EXCLUSIVO | El plan secreto del PCC para sacar 500 kilos de metanfetamina por un puerto chileno y reclutar menores de edad
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
No se trataba solamente de un grupo de delincuentes chilenos que mantenía contactos con criminales brasileños. La hipótesis que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones presentarán ante la justicia es más profunda: el Primer Comando de la Capital (PCC) había comenzado a levantar en Chile una estructura conectada con sus mandos en el extranjero, con integrantes formalmente incorporados, responsables dentro y fuera de las cárceles y planes para ampliar sus operaciones criminales.
Entre esos planes, según consta en la petición judicial que permitió obtener las órdenes de detención de la denominada Operación Sintonía 1533, aparecen el eventual envío de 500 kilos de una droga conocida como “ice” a través de un puerto chileno; la instalación progresiva de puntos de venta de drogas; la conformación de una cuadrilla para cometer robos; y la búsqueda de menores de edad que pudieran acercarse a la organización para, posteriormente, convertirse en sus “hermanos”.
La presentación, de 93 páginas y conocida por Mega Investiga, fue ingresada por el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago. En ella, el Ministerio Público solicitó detener a 24 personas por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y asociación criminal.
Ir a la siguiente notaLa solicitud fue acogida y dio paso al despliegue simultáneo de la PDI en domicilios y recintos penitenciarios de distintas regiones. El balance inicial dejó 18 de las 24 órdenes de detención ejecutadas. Trece de los imputados ya estaban privados de libertad por otras causas y otros cinco fueron capturados en el exterior. Además, dos personas fueron detenidas en flagrancia durante los allanamientos.
La formalización fue fijada para este jueves. Será entonces cuando la Fiscalía deberá atribuir una participación concreta a cada detenido y exponer los antecedentes con los que busca demostrar que los imputados no solo mantenían contactos con delincuentes extranjeros, sino que algunos de ellos habían sido incorporados formalmente al PCC.
El antecedente que llegó desde Brasil
La investigación chilena comenzó en 2022, después de que el Ministerio Público del estado de São Paulo remitiera información al Departamento de Inteligencia Antinarcóticos de la PDI.
Los antecedentes provenían de la denominada Operación Solis, desarrollada en Brasil para investigar una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína desde puertos brasileños hacia Europa. En los procedimientos realizados en diciembre de 2021, las autoridades brasileñas incautaron 507 kilos de cocaína base, 389 kilos de clorhidrato de cocaína, equipos de buceo y elementos utilizados para instalar cargamentos debajo del casco de grandes embarcaciones.
El análisis de celulares, computadores y otros dispositivos incautados permitió acceder a registros internos del PCC y detectar que sus integrantes se comunicaban de manera permanente con miembros establecidos en distintos países.
En esos archivos aparecieron catastros, antecedentes sobre nuevos “bautizos”, cambios de funciones, detenciones, líneas telefónicas y fichas de personas vinculadas con la organización. Entre los países mencionados figuraba Chile.
El documento enviado a nuestro país describió al PCC, identificado internamente con el código 1533, como “la mayor organización criminal de Brasil y principal grupo criminal de América del Sur”. También señaló que la agrupación “opera dentro y fuera de las prisiones” y que su principal fuente de financiamiento es el tráfico internacional de drogas.
La información brasileña permitió a la PDI comenzar a identificar a los ciudadanos chilenos incluidos en esos registros, revisar sus relaciones personales y delictuales y determinar si efectivamente mantenían conexiones con la organización.
Las 22 fichas de los “bautizados”
Uno de los principales antecedentes incorporados a la petición de detención son 22 fichas atribuidas a personas presuntamente “bautizadas” por el PCC.
El bautizo es el procedimiento mediante el cual una persona es aceptada formalmente por la organización. El nuevo integrante entrega sus datos, antecedentes criminales, apodo, lugar de origen y referencias. Además, recibe un código individual y queda bajo la responsabilidad de uno o más padrinos.
