$15,9 billones involucrados: Contraloría advierte falta de evidencia para validar estados financieros de 73 entidades públicas

¿Qué pasó? 

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles un nuevo informe en el que se revela falta de evidencia para validar Estados Financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024.

Según la institución fiscalizadora, el escenario antes mencionado refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas, afectando la confianza y la toma de decisiones estratégicas.

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¿A qué se debe esta falta de evidencia? 

De acuerdo al último reporte, en el 100% de los casos revisados se emitió "abstención de opinión", lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.

Este resultado se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas.

Contraloría agregó que también se detectaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.

¿Qué instituciones fueron fiscalizadas? 

El ente fiscalizador revisó en el período de entre los años 2020 y 2024 un total de 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del Sector Municipal.

En todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables, y controles internos débiles o inexistentes.

Asimismo, se informó sobre registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, y debilidad en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables y/o de operación.

Todas estas situaciones impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactando en sus decisiones estratégicas y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes.

En total, son $15,9 billones de recursos involucrados: un 91% corresponde al Gobierno Central y el 9% restante al Sector Municipal.

Como resultado de dichas auditorías, la Contraloría dispuso acciones disciplinarias, incluyendo 27 sumarios, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.