Reelección contra las cuerdas: El complejo escenario judicial que complica a los gobernadores por Caso Convenios
El lunes de esta semana los consejeros regionales de Arica recibieron una notificación. El secretario del Gobierno Regional les informó que la PDI había solicitado los correos de cada uno de ellos para comunicarles que, en los próximos días, serían citados a declarar en el marco del Caso Convenios.
El Gobierno Regional de Arica, al mando de Jorge Díaz (DC), mantiene indagatorias abiertas por convenios con fundaciones, entre ellas, Fundor, una organización ubicada en Coquimbo con la que firmó un proyecto por más de $2 mil millones. También con la Fundación Valcar, contrato que pese a estar bajo la mira de la fiscalía el gobernador insiste mantener, tal como lo reveló Mega Investiga hace unos días.
Esta es solo una de las tantas medidas que ha tomado el Ministerio Público a raíz del Caso Convenios, el cual mantiene abiertas investigaciones en al menos 10 de los 16 gobiernos regionales del país. Junto con esto, la Contraloría auditó a nueve gores y en la mayoría de los casos envió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la fiscalía.
Aquella trama judicial marcará la elección de gobernadores regionales que se llevará a cabo el 27 de octubre de 2024, que será la segunda vez que la ciudadanía escogerá a la máxima autoridad regional. En 2021 el escenario era muy distinto, los gobernadores llegaban a las elecciones como una señal de descentralización y de mayor autonomía para las regiones, en reemplazo de los intendentes, quienes eran designados por el presidente de turno.
El complejo escenario judicial no ha sido impedimento —hasta el momento— para que al menos diez gobernadores hayan confirmado su interés de presentarse a la reelección. Para la presidenta de Chile Transparente, María Jaraquemda es clave dejar en claro que toda persona es inocente mientras no haya una sentencia judicial.
Sin embargo, agrega que “el hecho que futuras candidaturas estén actualmente en investigación por posibles irregularidades, puede mermar la confianza en las instituciones y en la política en general”.
“El que tiene mantiene”: la estrategia que analiza el oficialismo y la DC
Los partidos recién comienzan a delinear las estrategias electorales para los comicios de octubre. Este jueves, las colectividades de Gobierno se reunieron en la casa del diputado Tomás Hirsch para avanzar en la discusión electoral.
En el sector ya está zanjado que competirán de manera conjunta con la Democracia Cristiana (DC), y uno de los lineamientos que estará sobre la mesa será que los partidos que cuenten actualmente con un representante en el gobierno regional mantendrán su cupo.
“Quien tiene mantiene. El criterio es mantener al gobernador en ejercicio en el caso de que vaya a la reelección”, explica Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical.
Si bien el escenario judicial que enfrentan los gobiernos regionales es mirado de cerca por los partidos, en la práctica, la estrategia del sector será apoyar de todos modos a los gobernadores que opten por la reelección, pese a si mantienen o no investigaciones abiertas.
Entre los partidos consideran que las indagatorias podrían tener un impacto menor en el apoyo de los gobernadores y que, a pesar de los cuestionamientos, aún mantendrían una fuerza electoral importante en sus respectivas regiones, lo que les permitiría ser reelegidos.
Eso sí, el secretario general del PPD, José Toro advierte que las indagatorias serán consideradas en la negociación. “Todos los antecedentes de investigaciones son factores que permiten a uno analizar las situaciones en particular de cada candidato, y van a ser parte de cualquier tipo de conversación. Uno no puede desconocer aquello”, afirma.
En el caso de la DC, han optado por mantener su apoyo a los gobernadores de Arica, Jorge Díaz y del Maule, Cristina Bravo, ambos militantes falangistas que tienen indagatorias abiertas por el caso convenios.
Distinto escenario al que se avizora para las regiones del Biobío y Los Lagos, donde sus gobernadores están entre los más afectados por el caso convenios. En el caso de Rodrigo Díaz —quien compitió como independiente tras renunciar a la DC—, su figura es de las más complicadas.
