Informe PDI apunta a eventual tráfico de influencias en gestiones de Cariola por empresario chino
- Por Mario Rosende | Leslie Ayala | Mega Investiga
La Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (BRIAC) de la PDI entregó a la Fiscalía Regional de Coquimbo un informe policial de 94 páginas y más de 60 anexos que concluye que las gestiones realizadas por la entonces diputada y hoy senadora Karol Cariola ante la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, en enero de 2022, para impulsar la renovación de las patentes de alcohol del local comercial Chinamart configuran elementos compatibles con el delito de tráfico de influencias.
El local pertenece al empresario chino Bo Yang —conocido como Emilio Yang—, a quien Cariola se refería como "amigo" en los mensajes de WhatsApp recuperados desde el teléfono de Hassler mediante pericias forenses.
A la declaración como imputada de Cariola —dada a conocer por Mega Investiga— se suma ahora este informe policial que ya está en manos del Ministerio Público, que en los próximos días deberá adoptar resoluciones. Lo más relevante del documento es que la PDI concluye expresamente que las intervenciones de la parlamentaria dieron origen a actos administrativos excepcionales al interior de la Municipalidad de Santiago, orientados a revertir una decisión que el Concejo Municipal ya había adoptado.
Esa conclusión, consignada en la página 84 del informe, es la que instala con mayor fuerza la figura del presunto tráfico de influencias que se investiga en la causa.
Ir a la siguiente notaGestiones insistentes de una diputada
La conclusión de la PDI sobre el impacto de las gestiones de Cariola es una de las más contundentes del informe. La BRIAC estableció que, si bien las gestiones de la diputada "no modificaron la decisión inicial adoptada por el Concejo Municipal, el análisis conjunto de los antecedentes administrativos, las comunicaciones y las declaraciones policiales voluntarias permitieron establecer que dichas intervenciones dieron origen a actos administrativos excepcionales, los cuales se prolongaron hasta el año 2023, orientados a obtener la renovación de las patentes de alcohol de Chinamart Ltda., sobre las cuales, previamente el Concejo Municipal ya había resuelto no renovar, sin lograr cambiar esta decisión debido a los antecedentes desfavorables levantados durante la extensión del proceso."
En otras palabras, para la policía civil las gestiones de la parlamentaria no fueron inocuas: activaron una cadena de actuaciones municipales extraordinarias que mantuvieron artificialmente vivo un procedimiento que ya tenía resolución definitiva.
El mecanismo de esa cadena quedó documentado con precisión en el mismo informe. La BRIAC estableció que, a raíz de la ayuda solicitada por Cariola a Hassler, "esta última instruyó directamente al funcionario municipal Reynaldo Morales Lagos intervenir en el levantamiento de información del procedimiento, a fin de revisar la situación del contribuyente, contactar a la Subdirección de Rentas y explorar alternativas administrativas que permitieran reactivar la tramitación de una renovación ya rechazada por el Concejo Municipal."
Sobre ese punto, los investigadores destacaron que la declaración voluntaria de Morales Lagos, del 23 de junio de 2025, "resulta relevante, toda vez que confirma que su intervención se produjo por instrucción directa de la alcaldesa y que ésta le señaló expresamente que las consultas se originaban en requerimientos formulados por la diputada Cariola." El propio funcionario reconoció además que la parlamentaria lo contactó directamente vía WhatsApp de manera excepcional para consultar sobre mecanismos de apelación, "señalando que nunca antes otro parlamentario le había efectuado solicitudes de esta naturaleza."
La intervención de Cariola
En el apartado de resultados del Objetivo N°4, la PDI fue categórica: el análisis cronológico y comparado de los antecedentes administrativos municipales, junto con el examen de las conversaciones sostenidas entre los días 19 y 24 de enero de 2022, "permitió establecer que dichas comunicaciones se produjeron con posterioridad a que el Concejo Municipal de Santiago, en sesión de fecha 12 de enero de 2022, ya hubiese resuelto la NO RENOVACIÓN de las patentes de alcohol."
Pese a ello, Cariola envió mensajes insistentes a Hassler los días 18, 19, 20 y 24 de ese mismo mes, solicitando su intervención para salvar la patente del "amigo empresario chino."
La entonces alcaldesa, con pleno conocimiento del estado jurídico-administrativo del caso, instruyó al funcionario Morales Lagos para revisar la situación del contribuyente, contactar a la Subdirección de Rentas y explorar alternativas que permitieran reactivar una tramitación ya rechazada.
Esa cadena de intervenciones derivó en pronunciamientos jurídicos internos de la Municipalidad de Santiago que, según la PDI, permitieron que los expedientes de las patentes de Chinamart continuaran su tramitación durante 2022 y 2023 "en un contexto excepcional y con posterioridad a una decisión ya resuelta por el Consejo Municipal."
Los imputados que callaron
Uno de los elementos que la Fiscalía deberá ponderar es que los otros dos imputados en la causa —el empresario chino Bo Yang y Jorge Patricio Cárcamo Castro, conocido en las conversaciones recuperadas como "Juanito González"— se acogieron a su derecho a guardar silencio en todas las instancias en que fueron contactados, tanto ellos como sus abogados defensores. El informe consigna que "en todas las comunicaciones sostenidas con ellos y/o abogados defensores, manifestaron su decisión de acogerse a su derecho a guardar silencio."
Cárcamo Castro, militante del Partido Comunista identificado como el nexo que facilitó el vínculo entre Cariola, Hassler y Yang, no entregó ninguna versión sobre su rol en los hechos investigados. La PDI estableció que actuó "como nexo entre la diputada Cariola Oliva, la entonces alcaldesa Hassler Jacob y el interesado en la regularización del local comercial, facilitando la comunicación entre las partes", precisando además que los antecedentes recopilados permiten establecer que "dicho individuo sería correligionario de ambos, al mantener militancia en el Partido Comunista.
Juan Carlos Manríquez, defensor de la senadora, sostuvo que las conclusiones de la PDI serían meras interpretaciones no categóricas atribuidas al oficial investigador, con expresiones amplias, más no la determinación de un delito. “Además desde lo penal, los actos de trámite no son terminales y no puede haber tráfico de influencia sin interés patrimonial, lo que no existe en este caso. El informe no entrega una conclusión categórica y no establece delito ni culpabilidad” dijo a Mega.
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