Corte de Apelaciones ordena reintegrar a exdirectora del Hospital de San Antonio: Fue removida tras contratación de Jeanette Vega
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, dejando sin efecto su salida del cargo, disponiendo su reincorporación y el pago de las remuneraciones que dejó de percibir.
El tribunal concluyó que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio incumplió el procedimiento legal para solicitar su renuncia, al no informar previamente y de manera fundada al Consejo de Alta Dirección Pública.
La decisión judicial, según conoció Meganoticias, se produce tres meses después de la controversia generada por el nombramiento de la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica del recinto.
Ir a la siguiente notaMaturana sostuvo que recibió presiones para revertir esa designación y que, tras negarse a hacerlo, el Servicio de Salud le solicitó la renuncia por “pérdida de confianza”.
El Servicio de Salud argumentó en su defensa que la desvinculación obedeció precisamente a esa pérdida de confianza y a deficiencias detectadas en la gestión de las listas de espera, señalando además que posteriormente informó la decisión al Consejo de Alta Dirección Pública, el que resolvió no citar a la autoridad para entregar explicaciones.
Sin embargo, la Corte estableció que la ley exige que esa comunicación sea previa y fundada, y que su omisión constituye una infracción al principio de legalidad. El fallo sostiene que este requisito busca objetivar las desvinculaciones de altos directivos públicos y limitar la discrecionalidad en este tipo de decisiones.
Por ello, el tribunal declaró ilegales la solicitud de renuncia y la posterior declaración de vacancia del cargo.
Con este fallo, el caso aún no queda cerrado. El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio deberá definir si apela ante la Corte Suprema o cumple la sentencia y reincorpora a Loreto Maturana. La propia Corte dejó establecido que la autoridad mantiene la facultad de desvincular a un directivo de Alta Dirección Pública, pero solo si respeta el procedimiento que exige la ley, por lo que el desenlace del conflicto dependerá ahora de los próximos pasos administrativos y judiciales que adopte el Gobierno.
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