El otrora intendente está en calidad de imputado y testigo ante la Fiscalía, por millonarios convenios con organizaciones sin fines de lucro. Además, tres funcionarios de su administración se encuentran en prisión preventiva.
Con esos antecedentes sobre la mesa, el oficialismo y la DC apuestan por competir en esa región. El nombre que correría con fuerza -al menos en el mundo falangista- es el de Gabriel Ascencio, exdiputado demócrata cristiano, quien en un inicio sonaba como candidato a alcalde de Concepción, pero que ahora estaría inclinándose para postular al gobierno regional.
Sin embargo, otras fuentes oficialistas dicen que el gobernador Díaz cuenta con el apoyo de la mayoría de los alcaldes de la región, incluso algunos de oposición.
Otro panorama judicial complejo es el del gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, quien fue candidato de la DC, pero renunció a su militancia un año después de ser electo.
El exdiputado tendría cada vez menos apoyo en el sector, debido a la investigación en su contra por millonarios convenios firmados con organizaciones sin fines de lucro. Su exadministradora regional fue acusada de fraude al fisco en el marco de la indagatoria. Inicialmente se había decretado su prisión preventiva, pero la medida fue modificada a arresto domiciliario.
Para los socialistas el panorama es un poco más alentador. Dos de sus cuatro gobernadores regionales se han mantenido lejos de las polémicas por el caso Convenios, y no tienen investigaciones abiertas. Sin embargo, las administraciones de Miguel Vargas (Atacama) y Andrea Macías (Aysén) fueron auditadas por la Contraloría, ente que envió los antecedentes a la fiscalía y al CDE. A pesar de esto, los socialistas apuestan por la reelección de cada uno de ellos. El próximo 17 de enero será la fecha límite impuesta por el partido para que manifiesten su voluntad por el cargo.
“Vamos a estar vigilantes a las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público y la Justicia, porque en el PS siempre hemos buscado que los candidatos estén exentos de todo cuestionamiento en términos de probidad”, afirma el vicepresidente socialista y diputado Leonardo Soto.
El Partido Comunista (PC) mira con más distancia el concepto “quien tiene mantiene”. En la tienda han manifestado públicamente su intención de medirse en primarias contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien aún no decide si competirá por un cupo de la DC u otra colectividad oficialista.
Lo mismo ocurre en el Frente Amplio. En Convergencia Social (CS), por ejemplo, son conscientes de que la situación judicial de algunos gobernadores regionales podría afectar los resultados electorales, por lo que apuestan a proponer nuevos candidatos.
En la Región de Los Lagos evalúan el nombre de la consejera regional Patricia Rada para competirle a Vallespín en una eventual primaria entre los partidos de gobierno y la DC. Sin embargo, antes de dar ese paso, en el partido del Presidente Gabriel Boric aseguran, en privado, que es necesario aclarar si el actual gobernador competiría en su reelección como oficialista.
La misma incógnita, dicen, se debe despejar en Los Ríos, con el gobernador Luis Cuvertino. El militante socialista no ha aclarado su intención de continuar en el cargo, por lo que en CS deslizan que un buen candidato podría ser el consejero regional Matías Fernández.
Coquimbo también es una de las regiones en las que Convergencia busca obtener un cupo, con la candidatura del otrora delegado presidencial, Rubén Quezada, quien renunció en octubre del año pasado para postular a la elección. Según fuentes oficialistas, el PC también aspiraría a competir por la Gobernación Regional de la cuarta región.
El Gobierno Regional de La Araucanía también es mirado con atención por el partido del jefe de Estado, donde Luciano Rivas (Ind.-Evópoli) está en una delicada situación judicial. El nombre elegido por Convergencia Social para competir en un terreno en el que la derecha tiene ventaja es el de Christian Dulansky.