El resultado es una especie de credencial interna conocida como “cara crachá”. Sus antecedentes son incorporados al denominado Libro Blanco, el registro de los miembros activos. Si la persona es expulsada, sancionada o deja de cumplir las instrucciones de la organización, puede pasar al Libro Negro.
La Fiscalía sostiene que este sistema permite al PCC controlar a miles de personas dispersas en distintos países. La petición judicial explica que la organización registra cambios de cárcel, traslados, nuevas funciones, castigos y cualquier otro acontecimiento relevante relacionado con sus integrantes.
En las fichas recuperadas aparecen ciudadanos chilenos y al menos un brasileño que se encontraban tanto en libertad como recluidos en cárceles del país. No todas las personas mencionadas en el expediente tienen el mismo grado de vinculación ni se les atribuyen idénticas funciones. Esa distinción deberá ser expuesta por el Ministerio Público durante la formalización.
“Armar el comando en Chile”
Las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente y el análisis de dispositivos incautados permitieron a la PDI reconstruir parte de la estructura que el PCC pretendía instalar en el país.
Una de las figuras centrales es Brian Eujenio Córdova, quien se encontraba recluido en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. En conversaciones recuperadas desde un teléfono incautado, el imputado se presentaba como “Geral do Chile”, es decir, general de la organización en nuestro país.
En otra comunicación interceptada en 2023, dos de los investigados hablaban de la necesidad de reportarse ante quienes estaban encargados de la llamada “columna” de Chile. También mencionaban que el PCC evaluaba financiar abogados para algunos de sus integrantes y preguntaban quiénes ejercían las funciones de coordinación nacional.
Otra conversación incorporada al expediente daba cuenta de que los encargados del país evaluaban expulsar a un integrante por no reportarse. En ese mismo diálogo se mencionaba que desde hacía un año se solicitaban recursos para “armar el comando en Chile”.
Para la Fiscalía, estas comunicaciones son relevantes porque demostrarían que existían mandos, procedimientos internos, obligaciones de reporte y niveles de coordinación que excedían una relación ocasional entre delincuentes.
“Los encargados de las denominadas ‘sintonías’ del PCC en los distintos países mantienen grupos de comunicación a través de la plataforma WhatsApp, utilizados para efectuar el reporte y control de sus integrantes”, sostiene la petición judicial.
Según el documento, quienes incumplían los periodos de reporte podían dejar de ser considerados miembros activos, ser incorporados al Libro Negro y quedar expuestos a represalias.
Una red dentro y fuera de las cárceles
La estructura detectada por la PDI operaba en dos niveles: uno exterior y otro penitenciario.
Los antecedentes de la investigación muestran que el PCC mantenía registros sobre sus presuntos integrantes recluidos en cárceles chilenas. Esos catastros indicaban el recinto, el apodo, el código interno y la responsabilidad asignada a cada uno. También registraban los teléfonos adquiridos con recursos de la organización, las vías de comunicación disponibles y la presencia de agrupaciones rivales.
El sistema incluía información sobre recintos de Puente Alto, Santiago, Colina, Rancagua, Valdivia, Lebu y Arica. En algunos de ellos, los registros identificaban al Tren de Aragua como una facción enemiga.
Los encargados debían conocer cuántos “hermanos” había en cada cárcel, si mantenían comunicación y qué posibilidades existían de ampliar la presencia del grupo. La petición afirma que los denominados “salves” o comunicados eran utilizados para transmitir la ideología del PCC y captar nuevos integrantes.
Uno de los mensajes internos incorporados al escrito pedía a los responsables chilenos mantenerse atentos al crecimiento dentro de las unidades penales, porque los reclusos eran considerados “nuestros ojos”.
La organización también ofrecía ayuda económica, compra de teléfonos, medicamentos, asistencia para pagar arriendos y contratación de abogados. Parte de los recursos podía ser transferida mediante criptomonedas y otra parte se reunía a través de rifas organizadas entre sus integrantes.
