Ahorros de toda una vida en juego: quiénes son los once imputados del caso Sartor y qué esperan los aportantes

La audiencia de formalización del caso Sartor cumplió este viernes su séptima jornada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Son once los imputados: Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés, Rodrigo Bustamante, Juan Carlos Jorquera, Hugo Baranda, Sergio Yáñez y Michael Clark. Entre ellos hay antiguos controladores y accionistas de Sartor, miembros de su directorio, su exgerente general y ejecutivos vinculados a sociedades que recibieron financiamiento de los fondos administrados por la compañía.

La Fiscalía les atribuye responsabilidades diferentes de acuerdo con el papel que habría tenido cada uno. El núcleo de exdirectores y controladores de Sartor es investigado por operaciones que, según el Ministerio Público, habrían utilizado recursos de los fondos para financiar sociedades relacionadas, además de la entrega de información que no reflejaba correctamente la situación de determinados activos. En las aristas de Danke y Ecapital aparecen además Carlos Larraín, Hugo Baranda y Sergio Yáñez. Michael Clark, en tanto, enfrenta una imputación adicional por la operación mediante la cual su sociedad Antumalal tomó el control del fondo Tactical Sport, dueño del 63,07% de Azul Azul; en esa arista la Fiscalía le atribuye, entre otros delitos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado y lavado de activos.

La definición más relevante de esta etapa afecta a Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez, para quienes el Ministerio Público solicita prisión preventiva. Con las defensas ya exponiendo sus argumentos, el tribunal debería resolver las medidas cautelares pendientes hacia mediados de la próxima semana. En paralelo, la Fiscalía estima en US$193 millones el perjuicio provocado a los fondos administrados por Sartor AGF y a sus aportantes.

Detrás de esa cifra están los inversionistas. Entre ellos hay grandes gestoras, pero también personas naturales que invirtieron ahorros acumulados durante toda una vida, incluidos jubilados que hoy intentan recuperar lo que puedan. Credicorp Capital, por ejemplo, ha señalado ante el tribunal que no ha recibido de vuelta ninguno de los US$45 millones que financió. Otros aportantes han declarado ante la Fiscalía pérdidas de cientos de millones de pesos.

La investigación, encabezada por el fiscal Juan Pablo Araya, sostiene que recursos de fondos de inversión públicos y privados fueron utilizados para financiar sociedades y negocios vinculados a controladores, directores o personas relacionadas con Sartor. Según el Ministerio Público, se aprobaron operaciones que no privilegiaron el interés de los aportantes y, además, se habría entregado información que no reflejaba correctamente la situación financiera de algunos activos. Esa es la base de imputaciones que incluyen, dependiendo de cada persona, administración desleal, negociación incompatible, estafa y entrega de información falsa al mercado, además de delitos específicos en algunas aristas.

La Fiscalía está aplicando además la Ley de Delitos Económicos al calcular las eventuales penas. Durante la discusión de cautelares sostuvo que, considerando solo administración desleal y estafa junto con las agravantes que invoca, algunos de los principales imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 15 años. Los querellantes fueron más lejos: el abogado de Credicorp Capital planteó que, con una agravante calificada por el monto del perjuicio, un solo delito podría alcanzar penas bastante mayores.

La sanción de la CMF

El caso ya tuvo consecuencias en sede administrativa. En noviembre de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero sancionó a Sartor AGF y a ocho de sus antiguos directores y ejecutivos por incumplimientos vinculados a inversiones en entidades relacionadas y por información financiera que, según el regulador, no reflejaba correctamente la situación de los fondos. La CMF también revocó la autorización de existencia de la administradora.

Las multas sumaron inicialmente 367.500 UF. Después de resolver los recursos de reposición, el total bajó a 337.500 UF: la multa de Alfredo Harz se redujo de 75.000 a 65.000 UF; la de Mauro Valdés, de 45.000 a 35.000 UF; y la de Juan Carlos Jorquera, de 35.000 a 25.000 UF. Las sanciones de Pedro Pablo Larraín, de 80.000 UF, la más alta aplicada por la CMF en su historia; de Michael Clark, de 65.000 UF; y de Rodrigo Bustamante se mantuvieron.

Los once imputados

Pedro Pablo Larraín es una de las figuras centrales. Fundó Sartor Finance Group en 2012 y, posteriormente, en 2016, se constituyó Sartor AGF. El grupo llegó a declarar activos bajo administración por unos US$850 millones. Larraín fue controlador y presidente de la gestora y tuvo amplios poderes de administración. La Fiscalía lo describe como uno de los principales articuladores de la estructura investigada.

Alfredo Harz acumuló funciones relevantes dentro del grupo: fue director de Sartor AGF y director de Inversiones, además de tener participación indirecta en la matriz. Óscar Ebel fue socio y director durante varios años. Miguel León fue director, accionista indirecto e integrante del comité de riesgos. Rodrigo Bustamante también fue director y accionista indirecto. En el expediente, la Fiscalía vincula a miembros de este núcleo con la aprobación de operaciones que, a su juicio, beneficiaron directa o indirectamente a sociedades relacionadas.