Para la presidenta de Chile Transparente, los partidos deberían considerar la situación judicial de sus candidaturas. Jaraquemada plantea que un problema podría ser que una vez inscrito un candidato o reelecto un gobernador se dicte una sentencia que implique su inhabilidad o la pérdida del cargo. “Es relevante que los partidos políticos que apoyen a estas candidaturas sopesen esto al momento de hacerlo, por las implicancias que podría tener una eventual sanción”, concluye.
La arremetida de Chile Vamos y Republicanos
En la oposición miran con atención los gobiernos regionales que están más complicados por las investigaciones de la fiscalía.
Quienes conocen de las negociaciones en la derecha cuentan que uno de los objetivos es remediar el mal resultado que tuvieron en la elección de 2021, en la que sólo obtuvieron la Gobernación Regional de La Araucanía, al mando de Luciano Rivas (Ind.-Evópoli).
Por lo mismo, el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli buscarán construir una oposición que amplíe el horizonte de Chile Vamos y que incluya a Republicanos, Demócratas, Amarrillos, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Social Cristiano.
Las conversaciones que han tenido los dirigentes de oposición van en esa línea, pero el pacto no está cerrado. Y es que desde Chile Vamos explican que primero buscarán un acuerdo interno —con eventuales primarias—, para después abrir las tratativas.
En eso han estado durante las últimas semanas la UDI y RN. Evópoli, en cambio, ha estado un poco más alejado. ¿La razón? Conocedores de las negociaciones explican que los cuestionamientos realizados por el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González a la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI) cayeron mal en el partido gremialista, lo que ha provocado un distanciamiento entre las tiendas políticas.
Pese a eso, los diálogos avanzan y al menos en la UDI ya delinearon ciertas regiones en las que buscarán competir. En el gremialismo apuntan a las afectadas por el Caso Convenios y, por ejemplo, en el Biobío plantean que una buena carta sería el exdiputado Iván Norambuena. En Aysén, en tanto, quieren posicionar a Marcelo Santana, quien renunció en octubre a su cargo como alcalde de Río Ibáñez para competir en la elección de gores.
Más al norte también sondean candidatos. En Antofagasta evalúan el nombre del abogado querellante de la UDI en el Caso Convenios y exconvencional constituyente, Pablo Toloza.
En RN, en tanto, cuentan que desde diciembre están en un proceso rápido de levantamiento de información para definir candidatos. “Tenemos una fecha, que es la fecha de inscripción de las primarias el 9 de abril de este año, que obviamente hace que tengamos la mayor cantidad de candidatos sobre la mesa”, dice la secretaria general de RN, Andrea Balladares.
La Araucanía es un terreno que Chile Vamos buscará mantener, con la conducción de Luciano Rivas, quien ya confirmó su intención de repostularse al cargo, pese a que el Gobierno Regional de La Araucanía es indagado por el Ministerio Público en el marco del Caso Convenios. El último golpe de la investigación llegó luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco decretara la prisión preventiva de una de sus funcionarias por los delitos de cohecho y fraude al fisco reiterado.
Sin embargo, Chile Vamos deberá competir contra las aspiraciones del Partido Republicano, tienda que busca quedarse con el cupo en La Araucanía, región donde consideran que pueden tener un mejor rendimiento. En la zona suena el nombre de Ruth Hurtado, secretaria del partido y quien fue electa como convencional por la región, aunque su nombre también suena para la alcaldía de Temuco o incluso para la elección senatorial.
Los republicanos buscarán repetir el buen rendimiento electoral que tuvieron para la elección de consejeros constitucional, donde se posicionaron como el partido con más votos a nivel nacional. Así, los esfuerzos estarán puestos para competir en las regiones del norte, donde varios de los gobernadores actuales han sido cuestionados por los convenios.
Sin embargo, las aspiraciones también apuntan a competir por los gobiernos regionales de Coquimbo, O’Higgins, Región Metropolitana, Maule, Los Ríos y Magallanes.
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