Pero la ayuda no era gratuita. Quien ingresaba debía cumplir instrucciones, reportarse y estar disponible cuando fuera requerido.
El plan para sacar 500 kilos de “ice”
La petición de detención también revela que la investigación detectó un proyecto para utilizar un puerto chileno como vía de salida de un cargamento de 500 kilos de “ice”, nombre utilizado para referirse a la metanfetamina cristalina.
De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal Barros, integrantes del PCC exploraron la posibilidad de organizar la operación desde Chile y coordinar a participantes extranjeros. El plan no llegó a ejecutarse.
El antecedente resulta especialmente relevante porque muestra que el interés de la organización no se limitaba a reclutar personas o establecer presencia dentro de las cárceles: también evaluaba la utilización de la infraestructura portuaria chilena para operaciones internacionales de narcotráfico.
La Fiscalía incorporó además antecedentes sobre una estrategia gradual para instalar un sistema de distribución de drogas en el país. La idea era comenzar con cantidades menores y, una vez comprobado su funcionamiento, aumentar los envíos y establecer puntos de venta administrados por miembros del PCC.
Los investigadores también detectaron consultas sobre el valor de armas, la conversión de pesos chilenos a reales brasileños y los sistemas de seguridad de bancos. Según el documento, detrás de esas preguntas estaba la posibilidad de formar una cuadrilla que viajara a Chile para cometer robos. Tampoco ese plan alcanzó a materializarse.
La información que permitió una detención en Estados Unidos
El alcance de la investigación desarrollada en Chile también llegó a Estados Unidos.
La petición judicial señala que antecedentes obtenidos por la PDI fueron entregados a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Esa información permitió que, en julio de 2025, agentes federales detuvieran en Florida al ciudadano brasileño Adinazio Vinicius Dias Barbosa, identificado como un integrante relevante del PCC.
De acuerdo con el documento, Dias Barbosa transportaba en su vehículo nueve fusiles con sus respectivos cargadores. La hipótesis de las autoridades estadounidenses era que las armas serían enviadas de contrabando a Paraguay y, posteriormente, trasladadas hasta Brasil.
El episodio muestra que las diligencias realizadas en Chile no se limitaron a identificar a los integrantes de la célula local. Los antecedentes recopilados también permitieron detectar operaciones internacionales de la organización e iniciar coordinaciones con agencias extranjeras.
Captar menores para el PCC
Otro de los antecedentes incluidos en la solicitud se refiere al interés de la organización por ampliar su base de integrantes.
En el registro de una reunión atribuida a la estructura chilena se abordó expresamente la posibilidad de acercar a adolescentes al grupo. La instrucción señalaba: “Si algún hermano conoce a un menor de edad”, debía acercarlo para que aprendiera y, más adelante, pudiera convertirse en uno de los “hermanos”.
El mismo registro destacaba “la importancia de tener más hermanos”, porque cada nuevo integrante permitiría fortalecer a quienes ya formaban parte de la organización.
La Fiscalía deberá precisar durante el proceso si esa directriz se tradujo en acciones concretas y si alguno de los imputados participó efectivamente en la captación de menores.
Drogas y armas
La investigación no se limita a los registros de incorporación al PCC. La petición relaciona a algunos imputados con procedimientos previos por tráfico de drogas y tenencia de armamento.
Uno de esos episodios ocurrió en enero de 2023. Según el documento, Brian Eujenio Córdova habría coordinado desde la cárcel una red que utilizaba inmuebles de La Florida para almacenar y distribuir drogas. El procedimiento terminó con seis personas detenidas, 6,127 kilos de cocaína y derivados incautados y tres armas de fuego recuperadas.
