Fiscal Barros matiza sus dichos sobre crimen transnacional y estallido social: vínculo es "cronológico", no causal

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, salió a precisar sus declaraciones sobre la llegada del crimen organizado transnacional a Chile, luego de que la abogada Karinna Fernández recurriera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar sus afirmaciones y advertir sobre sus implicancias para las víctimas de violencia policial.

La controversia se originó en una entrevista con Radio Universo, en la que el persecutor vinculó temporalmente la aparición de esa criminalidad con el estallido social y sostuvo que los cuestionamientos a Carabineros habrían incidido en su actuación.

“Hay algo que quedó del estallido social, produjo muchos cambios, post estallido aparece la criminalidad transnacional. En el caso de cada acción que carabineros tomaba, era vista como violación a las garantías fundamentales. Esto produjo cierta timidez a usar las garantías que tienen”, manifestó.

Sus palabras motivaron una dura carta de Fernández, quien ha representado a numerosas víctimas de violencia policial. En la misiva, enviada este jueves a la CIDH, la abogada reprochó lo que calificó como una “grave narrativa” y cuestionó que el fiscal relacionara la instalación del crimen organizado transnacional con el estallido social sin aportar datos ni documentos que respaldaran ese vínculo.

La jurista también advirtió que sus declaraciones ponían en duda la imparcialidad de la Fiscalía frente a las denuncias de las víctimas a las que está mandatada a proteger.

Consultado nuevamente, Barros contextualizó sus palabras y aseguró que la entrevista abordaba la evolución de la criminalidad organizada y los homicidios de dos carabineros registrados en las últimas semanas.

“En ese contexto, se puso la necesidad de revisar en la actualidad los protocolos de seguridad en el actuar con que enfrentan los procedimientos policiales a los que acuden, lo que pudo verse afectado, entre otros factores, por los cuestionamientos que Carabineros recibió durante el estallido social”, explicó.

Respecto de los reparos a la labor investigativa de la institución, el fiscal defendió las actuaciones de la Fiscalía Sur en causas por violaciones a los derechos humanos.

“En relación a las causas penales generadas en el marco del estallido social, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur encabezó múltiples investigaciones con condena a funcionarios de Carabineros en el ámbito de violaciones de Derechos Humanos coordinados con el INDH y los organismos competentes, por lo que desde ese punto de vista hay absoluta claridad a nivel de persecución penal, al igual que respecto a otros ilícitos registrados en esa época”, sostuvo.

La principal precisión llegó al abordar el vínculo entre el estallido y la instalación de organizaciones criminales transnacionales. Barros afirmó que sus declaraciones apuntaban a una coincidencia temporal y no a una relación de causa y efecto.

“En innumerables oportunidades se ha hecho referencia a que su instalación en Chile es posterior al estallido social a nivel cronológico, no a causa del estallido social”, señaló.

Finalmente, situó ese proceso durante la pandemia y lo atribuyó “principalmente” a la crisis migratoria y a “razones multifactoriales”.