Mauro Valdés fue director de Sartor AGF desde abril de 2019 hasta diciembre de 2024. La CMF lo sancionó finalmente con 35.000 UF y cinco años de inhabilidad. En su declaración ante la Fiscalía, Valdés sostuvo que desconocía los conflictos de interés que posteriormente detectó el regulador y señaló que él mismo mantenía una parte importante de sus ahorros invertida en fondos Sartor.

Juan Carlos Jorquera era el gerente general de Sartor AGF. Su posición es distinta a la de los propietarios: la investigación lo sitúa en la conducción ejecutiva de la administradora y en la responsabilidad por la información financiera de los fondos. La CMF terminó sancionándolo con 25.000 UF y cinco años de inhabilidad.

Danke y Ecapital

Otra parte importante de la causa conduce a Danke SF y Ecapital.

Carlos Larraín, hermano de Pedro Pablo, fue director de Sartor AGF y tuvo participación en Danke. Según una querella de Toesca, Danke fue constituida a través de sociedades de Pedro Pablo y Carlos Larraín, inicialmente con un 50% cada uno. La Fiscalía sostiene que Carlos Larraín participó en operaciones mediante las cuales deudas por más de $30 mil millones terminaron vinculadas a Danke, sociedad relacionada con él.

Su defensa, a cargo de la abogada Catherine Lathrop, expuso este viernes y buscó marcar distancia respecto de su hermano. Sostuvo que Carlos Larraín perdió cerca de $2.000 millones en sus propias inversiones en Sartor, que su carrera profesional se desarrolló fuera del grupo y que ni siquiera tenía correo, firma ni acceso a los servidores de la administradora. En el período de las operaciones más cuestionadas, agregó, se desempeñaba como gerente general de Esmax, la distribuidora de combustibles que opera la marca Petrobras.

Hugo Baranda fue gerente general tanto de Danke como de Emprender Capital Servicios Financieros, Ecapital. Sergio Yáñez, en tanto, estuvo desde el origen del negocio: fue uno de los socios de Inverges, matriz de Ecapital, ligada al factoring. Aunque nunca integró la propiedad ni el directorio de Sartor AGF, la Fiscalía le atribuye un rol como nexo en las operaciones entre Ecapital y Sartor y sostiene que intervino en deudas superiores a $30 mil millones.

Michael Clark y Azul Azul

Michael Clark tiene una arista adicional. Fue director de Sartor AGF entre 2020 y 2024. En 2021, el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió mediante una OPA el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul a Carlos Heller por US$15,5 millones.

Una querella presentada por Toesca sostiene que parte del financiamiento para esa adquisición provino indirectamente de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección: Leasing y Táctico habrían inyectado recursos a Inversiones Cerro El Plomo, que posteriormente transfirió dinero a Tactical Sport para completar la compra.

El segundo capítulo ocurrió el 13 de diciembre de 2024. Inversiones Antumalal, sociedad controlada por Clark y que ya tenía el 10% del FIP Tactical Sport, compró a Sartor el 90% restante por US$5,7 millones y pasó a controlar la totalidad de las cuotas del vehículo propietario del 63,07% de Azul Azul.

La Fiscalía sostiene que esa operación fue simulada y que permitió sacar ese activo de la esfera patrimonial de Sartor, perjudicando la posibilidad de cobro de aportantes y acreedores. También plantea que el cambio de control debió realizarse mediante una OPA. Por esta arista atribuye a Clark, entre otros ilícitos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado y lavado de activos. Su defensa rechaza esas imputaciones.

Hay, además, un hecho reciente relevante: el 29 de julio, el liquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor y la sociedad Antumalal acordaron dejar sin efecto, mediante una resciliación, la compraventa de diciembre de 2024. La operación quedó anulada y la propiedad de las cuotas volvió a la situación existente antes de aquella venta.

Lo que se discute ahora

El tribunal ya decretó medidas cautelares para parte de los imputados. Óscar Ebel y Hugo Baranda quedaron con arresto domiciliario total, y Alfredo Harz con arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional, tras un acuerdo con los querellantes. Mauro Valdés y Miguel León quedaron con arresto domiciliario parcial, arraigo nacional y firma. La situación de Juan Carlos Jorquera sigue en debate: la Fiscalía pidió arresto domiciliario total y su defensa busca una medida de menor intensidad.

La decisión más relevante sigue pendiente. El Ministerio Público pide prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez, petición a la que se sumaron varios querellantes. Las defensas ya comenzaron a responder. El jueves, el abogado de Pedro Pablo Larraín, Jaime Winter, cuestionó el cálculo del perjuicio, planteó que la Fiscalía "ha equiparado exposición con perjuicio" y pidió para su representado arresto domiciliario total en lugar de prisión preventiva.

Este viernes fue el turno de la defensa de Carlos Larraín. El lunes está prevista la de Michael Clark, tras lo cual seguirán las defensas restantes antes de que el tribunal resuelva las cautelares pendientes.

Mientras la discusión judicial intenta establecer el papel que tuvo cada uno de los once imputados, para los aportantes la pregunta sigue siendo más concreta: dónde terminaron los recursos, cuánto vale hoy lo que queda y qué parte de los US$193 millones de perjuicio calculados por la Fiscalía podrán finalmente recuperar.