En octubre del mismo año, otro procedimiento relacionado con Eduardo Videla Martínez y su entorno permitió incautar 758 gramos de clorhidrato de cocaína, 76 gramos de cannabis, dinero y pesas digitales.
El expediente también incorpora una investigación de Carabineros realizada en 2022, en la que fue detenido José Luis Casonis Miranda. En los registros fueron encontradas municiones de distintos calibres y una escopeta que mantenía encargo por robo.
Para la Fiscalía, estos casos permiten vincular a parte de los investigados con delitos que forman parte del repertorio criminal del PCC. Sin embargo, cada hecho corresponde a imputaciones diferentes y deberá ser analizado individualmente por el tribunal.
El brasileño investigado como articulador
Otro de los principales nombres de la causa es Lucas Leonardo de Oliveira Santos, ciudadano brasileño conocido como “Negrinho”, quien ya se encontraba recluido en Santiago Uno por una causa distinta.
La PDI y la Fiscalía lo sitúan como el imputado con una conexión más directa con la estructura brasileña y le atribuyen un papel relevante en la incorporación de ciudadanos chilenos. La hipótesis es que habría intervenido en el proceso de validación y bautizo de nuevos miembros.
Una escucha incorporada en la petición lo muestra hablando con Córdova sobre las exigencias impuestas por los encargados de Chile, las solicitudes de dinero que no habían sido respondidas y la posibilidad de excluir de la organización a quienes no mantuvieran sus reportes al día.
Aunque De Oliveira ya estaba privado de libertad, la PDI debió ejecutar una nueva orden de detención para que pueda ser formalizado por los delitos investigados en la Operación Sintonía 1533.
Rivera y la petición de ayuda para escapar
Entre las 24 personas contra las cuales la Fiscalía solicitó una orden de detención figura Francisco Javier Rivera Galaz, último prófugo por el robo con homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez.
Según la petición judicial, Rivera era conocido dentro de la organización como “Sagitario” y habría solicitado apoyo del PCC para escapar de Chile después del crimen ocurrido el 27 de agosto en Renca.
La investigación sostiene que la organización evaluó ayudarlo a cruzar desde el norte del país hacia Bolivia, donde sería recibido por integrantes del grupo. Antecedentes conocidos previamente por Mega Investiga indican que pretendía llevar una camioneta para venderla en ese país.
Rivera estaba incluido entre los objetivos de la Operación Sintonía 1533, pero no fue ubicado durante los allanamientos y continúa prófugo. Tanto su eventual participación en el homicidio del carabinero como su presunta pertenencia al PCC deberán ser acreditadas ante la justicia.
Alianzas y castigos internos
Los documentos incorporados a la causa también describen los vínculos internacionales que el PCC busca mantener con otras organizaciones criminales.
La petición señala que durante 2025 existieron intentos de alcanzar una tregua con el Comando Vermelho, aunque no prosperaron. También consigna comunicados sobre relaciones con la mafia turca Sarallar, la organización italiana ’Ndrangheta y grupos brasileños como Tercer Comando Puro, Familia A-R y TDD.
El PCC llama “hermanos” a sus integrantes. Los bautiza, les asigna padrinos, les entrega un código y, cuando atraviesan dificultades, puede pagarles un abogado, comprarles un teléfono o ayudarlos económicamente. Pero esa aparente hermandad tiene una cara más oscura.
Quienes traicionan sus reglas o dejan de obedecer pueden pasar del Libro Blanco al Libro Negro. Su expulsión se comunica mediante un “decreto” que contiene la fotografía, el nombre, el apodo, la ubicación y el motivo de la condena. Desde ese momento, según el Ministerio Público, cualquier integrante que encuentre al sancionado debe ejecutar el castigo, que puede llegar hasta la muerte.
Esa es, finalmente, la estructura que la Operación Sintonía 1533 buscó impedir que se consolidara en Chile: una organización que ofrece protección para reclutar, exige obediencia para controlar y utiliza la muerte como última forma de disciplina.
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