Contraloría se abstiene de revisar resolución del SII sobre impuestos a las apuestas online: "Es un asunto judicial"
- Por Leslie Ayala
La Contraloría General de la República resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento respecto de la legalidad de la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habilitó un sistema para que plataformas extranjeras de apuestas online cumplan con sus obligaciones tributarias en Chile. El organismo concluyó que la controversia corresponde al ámbito de los tribunales de justicia, por lo que excede sus competencias constitucionales y legales.
La decisión quedó contenida en el dictamen N° D348/2026, firmado por la contralora general Dorothy Pérez Gutiérrez y fechado el 10 de julio de 2026, documento que responde a una serie de requerimientos formulados desde el Congreso por senadores, diputados y comisiones parlamentarias, además de una presentación de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Todos ellos solicitaron que el órgano contralor determinara si la Resolución Exenta N° 69 de 2026 del Servicio de Impuestos Internos se ajustaba al ordenamiento jurídico.
La resolución cuestionada del SII habilitó un mecanismo destinado a que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que prestan, de manera remota, servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y otros análogos o conexos, puedan cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones que realizan en el país.
Ir a la siguiente notaAntes de resolver, la Contraloría solicitó informes tanto al Servicio de Impuestos Internos como a la Superintendencia de Casinos de Juego, organismos que evacuaron sus respectivos antecedentes.
El conflicto con el criterio de la Corte Suprema
Uno de los principales argumentos expuestos por quienes recurrieron a la Contraloría era que la resolución del SII sería incompatible con el criterio fijado por la Corte Suprema en la causa Rol N° 18.080 de 2025, fallo en el que el máximo tribunal abordó la ilicitud de las actividades de apuestas online. Los requirentes sostuvieron que la resolución administrativa permitiría el cumplimiento tributario de una actividad cuya legalidad ya había sido cuestionada por la judicatura. Asimismo, hicieron presente que existen otras acciones judiciales actualmente en tramitación sobre la misma materia.
Sin embargo, la Contraloría descartó pronunciarse sobre el fondo del debate.
En el dictamen, el organismo recuerda que el artículo 76 de la Constitución establece que la facultad de conocer, resolver y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. En consecuencia, sostiene expresamente que no le corresponde determinar el alcance de las sentencias judiciales ni establecer si un acto administrativo se ajusta o no a lo resuelto por los tribunales, criterio que además dice haber sostenido en dictámenes anteriores.
La Contraloría añade que su propia ley orgánica, específicamente el inciso tercero del artículo 6° de la Ley N° 10.336, le impide intervenir o informar respecto de asuntos que sean de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia. Según explica el dictamen, esa prohibición también opera cuando ya existe una sentencia que se ha pronunciado sobre el fondo del asunto debatido, como ocurre en este caso.
Se abstiene de resolver el fondo
Con esos fundamentos, el órgano encabezado por Dorothy Pérez concluye que “debe necesariamente abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado”, descartando entrar a analizar la legalidad de la resolución del Servicio de Impuestos Internos.
No obstante, la Contraloría resolvió remitir a los parlamentarios requirentes una copia del informe elaborado por el propio Servicio de Impuestos Internos para que sea considerado en las actuaciones que estimen pertinentes.
Quiénes solicitaron el pronunciamiento
El requerimiento fue presentado mediante distintos oficios por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en representación de los senadores Ricardo Celis, Diego Ibáñez, Gastón Saavedra e Iván Flores; por la Comisión de Seguridad Pública del Senado a solicitud del senador Pedro Araya; por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados a petición del diputado Jaime Mulet; por el prosecretario de la Cámara en representación de los diputados Luis Malla y Jaime Araya; además del senador Esteban Velásquez, los diputados Luis Cuello, Juan Santana y Boris Barrera, junto a Joaquín Carbone, en representación de la Asociación Chilena de Casinos de Juego.
Con este dictamen, la Contraloría no zanja la discusión sobre la legalidad de las plataformas de apuestas online ni sobre el alcance de la resolución del Servicio de Impuestos Internos. Su decisión se limita a reafirmar que ese debate corresponde ser resuelto por los tribunales de justicia y no por el órgano de control administrativo del Estado.
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