicios por al menos $104 millones vinculados a facturas ideológicamente falsas presentadas al Congreso entre 2015 y 2024 para financiar campañas y proyectos políticos de su partido. A eso se suma el rol de “alcalde en las sombras” que le atribuye la Fiscalía durante la administración de Barriga en Maipú, valiéndose de su posición como diputado del distrito para influir en funcionarios municipales en favor de sus intereses.

Son querellantes en la causa el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú. Con los nuevos cargos electorales, el espectro delictivo de la causa se extiende ahora a tres de los cuatro imputados más cercanos al exdiputado.

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