Caso Ámsterdam: designan a fiscal regional para indagar presunta denuncia falsa que originó causa contra Camilo Huerta

Una investigación sobre el origen de la propia investigación. Ese es el nuevo escenario que enfrenta el caso Ámsterdam, luego de que un tribunal de Coyhaique, de forma inédita, ordenara a la Fiscalía Nacional designar a un jefe regional del Ministerio Público para esclarecer si la indagatoria que involucra al Dispensario Nacional y al exchico reality Camilo Huerta comenzó a partir de una denuncia que su supuesto autor asegura que nunca realizó.

La designación responde a dos querellas presentadas por William Vásquez, activista de cannabis medicinal que buscaba instalar un dispensario en Coyhaique, y Matías Landerer, socio de Má Botanics e imputado en la causa. Las acciones apuntan a eventuales delitos de falsificación o uso malicioso de documentos públicos y obstrucción a la investigación.

Las defensas solicitaron que estos hechos fueran indagados por una fiscalía distinta de la de Aysén, cuyo jefe regional, Hernán Libedinsky, encabeza la investigación original. Mantener ambas pesquisas bajo la misma conducción, argumentaron, “configuraría una situación de autoinvestigación institucional que contraviene los deberes de objetividad e independencia”.

La Fiscalía Nacional en un inicio dejó la causa en la misma repartición que indaga Amsterdam, por lo que los defensores debieron acudir ante el juzgado de garantía. Fue ahí donde la justicia intervino y determinó que fuera el propio Ángel Valencia quien invocara el artículo 19 de la Ley Orgánica interna y designara a un fiscal regional para tales efectos y es que, según exponen las defensas, hasta el propio fiscal Libedinsky podría ser objeto de la investigación.

Fue así como se nominó al fiscal regional de El Maule, Rodrigo Peña, para que realice las pesquisas.

¿Falsa denuncia?

El cuestionamiento al origen de la causa fue revelado en septiembre por Mega Investiga. Vásquez, director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, sostiene que en agosto de 2024 acudió al OS7 de Carabineros para realizar consultas sobre el funcionamiento de su proyecto y el abastecimiento de productos de Má Botanics.

Sin embargo, aquella conversación quedó registrada en el Oficio Reservado Nº 311 como la entrega de información sobre una posible infracción a la Ley de Drogas. El documento fue remitido a la Fiscalía Local de Coyhaique y se incorporó a los antecedentes que dieron origen a la Operación Imperio Ámsterdam. Vásquez niega haber presentado una denuncia o una autodenuncia y asegura que tampoco firmó una declaración.

La investigación original apunta a una presunta organización que, según el Ministerio Público, utilizaba empresas autorizadas para producir cáñamo y una red de dispensarios medicinales para cultivar, distribuir y comercializar marihuana con alto contenido de THC. Las defensas rechazan esa interpretación y sostienen que las actividades investigadas se desarrollaban bajo autorizaciones administrativas.

La disputa por el origen de las pesquisas se suma a los cuestionamientos judiciales que ha enfrentado la causa. El pasado 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de los ocho imputados que permanecían encarcelados y la sustituyó por firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos. Huerta no fue parte de esa apelación: nunca estuvo en prisión preventiva y entonces permanecía con arresto domiciliario total.

Ahora, las defensas preparan nuevas solicitudes para impugnar las escuchas telefónicas. Este lunes accedieron a la totalidad de las interceptaciones incorporadas a la investigación, según señalaron los abogados a Mega Investiga. Su próximo paso será pedir la nulidad de varias de ellas, especialmente de aquellas vinculadas al abogado Hernán Bocaz, quien asesoraba a imputados de la causa.

Para sustentar esa petición, citan un antecedente que consideran favorable: el pasado 9 de octubre, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dejó sin efecto tres autorizaciones que habían permitido intervenir el teléfono de Bocaz.

Como publicó Mega Investiga, la magistrada estimó que esas resoluciones no explicaban los fundamentos de la medida ni identificaban hechos concretos que permitieran atribuir al abogado una posible participación en los delitos investigados. Según el criterio aplicado por el tribunal, que un defensor mantuviera comunicaciones con personas imputadas no bastaba para autorizar la interceptación de sus conversaciones.

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