Gobierno desliza posible solución para evitar que las cuentas de luz suban este año
¿Qué pasó?
En medio de los cálculos para definir cómo se traspasará a los consumidores una deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía, el Gobierno abrió la puerta a una alternativa que podría cambiar el escenario esperado para este año: que las cuentas de la luz no suban por este concepto durante 2026.
El monto en discusión supera los US$ 800 millones y corresponde al retraso en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que debía aplicarse entre 2020 y 2024, pero que fue postergado tras el estallido social y la pandemia de Covid-19.
"Estamos buscando un método que nos permita no subir las tarifas"
En ese contexto, la autoridad busca definir una fórmula que permita abordar este pago sin generar un impacto inmediato en los clientes finales.
“Hay una deuda que debemos pagar por el valor agregado de distribución que bordea a los US$ 800 millones, poco más o poco menos, dependiendo de los intereses, y que tenemos que ver cuál es el mejor mecanismo, la mejor fórmula, que a nosotros nos implique pagar lo menos posible. Lo que estamos buscando es una metodología y un método que nos permita no subir las tarifas”, sostuvo el subsecretario de Energía, Hugo Briones en conversación con La Tercera.
Cobro postergado y nuevas alternativas
El cobro asociado a esta deuda ya tenía un calendario definido. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había establecido que comenzaría a aplicarse en abril de este año. Sin embargo, el inicio fue postergado hasta julio.
La decisión respondió a la intención de no sumar este cargo a otras alzas recientes, como el incremento en los combustibles registrado la semana pasada, en un contexto marcado por el conflicto armado en Medio Oriente.
Pese a que existe un mecanismo vigente para materializar el pago, desde el Gobierno se encuentran evaluando alternativas que permitan amortiguar el impacto en las cuentas de la luz, especialmente en el corto plazo.
La opción de evitar el alza en 2026
Dentro de las fórmulas en análisis, una de las principales apunta a evitar que este componente se traduzca en un aumento durante este año, trasladando parte de sus efectos hacia el futuro.
“Lo que nosotros queremos es revisar ese decreto que fue ingresado el 9 de febrero responsablemente; revisar qué significa esta alza de $1.450 por 48 meses (...) lo que estamos viendo es que hay una fórmula que puede ser mejor que esa, y la que vamos a tratar de poder anunciar a todos lo antes posible. El 1 de julio es un plazo que nos dimos como meta, ya estamos cerca de la solución y lo más probable es que lo hagamos antes”, agregó Briones.
El anuncio de esta eventual solución podría concretarse durante abril, según adelantó la autoridad.
El rol del mecanismo que termina en 2028
Una de las claves de la propuesta está en el uso del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), el cual expira en 2028 y que actualmente forma parte del cálculo de las tarifas eléctricas.
La idea es aprovechar la disminución que se generará cuando este mecanismo deje de regir, utilizando parte de esa baja futura para compensar el efecto de la deuda en el presente.
“Hay un mecanismo de protección al cliente que expira el 2028 (...) eso también entra a jugar en el cálculo de la tarifa completa. Eso es un efecto que debemos considerar también y que podría conjugar en la fórmula final para poder equilibrar y no impactar en los bolsillos de los clientes. En el fondo, lo que todos queremos es no me suba la cuenta de la luz”, explicó el subsecretario.
Opiniones desde el sector eléctrico
Desde el sector energético, la alternativa es vista como una opción que podría aliviar el impacto inmediato en los consumidores, al trasladar parte del ajuste hacia un periodo en que las tarifas tenderían a bajar.
Sin embargo, también se advierte que el escenario tarifario no depende únicamente del componente de distribución.
“En julio sí o sí va a subir por PNP, por energía, viene la actualización por transmisión y viene el efecto, o vendría el efecto por distribución. Entonces, lo que dice el subsecretario (Briones) es que no debiese subir la componente de distribución si es que se posterga la deuda. Pero por generación y transmisión sí o sí va a subir”, explicó el académico de la Usach, Humberto Verdejo, según consignó La Tercera.
Impacto en el largo plazo
Otras miradas apuntan a los efectos que esta decisión podría tener en el tiempo, especialmente si se opta por mecanismos como la securitización de la deuda.
“La alternativa de securitizar y chutearlo una vez que haya terminado el MPC, es una alternativa que me parece razonable. Tiene la virtud de que permite, por la vía de establecer un plazo, el hacerlo una vez que ha terminado de pagarse la deuda actual con los generadores; tiene el downside de que efectivamente aumenta en alguna medida la deuda con interés”, señaló el abogado Rodrigo Castillo.
En la misma línea, se plantea que la baja proyectada en el componente energético podría abrir espacio para absorber este tipo de ajustes sin generar un aumento significativo en las cuentas.
“Estamos hablando de una baja que podría llegar a la mitad de la componente energía. Y la componente energía es 70% en promedio de la cuenta, entonces estamos hablando de la mitad del 70%. Entonces, hay una cantidad relativamente importante que podría verse utilizada para aminorar este efecto de aumento, que tampoco es tan grande y que podría ser una buena idea”, indicó el profesor de la Usach, Héctor Chávez.
Notas relacionadas
