EXCLUSIVO | Operación Ámsterdam en entredicho: supuesto informante acusa que Carabineros inventó su denuncia
- Por Paul Follert | Mario Rosende | Mega Investiga
Fue presentado como el informante que permitió poner en marcha una de las investigaciones más grandes desarrolladas en Chile contra el presunto uso de dispensarios medicinales para traficar cannabis. Sin embargo, dos años después de su reunión con Carabineros, William Vásquez niega haber formulado la denuncia que aparece en el origen de la Operación Imperio Ámsterdam.
“Muéstrenmela, dónde firmé”, respondió Vásquez en entrevista exclusiva con Mega Investiga al ser consultado sobre la supuesta acusación que habría entregado al OS7 de Carabineros en agosto de 2024.
Vásquez es director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, una organización de Coyhaique que, según explica, busca contribuir al tratamiento de distintas patologías mediante el uso medicinal del cannabis.
Ir a la siguiente notaSu nombre apareció incorporado en el Oficio Reservado Nº 311 de Carabineros como la persona que habría proporcionado la información inicial sobre una posible infracción a la Ley 20.000.
El dirigente entrega una versión completamente distinta. Asegura que acudió al OS7 para realizar una consulta sobre la instalación y funcionamiento de su dispensario, pero que nunca presentó una denuncia, una autodenuncia ni firmó una declaración.
“Yo fui a dar la misma información que acabo de dar acá. No entregué documentos de Má Botanics, solamente demostré lo que yo estaba haciendo”, afirmó.
Al preguntarle directamente si firmó algún documento o entregó una declaración formal, su respuesta fue categórica: “No”.
El informe reservado
La reunión ocurrió en agosto de 2024, cuando Vásquez mantenía conversaciones con Má Botanics, empresa que contaba con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero para producir y comercializar flores de cáñamo con bajo contenido de THC.
Según relata, concurrió a Carabineros para aclarar la regulación aplicable a su proyecto, las coordinaciones que desarrollaba con instituciones públicas y el abastecimiento de productos derivados del cannabis.
El informe policial, sin embargo, describió el encuentro de otra manera.
“Carabineros recepcionó una información genérica por parte del ciudadano de nombre William Vásquez Martínez, quien sostuvo una entrevista para hacer entrega de una denuncia en relación a posible infracción a la Ley de Drogas”, señala el documento.
El oficio agrega que Vásquez habría informado que se encontraba asociado a una empresa de Talca llamada Má Botanics, “desde donde afirma que obtendría la marihuana para su posterior cultivo en la ciudad de Coyhaique”.
Vásquez rechaza esa descripción y cuestiona que se le atribuyera una denuncia que, según sostiene, nunca realizó.
“¿Cómo voy a ir a autodelatarme? Es absurdo”, señaló.
La diferencia entre su testimonio y el contenido del informe policial no es menor. Ese antecedente fue remitido a la Fiscalía Local de Coyhaique y quedó incorporado en la investigación que posteriormente se convertiría en la Operación Imperio Ámsterdam.
Las escuchas de la investigación
En la carpeta investigativa también aparece una conversación telefónica entre Vásquez y Matías Landerer, entonces gerente comercial de Má Botanics y uno de los imputados que la Fiscalía ubica entre los presuntos líderes de la estructura.
“Hola, Matías, ¿cómo estás? Buen día”, comienza Vásquez.
Landerer le consulta cómo le ha ido con los productos y si han tenido salida. Vásquez responde que llegaron “impecables” y que algunas unidades habían sido enviadas a localidades de la región de Aysén para personas que presentaban condiciones médicas.
El dirigente reconoce su vínculo comercial con Landerer, pero sostiene que las comunicaciones se relacionaban con una actividad que él consideraba lícita y con productos adquiridos de manera formal.
La Fiscalía, en cambio, utilizó distintas interceptaciones para reconstruir la estructura societaria y comercial que operaba detrás del Dispensario Nacional, DN Medcorp y Má Botanics.
En otra escucha incorporada a la causa, uno de los investigados afirma que “el único asiento rentable” de Má Botanics era la venta de THC y habla de miles de socios activos.
Para el Ministerio Público, estas conversaciones revelarían que el cultivo autorizado de cáñamo y los dispensarios medicinales eran utilizados como fachada para producir y comercializar marihuana con elevados niveles del componente psicoactivo.
Las defensas controvierten esa interpretación. Sostienen que las empresas y organizaciones investigadas actuaban bajo autorizaciones administrativas y que las transacciones atribuidas a sus representados no constituían ventas ilícitas.
Agentes encubiertos y recetas médicas
La investigación también incluyó agentes encubiertos que ingresaron al sistema utilizado para obtener recetas y acceder a cannabis.
Uno de esos registros muestra una consulta médica realizada por videollamada. Durante la atención, el supuesto paciente reconoce que no presenta dolores crónicos, lumbago ni contracturas. Pese a ello, el profesional propone justificar el consumo por estrés y conversa sobre la cantidad de cannabis que podría utilizar.
“¿Tienes algún dolor crónico, un lumbago, una contractura?”, pregunta el médico.
“No, nada”, responde el agente encubierto.
