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Excarabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai solicita indulto al Presidente Kast

¿Qué pasó?

La defensa de Patricio Maturana, excarabinero condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai, dio un nuevo paso en busca de un indulto particular. Su abogada, Nubia Vivanco, ingresó la solicitud ante el Ministerio de Justicia, en medio de gestiones paralelas en tribunales por los beneficios penitenciarios del exuniformado.

Presentación del indulto

El trámite se concretó el pasado 12 de marzo, cuando la abogada llegó hasta la Oficina de Partes de la cartera para dejar el documento que inicia el proceso administrativo. Ese mismo día, también acudió al Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde se discutía la continuidad del beneficio de salida dominical otorgado por Gendarmería de Chile.

“Luego de defendernos en el tribunal ante el brutal embate de Campillai en contra del beneficio obtenido y con la tranquilidad de que haya quedado establecido que dicho beneficio se obtuvo conforme a derecho, presentamos también la solicitud de indulto”, señaló en conversación con La Tercera.

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El tribunal rechazó la solicitud de la senadora, validando la legalidad del beneficio penitenciario, lo que permitió a la defensa avanzar con la presentación del indulto.

Tramitación y criterios

Ahora, la solicitud quedó en manos de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, encargada de revisar los antecedentes conforme al reglamento vigente para este tipo de beneficios.

Desde el Ejecutivo se ha definido que el uso de esta facultad presidencial estará enfocado, en una primera etapa, en agentes del Estado que cumplen condenas por hechos vinculados al estallido social, incluyendo funcionarios de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas.

El análisis de cada caso se realizará de manera individual, considerando los antecedentes judiciales y administrativos, siempre que exista una solicitud formal por parte de los condenados.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, actualmente hay 14 funcionarios condenados que cumplen penas de cárcel efectiva, en su mayoría por delitos como apremios ilegítimos o tortura. Todos los casos han sido revisados en distintas instancias judiciales, incluyendo tribunales de alzada y la Corte Suprema.

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