“Muy bien, lo dejamos solo por estrés”, señala el profesional antes de abordar la cantidad de gramos.
Para la Fiscalía, esta diligencia demostraría la facilidad con que algunas personas podían acceder a recetas destinadas a respaldar el consumo de cannabis. Las defensas, en tanto, han cuestionado que esos antecedentes permitan configurar por sí solos los delitos imputados.
El golpe nacional
Dos años después de la reunión de Vásquez con el OS7, la Fiscalía Regional de Aysén y Carabineros desplegaron allanamientos simultáneos en nueve regiones.
El operativo realizado el 13 de agosto dejó más de 70 detenidos y permitió incautar, según el Ministerio Público, más de 500 kilos de cannabis y otros productos con elevados niveles de THC.
La Fiscalía atribuye a los investigados los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que el dinero generado por las empresas investigadas tendría un origen ilícito y que la estructura habría funcionado como una asociación con fines delictivos.
Entre los detenidos apareció el exchico reality Camilo Huerta, vinculado a una de las franquicias investigadas.
Una escucha telefónica incluida en el expediente muestra una conversación en la que Huerta consulta cómo encontrar vaporizadores con THC dentro del sistema.
“Alo, Camilo, consulta, los vapo desechables, esos ¿cómo aparecen?”, pregunta uno de los interlocutores.
“Dicen vapo THC 05. Vapo THC. Y ahí tú lo vas a buscar”, responde Huerta.
Tras la formalización, Huerta quedó bajo arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.
El revés de la Fiscalía
La extensa audiencia de formalización terminó inicialmente con ocho de los presuntos líderes de la organización en prisión preventiva.
La Fiscalía sostuvo que la libertad de los imputados representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, pocos días después, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esas prisiones preventivas y ordenó sustituirlas por firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás involucrados.
El fallo representó un duro revés para la Fiscalía Regional de Aysén, que manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión.
El vuelco no benefició directamente a Camilo Huerta, quien no se encontraba en prisión preventiva y continúa sujeto al arresto domiciliario total decretado en su contra.
Pese a ello, su defensa considera que la decisión de la Corte mejora el escenario procesal de los imputados al descartar que la cárcel sea la única medida capaz de asegurar los fines del procedimiento.
La querella de William Vásquez
Mientras la Fiscalía intenta sostener su imputación, el testimonio de William Vásquez abrió un nuevo flanco sobre el origen de toda la causa.
Su defensa presentó una querella contra quienes resulten responsables por la presunta falsificación de instrumento público cometida por empleado público, acción que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
La querella acusa que funcionarios del OS7 habrían atribuido falsamente a Vásquez la presentación de una denuncia y declaraciones diferentes de las que realmente entregó durante la reunión de agosto de 2024.
La acción apunta particularmente al Oficio Reservado N.º 311 y solicita que declaren como imputados los dos funcionarios que lo suscribieron: el suboficial Daniel Hidalgo Garcés y el capitán Pablo Ardiles Herrera.
También pide reconstruir la trazabilidad del documento y establecer cómo fue incorporado a la carpeta investigativa. La diligencia busca determinar si ese antecedente fue utilizado para abrir la causa y solicitar posteriormente interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias u otras medidas intrusivas.
La admisibilidad de la querella no implica que el tribunal haya acreditado la falsedad del oficio. Sin embargo, abre formalmente una investigación que podría poner bajo revisión la primera pieza de la Operación Ámsterdam.
Amenazas y salida de Coyhaique
La exposición pública del nombre de Vásquez también tuvo consecuencias personales. El dirigente asegura que comenzó a recibir amenazas después de ser identificado como el supuesto “sapo” o informante que permitió iniciar la investigación.
Los mensajes incluyeron advertencias sobre posibles agresiones contra él y referencias a su familia y domicilio.
“Coyhaique es chico. Empiezas a ver las cosas de otra manera”, relató Vásquez, quien debió abandonar temporalmente la región por razones de seguridad.
Estos hechos también fueron incluidos en la querella, junto con una solicitud de medidas de protección para él y su grupo familiar.
La decisión de Ángel Valencia
La defensa de Vásquez pidió que la investigación sobre la supuesta denuncia falsa no quede en manos de la Fiscalía Regional de Aysén.
El argumento es que esa misma repartición recibió el controvertido oficio, dirigió la causa original y presentó sus antecedentes ante los tribunales. Por ello, sostienen que podría producirse una situación de “autoinvestigación institucional”.
La solicitud quedó en manos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien deberá resolver si designa a un fiscal regional distinto para investigar los hechos.
La nueva arista no invalida automáticamente la Operación Ámsterdam ni las diligencias practicadas. Para que produzca efectos sobre la causa principal será necesario determinar si el oficio contiene información falsa, qué importancia tuvo en el inicio de la investigación y si las medidas judiciales posteriores se sustentaron también en antecedentes independientes.
Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta su investigación y anunció que buscará presentar una acusación y llevar la causa a juicio oral.
En paralelo, la justicia deberá esclarecer una pregunta que alcanza el origen de todo el caso: si William Vásquez presentó realmente la denuncia que permitió iniciar la Operación Ámsterdam o si, como asegura ante las cámaras de Mega Investiga, esa acusación nunca existió.
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